COMITÉ EDITORIAL REVISTA nº. 12
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ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
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EDUCACIÓN, DESARROLLO E IDENTIDAD
Intensificación de la violencia y transición del crimen organizado en Ecuador:
del modelo piramidal al modelo horizontal ........................................................................... 6-18
Sergio Figueroa, María Miranda, Diego Maldonado, Mariana Muela
Diseño e implementación de un instrumento de planificación orientado a la eficiencia
de la gestión institucional y eficacia del servicio policial ........................................................ 19-31
Pablo Dávila, Walter Gómez, Christian Espinosa, Alex Pilco
Caracterización territorial para la hiperfocalización del servicio policial
diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador ......................................................... 32-42
Alexander Martínez, Richard Carvajal, Diego Maldonado, Julio Guerrero
Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional
“Servir y Proteger con Firmeza”: para la mejora continua policial .......................................... 43-56
Christian Espinosa, Juan Custode, Carla Balseca, Henry Piñaloza
Estrategia Operacional 3D: Un nuevo paradigma de estrangulamiento del crimen
organizado y desaceleración del crecimiento de la violencia ..................................................... 57-67
Pablo Dávila, Luis Vinueza, Anderson Rodríguez, Luis Chicaiza
Proximidad comunitaria inteligente (QR): Un modelo operativo
de prevención, vinculación ciudadana e inteligencia territorial ............................................... 68-76
Walter Gómez, Necker Dávila, Mónica Novillo, Richard Carvajal, Doris Velásquez
Habilidades blandas en la educación superior: análisis de su desarrollo
en estudiantes de formación docente ...................................................................................... 77-84
Galo Palacios, Sofía Zambrano, Luis Mantilla
Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales: surgimiento,
historia y legitimidad legal-administrativa ............................................................................. 85-94
Francisco Aguinaga, Germán Luzuriaga, Pablo Bolaños
Inteligencia estratégica antidelincuencial y protección de datos en Ecuador:
aplicación del test de proporcionalidad................................................................................... 95-101
Adriana Reyes, Luis Espinosa
Política y normativa editorial ................................................................................................. 102-105
La innovación en el ámbito policial no puede
concebirse al margen de la producción sistemáti-
ca de conocimiento. Es precisamente a partir de
la investigación técnico-científica, el análisis te-
rritorial, la inteligencia aplicada y el pensamiento
crítico que se construyen los fundamentos doc-
trinarios capaces de orientar la planificación es-
tratégica, fortalecer la toma de decisiones basa-
da en datos y potenciar la capacidad de respuesta
institucional frente a los desafíos contemporá-
neos. En este sentido, el conocimiento científico
se considera como un insumo estructural para di-
señar, evaluar y perfeccionar de manera continua
los modelos de intervención policial.
La presente edición de la revista institucional
Innovación & Saber constituye un espacio acadé-
mico orientado a producir, sistematizar y difundir
el conocimiento científico aplicado al campo de
la seguridad y la estrategia policial. En un contex-
to marcado por la acelerada transformación de las
dinámicas delictivas, la creciente complejidad de
los fenómenos de violencia organizada y la emer-
gencia de nuevas formas de amenaza, el desarro-
llo de pensamiento estratégico fundamentado en
evidencia empírica y metodología científica rigu-
rosa se consolida como una condición indispen-
sable para la modernización institucional de la
Policía Nacional del Ecuador.
Presentación del tema central:
“Innovación y transformación de la estrategia policial”
Los artículos que integran esta temática central
reflejan un compromiso epistemológico: se pre-
sentan contribuciones que abarcan desde el aná-
lisis de fenómenos criminales emergentes hasta
propuestas metodológicas para optimizar el ser-
vicio policial, que incluye estudios de caso, mar-
cos conceptuales y enfoques comparados que en-
riquecen la doctrina institucional. Cada trabajo
académico constituye un aporte significativo al
corpus de conocimiento que sustenta la trans-
formación estratégica de la función policial, que
articula la reflexión teórica con las exigencias
operativas del contexto de seguridad.
Esta nueva edición reafirma, la vocación de la
Policía Nacional del Ecuador por consolidarse co-
mo una institución orientada al aprendizaje conti-
nuo, en la que la ciencia, la técnica y la innovación
se configuran como ejes transversales del desarrollo
institucional y de la respuesta efectiva ante los retos
de la seguridad pública del siglo XXI.
Sr. Pablo Vinicio Dávila Maldonado
Comandante General de la Policía Nacional
pablo70dm@gmail.com
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Nº 12 junio 2026 • pp 6-18 • IISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Intensificación de la violencia y transición del crimen
organizado en Ecuador: del modelo piramidal
al modelo horizontal
Intensification of Violence and Transition of Organized Crime in Ecuador:
from the Pyramidal Model to the Horizontal Model
Sergio Daniel Figueroa Gallegos
1
María Fernanda Miranda Curi
2
Diego Ricardo Maldonado Pillajo
3
Mariana Lisbeth Muela Molina
4
Recibido: 03 de marzo de 2026
Aceptado: 10 de abril de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
El incremento de la violencia en Ecuador está vinculado con las transformaciones estructurales del cri-
men organizado, que ha transitado de modelos piramidales a configuraciones horizontales, fragmenta-
das y policéntricas. Este artículo analiza la vinculación del aumento de la violencia con formas adapta-
tivas y descentralizadas, enmarcadas en el concepto teórico de nuevas guerras y mutaciones criminales.
La investigación adopta una metodología cualitativa, basada en la revisión documental e interpreta-
ción de tendencias recientes de violencia en el contexto ecuatoriano. Los resultados muestran que el
incremento de la violencia no se explica solo por la expansión e influencia del crimen organizado, si-
no también por la reconfiguración de su estructura interna en redes con baja cohesión. La competen-
cia territorial e inestabilidad incrementan la letalidad y favorecen la proliferación de estructuras crimi-
nales más violentas.
Palabras clave: crimen organizado; dinámicas estructurales; fragmentación criminal; modelos pirami-
dales; nuevas guerras; violencia.
Abstract
e rise in violence in Ecuador is linked to structural changes in organized crime, which has shifted
from hierarchical models to horizontal, fragmented, and polycentric structures. is article analyzes
the connection between the increase in violence and these adaptive, decentralized forms, within the
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, daniel30mh@hotmail.com, 0009-0002-6587-086X
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, miranda.fernanda5a@gmail.com,
0009-0009-8502-475X
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, maldonadopolinal@gmail.com,
0009-0000-6742-0286
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, dptopoliticasylineamientos@gmail.com,
0009-0003-7096-7903
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Nº 12 junio 2026 • pp 6-18
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Intensificación de la violencia y transición del crimen organizado
en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
7
theoretical framework of “new wars” and crimi-
nal mutations. e research adopts a qualitative
methodology, based on a review of the literatu-
re and an interpretation of recent trends in vio-
lence within the Ecuadorian context. e results
show that the rise in violence is not explained so-
lely by the expansion and influence of organized
crime, but also by the reconfiguration of its in-
ternal structure into networks with low cohesion.
Territorial competition and instability increase
lethality and foster the proliferation of more vio-
lent criminal structures
Keywords: organized crime; structural dynamics;
criminal fragmentation; pyramidal models; new
wars; violence
Introducción
La violencia es un fenómeno multidimensional
que, desde la perspectiva clásica de la seguridad
ciudadana, se entiende como el uso deliberado
de la fuerza o del poder para causar daño a otra
persona, grupo o comunidad. En este sentido, di-
versos organismos coinciden en que el homici-
dio constituye uno de los indicadores más con-
fiables y comparables para medir la violencia. La
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC, 2019) define al homicidio
como la expresión más extrema de violencia, por
tanto, este fenómeno ofrece una medida verifica-
ble y estable para evaluar tendencias en materia
de seguridad.
Ecuador experimenta una transformación en
seguridad pública. Pasó de enfrentar la crimina-
lidad convencional a una violencia creciente im-
pulsada por el crimen organizado. Según Adam
Isacson, director del programa de Supervisión de
la Política de Defensa en Washington Office on
Latin America, hasta 2020 existió en el país la paz
mafiosa, es decir, un pacto de no agresión entre
grupos del crimen organizado y autoridades pú-
blicas (Loaiza, 2025). Bajo esta lógica, el Estado
toleró al crimen organizado a cambio de estabi-
lidad, lo que ocultó el problema desde el ámbito
público sin resolverlo y dejándolo expandir.
En 2025, Ecuador registró la tasa de homi-
cidio más alta de su historia reciente, con 9252
muertes violentas reportadas. La tendencia al au-
mento inició en 2023 cuando la violencia alcanzó
niveles históricos y los homicidios se duplicaron
frente a años anteriores. El incremento convirtió
a la violencia en el principal problema nacional
y evidenció la transformación del crimen orga-
nizado. Entre 2023 y 2024, el Estado reconoció
la gravedad del fenómeno y declaró un conflicto
armado interno contra estos grupos. Durante el
mismo período, la violencia en América Latina
y el Caribe alcanzó niveles alarmantes, al menos
121695 personas asesinadas (Manjarrés, Newton
y Cav 2025).
Para comprender la violencia contemporánea
es necesario reconsiderar, en primer lugar, la
definición de crimen organizado. A nivel orga-
nizativo, este fenómeno ha sido abordado como
un conjunto de estructuras verticales y mando
centralizado, sin embargo, la expansión del mer-
cado de las drogas y el ingreso de las economías
criminales al escenario actual han fracturado el
modelo clásico de interpretación. Actualmente,
las organizaciones son policéntricas, se organizan
mediante redes de cooperación y subcontratación
de actores locales. En este sentido, Niles y Varese
(2023) propusieron un enfoque para evidenciar
que las organizaciones criminales evolucionaron
desde los modelos jerárquicos hacia estructuras
descentralizadas.
El presente artículo caracteriza el tránsito
del modelo piramidal al policéntrico del crimen
organizado en Ecuador desde los planteamien-
tos de Kaldor (2001) sobre las nuevas guerras,
entendidas como nuevos conflictos que cambian
los objetivos, las estructuras, formas de financia-
miento y los métodos de violencia. El estudio
se organiza en tres secciones: la primera, aborda
el estado del arte sobre el crimen organizado; la
segunda, plantea el análisis sobre la criminalidad
en el país desde el marco de las nuevas guerras: la
tercera parte contiene las conclusiones.
Problema
La violencia criminal que atraviesa Ecuador res-
ponde a la mutación del crimen organizado. El
país transita de un escenario de delitos comunes
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en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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y organizaciones jerárquicas hacia un ecosistema
criminal diversificado y fragmentado, caracteriza-
do por la atomización de grupos, alianzas tempo-
rales y estructuras flexibles. Este reordenamiento
estructural no solo redefine la manera en que las
organizaciones criminales se insertan en el terri-
torio, sino que también explica el incremento de
la violencia.
Objetivo general
Analizar la relación entre el incremento de la vio-
lencia criminal en Ecuador y la transformación
estructural del crimen organizado, desde el mo-
delo piramidal hacia configuraciones horizonta-
les, fragmentadas y policéntricas, en el marco de
la discusión teórica de las nuevas guerras.
Objetivos específicos
• Interpretar el incremento de la violencia
y de los homicidios intencionales como
expresión de la reconfiguración del cri-
men organizado, caracterizada por la
diversificación de los mercados ilícitos
locales y la intensificación de la compe-
tencia territorial.
• Contextualizar la dinámica actual del cri-
men organizado y la violencia en Ecua-
dor desde el enfoque teórico de las nue-
vas guerras, considerando los cambios en
los objetivos, los métodos de lucha, finan-
ciamiento y estructuras organizacionales.
Hipótesis
El incremento de la violencia criminal en
Ecuador responde a la transformación de la es-
tructura operativa del crimen organizado, impul-
sada por la diversificación de los mercados ilíci-
tos. La expansión de las economías criminales
como la extorsión, la trata de personas, mine-
ría ilegal, el tráfico de armas y el control violen-
to de las economías locales ha multiplicado a los
actores en competencia y ha debilitado las jerar-
quías. Esto ha generado redes difíciles de agrupar.
La fragmentación produce disputas constantes
por el control del territorio, con jerarquías débiles
y dinámicas sectoriales. En el contexto de nuevas
guerras, los grupos criminales operan sin un lide-
razgo único y toman decisiones locales según el
flujo económico.
Metodología
Esta investigación adopta un enfoque cualitati-
vo de carácter analítico-descriptivo. Desarrolla
un marco descriptivo sobre la evolución del cri-
men organizado, desde la revisión bibliográfica
de fuentes primarias y secundarias que permiten
identificar los elementos de contexto, los datos y
definiciones relevantes sobre el fenómeno en es-
tudio. El análisis de literatura se centra en la es-
tructura del crimen organizado y en su vincula-
ción con las nuevas guerras.
Fase I: estado del arte del crimen
organizado
Una de las inquietudes respecto al crimen orga-
nizado consiste en su definición ya que su com-
prensión ha cambiado a lo largo del tiempo
conforme han evolucionado sus estructuras, mer-
cados ilícitos, formas de violencia, vínculos trans-
nacionales y relaciones con el Estado. Una pri-
mera definición surgió durante la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, aprobada en Palermo
en el año 2000. Este instrumento definió en su
artículo 2 a los grupos delictivos organizados del
siguiente modo:
Un grupo estructurado de tres o más personas
que existe durante cierto tiempo y que actúa
concertadamente con el propósito de cometer
uno o más delitos graves o delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención con miras
a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico u otro beneficio de orden material”
(Asamblea General de las Naciones Unidas 2000).
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Intensificación de la violencia y transición del crimen organizado
en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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Esta definición fue clave porque no solo delimitó
el concepto, sino que abarcó las actividades, bie-
nes y productos derivados de las actividades cri-
minales. Entonces, estos grupos cometen delitos
graves, que es toda conducta sancionada, al me-
nos, con cuatro años de prisión; son estructura-
dos, es decir, son un conjunto estable de personas
no reunidas de forma fortuita; poseen bienes, en-
tre ellos, activos tangibles o intangibles; y obtie-
nen un producto del delito, tales como, bienes o
propiedades (Asamblea General de las Naciones
Unidas 2000).
Sin embargo, el concepto no identificó la
capacidad de adaptación constante de estos gru-
pos. En primer lugar, porque en América Latina
y el Caribe, el crimen se inscribe en dinámicas
globalizadas que favorecen la expansión de otras
amenazas, articuladas a la globalización en la que
convergen economías ilegales (Hernández 2008).
En segundo lugar, porque su estructura operati-
va se sostiene tanto en el uso sistemático de la
violencia para controlar territorios como en la
corrupción, orientada a debilitar las instituciones.
Desde esta perspectiva, la economía del cri-
men y la violencia se expanden desde los procesos
de emulación y aprendizaje, lo que configura la
violencia como un método operativo (Jaén y
Dyner 2005). Una vez iniciadas, las dinámicas
criminales se reproducen y amplifican, por ende,
generan ciclos de expansión. En estructuras
horizontales, este efecto se intensifica ya que la
fragmentación y diversificación de las células
criminales impulsan la búsqueda de rentas ilícitas
y la disputa territorial.
Explosión de mercados criminales
El incremento en los índices de homicidios se vin-
cula con la diversificación de los mercados ilícitos, es
decir, el crimen organizado no está limitado al co-
metimiento de un solo delito. Funciona, por el con-
trario, como un sistema socioeconómico de varias
economías ilícitas como la minería ilegal, la trata de
personas, el tráfico de migrantes, contrabando, tráfi-
co de armas, lavado de activos, entre otras, bajo la ló-
gica empresarial y económica (Parra 2020).
Álvarez (2024) señaló que la expansión del
tráfico de armas, la permeabilidad de las fron-
teras y la convergencia entre economías ilícitas
favorecen a estos grupos que operan como unida-
des territoriales que sostienen la marca criminal
mediante el financiamiento y control local de
las actividades ilegales. A su vez, estos grupos
evolucionan hacia organizaciones con estructuras
flexibles, capaces de operar en distintos mercados
ilegales sin necesidad de jerarquías rígidas.
La literatura en la región evidencia que la
expansión de los mercados ha producido un efec-
to paradójico: mientras el fenómeno del crimen
organizado persiste y se intensifica, su estructura
operativa se atomiza y genera organizaciones
dispersas y fragmentadas que operan de manera
descentralizada (Esberg 2025).
Competencia fragmentada por el control
territorial
El aumento de la violencia en Ecuador puede ex-
plicarse desde la intensificación de la competen-
cia por el control territorial. Este fenómeno se
encuentra vinculado con la fragmentación de las
organizaciones criminales, que ha multiplicado
el número de actores que disputan territorios. La
pérdida de cohesión organizacional genera esce-
narios de alta y mayor conflictividad, en los que
la violencia se convierte en un mecanismo central
de regulación y posicionamiento.
En este contexto, el territorio no solo es un
espacio físico, también representa —en simultá-
neo—, un mercado ilícito, una ruta logística, zona
de operaciones y fuente de legitimidad criminal,
lo que refuerza su valor estratégico (Cabezas et al.,
2025). Por eso, entre los actores criminales —cada
uno orientado a establecer o expandir su control
sobre territorios específicos— hay conflictividad
constante. Este control territorial incrementa los
puntos de fricción y conflicto, lo que produce
espirales de violencia que afectan directamente
a las comunidades y personas más vulnerables
(Dammert y Sampó 2025).
Esta competencia territorial fragmentada
explica el tránsito en los patrones de violencia.
Mientras las organizaciones criminales tradi-
cionales podían emplear la violencia de manera
selectiva y estratégica para mantener el control,
los grupos fragmentados recurren a ella de forma
más frecuente, visible y menos discriminada sobre
la población.
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Intensificación de la violencia y transición del crimen organizado
en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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Violencia y crimen organizado en
Ecuador
El aumento de la violencia responde a factores
transnacionales y estructurales de carácter sisté-
mico en Ecuador. El país adquirió un rol estraté-
gico en la cadena del tráfico de drogas debido a su
ubicación geográfica, la dolarización y sus puer-
tos marítimos. Estos factores favorecieron el au-
mento de las personas vinculadas con las activi-
dades criminales y ampliaron la base operativa de
los grupos delictivos. Se suma el debilitamiento
del Estado, la corrupción, el colapso penitencia-
rio y el deterioro socioeconómico, lo que genera
un entorno propicio para la expansión de la vio-
lencia (Dressler y Wolff 2024).
El documento Estrategia 2024-2026
de Global Initiative Against Transnational
Organized Crime (GI-TOC 2024) sostuvo que el
crimen organizado opera como un sistema adap-
table que prospera en contextos de inestabilidad,
debilidad estatal y expansión de mercados ilícitos.
Esto consolida a las redes fragmentadas, difíciles
de rastrear por el Estado. Este marco coincide
con el contexto ecuatoriano, donde la violencia se
ha intensificado en los últimos años, en paralelo
con la ruptura de las estructuras criminales.
La organización InSight Crime (2023) carac-
terizó a Ecuador como una autopista de la cocaí-
na hacia Estados Unidos y Europa. Señaló que
una proporción significativa de la producción de
cocaína colombiana transita por la frontera norte
de Ecuador y luego se exporta a los mercados
internacionales a través de sus puertos marítimos
ubicados en las provincias de Guayas o Manabí.
Los factores exógenos del crimen tampoco
fueron incorporados en la Convención de las
Naciones Unidas del 2000, especialmente, en re-
lación a la captura social-territorial. Para media-
dos del 2020 esta perspectiva se hizo evidente en
Ecuador debido a que comenzaron a fortalecerse
las complicidades microterritoriales entre grupos
criminales. Esta transición trazó nuevas formas y
capacidades de operación delincuencial.
El Índice Mundial de Delincuencia
Organizada elaborado por GI-TOC en 2025,
ubicó a Ecuador entre los cuatro países con mayor
criminalidad, entre 193 países evaluados, con una
puntuación de 7,48 sobre 10. Myanmar ocupó el
primer puesto con 8,15, le sigue Colombia con
7,75 y México con 7,57. Este resultado evidencia
la consolidación de las estructuras criminales y la
alta incidencia de los mercados ilícitos en el país.
En contraste, la resiliencia estatal alcanzó
4,46 puntos sobre 10, lo que evidencia capacidad
institucional intermedia y limitada para prevenir,
contener y responder al crimen organizado. Esta
brecha entre el nivel de criminalidad y la capa-
cidad de resiliencia configura una vulnerabilidad
estructural que favorece la expansión territorial y
operativa de las organizaciones criminales.
Homicidios intencionales y su
incremento acelerado
Durante los últimos años, la evolución de los ho-
micidios intencionales en Ecuador evidencia un
deterioro progresivo de la seguridad. En 2016 se
registraron 959 homicidios, con una tasa de 5,8
por cada 100000 habitantes, lo que reflejaba un
nivel de violencia relativamente controlado. Sin
embargo, entre 2017 y 2018 hubo incrementos
que anticiparon un cambio en las dinámicas cri-
minales. A partir de 2019, el aumento se aceleró
y marcó un punto de quiebre: la violencia dejó de
ser un fenómeno coyuntural y se consolidó como
tendencia estructural.
En 2022 y 2023, los registros alcanzaron
cifras históricas, lo que situó al país como uno de
los más violentos del mundo. Aunque en 2024
hubo una leve reducción, esta no fue suficiente
para revertir el escenario crítico. Finalmente, en
2025 el país alcanzó el nivel más alto de homici-
dios registrado, lo que confirma que, en menos de
una década, Ecuador transitó de un contexto de
violencia contenida a uno de violencia extrema.
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Gráfico 1
Auge de la violencia criminal en Ecuador
Actores del sector privado
Trata de personas
6,5
6,5
8,5
8,6
6
7,5
7
8
7
7
6,5
6
5,5
9
Tráfico de personas
Extorsión y cobros ilegales
Tráfico de armas
Comercio de productos
Delitos contra la flora
Delitos contra la fauna
Delitos recursos no renovables
Comercio de drogas
Heroína
Cocaína
Cannabis
Drogas Sintéticas
Delitos cibernéticos
Delitos financieros
Atomización y
vínculos ilegales
Consolidación
Transnacional
Surgimiento
Delictivo
Liderazgo político y gobernanza
3,5
4,5
6,5
6,5
5
5
3,5
7
4,5
3
5
Transparencia gubernamental
y rendición de cuentas
Cooperación internacional
Políticas y leyes nacionales
Sistema judicial y detención
Cuerpos de seguridad
Integridad territorial
Lucha contra el lavado de dinero
Capacidad de regulación económica
Apoyo a víctimas y testigos
Prevención
7
Actores no estatales
Actores criminales
7
Delitos dependientes de la cibernética
6,5
Delitos financieros
6,5
Grupos de tipo mafioso
6,5
Políticas y leyes nacionales
5
Sistema judicial y detención
5
Cuerpos de seguridad
3,5
Integridad territorial
7
Lucha contra el lavado de dinero
7
Apoyo a víctimas y testigos
4,5
Capacidad de regulación económica
Delitos dependientes de la cibernética
7
6
6
6,5
9
7,5
8,5
7
Delitos dependientes de la cibernética
Delitos financieros
Grupos de tipo mafioso
Redes criminales
Actores integrados en el Estado
Actores extranjeros
EVOLUCIÓN DE HOMICIDIOS Y TASA
EL PROCESO DE EVOLUCIÓN CRIMINAL
MERCADOS CRIMINALES (7.07) ACTORES CRIMINALES (7.9)
DESGLOCE DETALLADO DE PUNTUACIONES GITOC 2025
2016
961
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
972 995
1188
1371
2495
4849
8009
7062
9281
5,8
5,8
5,8
6,8
7,8
14,2
27,4
44,9
39,3
51,3
HI
TASA
03
01
7,48
Criminalidad
4,46
Resiliencia
02
Atomización de grupos y sus
vínculos ilegales
Surgimiento de grupos
delictivos
La consolidación de grupos y
su vinculación transnacional
EL AUGE DE LA VIOLENCIA CRIMINAL EN EL ECUADOR:
UN ANÁLISIS INTEGRAL
Fuente: DINASED y GI-TOC (2025)
Elaboración: por los autores.
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Fase II: las nuevas guerras
De acuerdo con Mary Kaldor (2001), las guerras
contemporáneas se diferencian de las guerras clá-
sicas por la transformación de sus objetivos, for-
mas de financiación y métodos de lucha. Los
conflictos actuales están vinculados con la globa-
lización en la medida en que esta facilita la circu-
lación transnacional de actores, recursos, armas,
información y economías ilícitas. Además, los ac-
tores del crimen disponen de capacidades de co-
mando, control, comunicación y financiación que
antes eran limitadas o no existían.
Kaldor (2013) sostiene que el concepto
de nuevas guerras debe entenderse como una
estrategia de investigación y guía para la política
pública que permite entender y atender a este fe-
nómeno. La autora afirma que calificar de nuevos
a los conflictos surgidos tras el fin de la Guerra
Fría implica transformar la manera en que los
académicos, políticos y legisladores se aproxima-
ban a este fenómeno.
Los autores asociados con este enfoque
—Collier, Hoffler, Holsti, Kaldor, Ignatieff, Shaw,
Van Creveld— insisten en que los conflictos no se
explican solo por intereses ideológicos o estatales,
sino también por la movilización de identidades
colectivas. Además, vinculan la expansión de la
violencia con la degradación del conflicto y la
obtención de beneficios económicos.
Forigua (2006) sostuvo que, por fuera de los
objetivos, los métodos de lucha y los métodos de
financiación que caracterizan a las nuevas guerras,
se encuentra la estructura organizacional. Esta
estructura se expresa en la toma de decisiones, la
planificación y desarrollo de las actividades ope-
rativas que perduran en el tiempo, incluso, más
allá de los actores que las conforman.
En las guerras contemporáneas, las organi-
zaciones son dinámicas y complejas, y requieren
de coordinación y control. La complejidad
organizacional se explica desde tres dimensiones:
la diferenciación horizontal, referida a la especia-
lización y división de las tareas; la diferenciación
vertical, relacionada con la jerarquía y distri-
bución de la autoridad; y la dispersión espacial,
que describe la distribución geográfica de las
actividades, el personal y los centros de poder.
Estos elementos incrementan las exigencias de
coordinación, comunicación y control de los
grupos delincuenciales.
De estructuras jerárquicas a redes
descentralizadas
Siguiendo el enfoque de las nuevas guerras de
Kaldor (2012) aplicado al análisis del crimen or-
ganizado (Staniland 2014) se entendería que el
crimen organizado no desaparece frente a la pre-
sión estatal, sino que se transforma organiza-
cionalmente. Por eso, la transición de estructu-
ras jerárquicas hacia configuraciones horizontales
responde, en parte, a las acciones estatales de per-
secución y desarticulación.
Esta transformación responde a los cambios
en los mercados ilícitos globalizados, que favore-
cen a las redes flexibles, capaces de adaptarse con
rapidez a variaciones en rutas, métodos y opor-
tunidades. En este contexto, las organizaciones
criminales han identificado que las estructuras
celulares o reticulares ofrecen ventajas para su
supervivencia y adaptación frente a escenarios de
presión estatal constante.
Las organizaciones criminales fragmentadas
no solo disputan los mercados ilícitos, también
asumen —de manera progresiva— funciones que
solo correspondían al Estado. En territorios don-
de la presencia estatal es débil o no existe, estos
grupos desarrollan actividades económicas legales
o ilegales, proveen de ciertos servicios básicos a
las comunidades locales e imponen normas
propias cuyo cumplimiento se asegura mediante
amenazas o la violencia.
Arias (2017) y Lessing (2020) sostienen que
la amenaza del crimen organizado fragmentado
no se limita a la violencia homicida. También
reside en su capacidad para configurar órdenes
territoriales alternativos y ejercer la soberanía
criminal de facto.
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en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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Gráfico 2
El enfoque de las nuevas guerras
LAS BANDAS CRIMINALES Y LAS
"NUEVAS GUERRAS*
ESMERALDAS
SUCUMBIOS
ORELLANA
PASTAZA
NAPO
TUNGURAHUA
COTOPAXI
MANABÍ
LOJA
EL ORO
AZUAY
CAÑAR
CHIMBORAZO
GUAYAS
BOLÍVAR
LOS RÍOS
MORONA
SANTIAGO
SANTA
ELENA
STO.
DOMINGO
ZAMORA
CHINCHIPE
CARCHI
IMBABURA
PICHINCHA
PICHINCHA
DMQ
DMG
Atomización Criminal y Violencia Extrema
Cambios claves en el crimen organizados
RECONFIGURACIÓN
GEOPOLÍTICA
Desde 2020, la ubicación de
Ecuador entre Colombia y
Perú lo convirtió en un nodo
clave del narcotráfico
internacional, atrayendo a
carteles extranjeros.
LÓGICA DE LAS
"NUEVAS GUERRAS"
La pérdida de mando centralizado
dio paso a múltiples actores
criminales que disputan el control
territorial, más que el control
estatal.
MANDO
INESTABLE
La pérdida de mando centralizado
dio paso a múltiples actores
criminales que disputan el control
bogias irropias más lianenca el
control territorial, más que el
control estatal.
CAPTURA
INSTITUCIONAL y
control carcelario
El mayor riesgo es la
penetración de instituciones
estatales y de justicia.
Las cárceles sirven como
centros de mando criminal.
SOFISTICACIÓN Y
MILITARIZACIÓN
Organizaciones criminales
combinan poder económico
(lavado de activos en diversos
sectores) y capacidad militar
con armamento de alto
calibre.
ESCALADA DE
VIOLENCIA
Un aumento exponencial de
la violencia se usa como
mecanismo de control. La
lucha por puertos y rutas ha
disparado las tasas de
homicidios por habitante.
Fuente: DINASED y GI-TOC (2025)
Elaboración: por los autores.
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Intensificación de la violencia y transición del crimen organizado
en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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Evolución cronológica del crimen
organizado en Ecuador
Ecuador experimenta una transformación pro-
gresiva de sus dinámicas criminales. En una etapa
inicial, predominó la delincuencia común confor-
mada por estructuras simples, con impacto terri-
torial limitado y episodios esporádicos de violen-
cia. Sin embargo, factores económicos, sociales y
geográficos, y la posición estratégica del país, fa-
vorecieron la mutación gradual del fenómeno de-
lictivo. Desde la década de 1990, comenzaron a
consolidarse las estructuras criminales con mayor
estabilidad organizativa.
La interacción con actores criminales exter-
nos —como los carteles de Medellín, del Valle y
Sinaloa— y dinámicas regionales —como el Plan
Colombia— fue un punto de inflexión para que
el crimen organizado en Ecuador evolucionara.
Este contexto sentó las bases para la conforma-
ción de estructuras con mayor capacidad que
luego, a inicios del siglo XXI, adquirió mayor
complejidad frente a la expansión de los cárteles
transnacionales al territorio nacional.
Entre 2000 y 2010, el crimen organizado se
fortaleció y expandió territorialmente frente a la
necesidad de asegurar corredores logísticos. Las
actividades criminales dejaron de concentrarse en
provincias portuarias y se extendieron hacia los
ejes viales, zonas fronterizas y nodos estratégicos
del transporte. La expansión hacia ciudades clave,
en particular Guayaquil, generó tensiones con
grupos locales y produjo manifestaciones iniciales
de violencia asociadas al control territorial.
Entre 2011 y 2013, el Estado priorizó la
captura de los cabecillas criminales. No obstante,
la estrategia generó efectos no previstos ya que
convirtió a los centros penitenciarios en espacios
de comando, planificación y control criminal, en
donde varias bandas ampliaron su capacidad de
articulación y disputa. Desde el sistema peniten-
ciario, organizaciones delincuenciales como Los
Choneros lograron articular y controlar a otras
bandas para operar en conjunto. Esto permitió la
conformación de brazos armados semiautónomos
aunque coordinados por una cúpula central.
Desde 2019, la disputa entre bandas crimi-
nales por el control de las cárceles se intensificó y
derivó en enfrentamientos violentos. Estos con-
flictos trascendieron el ámbito penitenciario y se
trasladaron al espacio público, a las calles, puertos,
barrios y demás. De manera paralela, se reconfi-
guró el vínculo entre las bandas locales y cárteles
internacionales desde modelos operativos más
flexibles y basados en la subcontratación. Entre
2019 y 2020 ocurre el asesinato de Telmo Castro
Donoso, alias El Capi, y de Jorge Luis Zambrano,
alias Rasquiña, líder de Los Choneros,
El asesinato de liderazgos centrales generó
una crisis de sucesión que fragmentó a las
principales organizaciones criminales del país.
La respuesta estatal incluyó varios estados de
excepción e intervención militar en los centros
penitenciarios y espacios públicos. Si bien estas
acciones debilitaron a las estructuras criminales,
también aceleraron la fragmentación del crimen
organizado.
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Ilustración 3
Evolución cronológica del crimen organizado en Ecuador
EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA DEL
CRIMEN ORGANIZADO EN ECUADOR
Delincuencia Común
• Delitos contra la propledad
• Estructuras simples
• Violencia local
• Estructuras simples
Primeras Estructuras
Criminales
• Bandas como Los Choneros
• Territorio de Tránsito
Antes de 1990
Década de 1990
Convergencia
Criminal
• Eslabón del Narcotráfico
• Carteles colombianos y mexicanos
Inicios de los 2000
Revolución
Penitenciaria
• Mafias Carcelarias
• Cárceles como centros de mando
2011 - 2013
Federación
Criminal
• Alianza de Bandas
• Cupula Criminal
2013 - 2019
Guerras
Penitenciarias
• Violencia en Carceles
• Reconfiguración Criminal
2019-2020
Fragmentación y
Violencia Extrema
• Masacres Carcelarias
• Crisis de Sucesión
2021-2022
Violencia
Politica
• Intervencion Militar
• Bandas Terroristas
2023-2024
Escenario Fragmentado
• Grupos Atomizados
• Disputas Locales
2025 y Actuatidad
Fuente: DINASED y GI-TOC (2025)
Elaboración: por los autores.
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en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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Limitaciones del estudio y direcciones
futuras de investigación
Si bien este estudio documenta empíricamen-
te el incremento de la violencia desde los homi-
cidios intencionales y propone un marco teórico
e interpretativo basado en el concepto de nuevas
guerras, reconoce limitaciones que abren futuras
agendas de investigación.
El análisis se basa en datos agregados que,
aunque revelan tendencias claras, no permiten
examinar variaciones territoriales específicas ni
identificar con precisión los mecanismos causales
que vinculan la fragmentación organizacional con
el aumento de la violencia. Investigaciones futuras
deberían desarrollar estudios de caso con mayor
nivel de desagregación territorial que permitan
reconstruir con más detalle las trayectorias de
transformación de las organizaciones criminales y
su impacto en patrones localizados de la violencia.
Discusión
Los datos evidencian la tendencia creciente de los
homicidios intencionales en Ecuador. Este fenó-
meno no puede explicarse como un incremento
cuantitativo de la criminalidad, sino como la ex-
presión de una transformación estructural del cri-
men organizado.
El marco teórico de las nuevas guerras,
propuesto por Kaldor, resulta pertinente para
comprender esta mutación. Este enfoque permite
abordar cómo, en contextos de violencia transna-
cional y gobernanza criminal, las organizaciones
criminales modifican sus operaciones y difuminan
las fronteras entre crimen organizado y guerra.
La aplicación del enfoque de nuevas guerras
para analizar el crimen organizado contempo-
ráneo no es una analogía conceptual. Más bien,
permite identificar los cambios estructurales en
las tres dimensiones planteadas por Kaldor: los
objetivos, los métodos de lucha y los mecanismos
de financiación. En el contexto estudiado, estas
dimensiones se expresan en la diversificación
de los mercados ilícitos, la multiplicación de
actores violentos en competencia territorial y la
configuración de economías criminales cada vez
más complejas y arraigadas en los territorios.
La estructura del crimen organizado posee un
rasgo distintivo que lo diferencia de otras formas
de criminalidad: su organización. Este elemento
es central en su conceptualización. Sin embargo,
la noción de organización no debe entenderse
de manera rudimentaria, como una reunión,
planificación o coordinación para cometer un
delito. Por el contrario, remite a una estructura
relativamente estable en la que hay división del
trabajo, continuidad operativa y capacidad para el
cometimiento de actividades ilícitas.
En Ecuador existe una variedad de grupos
criminales que planifican la comisión de delitos.
No obstante, se diferencian de la criminalidad or-
ganizada enfocada en una mayor especialización
en determinados mercados ilícitos y por operar
bajo modelos de asociatividad estables, integrados
y jerarquizados.
Ciertas organizaciones establecen niveles y
nexos de cooperación con grupos de operadores
encargados de proporcionar apoyo logístico
como ocurre con bandas criminales en Ecuador.
Sin embargo, cuando estos subgrupos alcanzan
estabilidad económica y capacidad operativa,
pueden fragmentarse y disputar violentamente el
control frente a los grupos criminales de los que
dependían.
Si bien en Ecuador la delincuencia organiza-
da está tipificada desde 2014, con la entrada en
vigencia del Código Orgánico Integral Penal, la
modernización de las economías ilícitas y la glo-
balización modificaron sus dinámicas. El crimen
transita de estructuras relativamente estables
hacia configuraciones más fragmentadas, flexibles
y volátiles. Sin embargo, esta mutación no se
encuentra reflejada en la definición conceptual
prevista en la normativa vigente, que sirve de base
para la planificación de actividades estatales de
intervención y prevención. Las directrices insti-
tucionales continúan orientadas a una definición
que no se ajusta a la realidad del país.
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en Ecuador: del modelo piramidal al modelo horizontal
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Conclusiones
El análisis conceptual y documental desarrolla-
do permite establecer que el crimen organizado
en Ecuador experimenta una transformación es-
tructural progresiva. Transita de organizaciones
jerárquicas de tipo piramidal hacia configuracio-
nes descentralizadas, fragmentadas y policéntri-
cas. Esta evolución no constituye un fenómeno
abrupto, sino el resultado acumulativo de presio-
nes estatales, mutaciones de los mercados ilícitos
y dinámicas transnacionales que incentivan for-
mas organizativas más flexibles y resilientes.
La literatura especializada evidencia que
las estrategias de captura de cabecillas y control
territorial del Estado debilitaron a estos grupos y
sus jerarquías. Pese a ello, también fomentaron la
proliferación de redes criminales autónomas. En
este sentido, la adaptación organizacional puede
entenderse como un rasgo estructural del crimen
organizado contemporáneo.
Se sostiene que el incremento sostenido de
la violencia criminal y de los homicidios inten-
cionales en Ecuador no puede explicarse por la
expansión cuantitativa del crimen organizado,
sino, sobre todo, por su reconfiguración interna
y fragmentación operativa. La diversificación
de los mercados ilícitos, la multiplicación de los
actores y limitada coordinación central intensi-
ficó la competencia por el control territorial. En
consecuencia, la violencia se ha convertido en un
mecanismo recurrente de regulación y posiciona-
miento criminal.
En este contexto, el territorio emerge como
un activo estratégico, pues concentra rentas
y rutas logísticas de la cual se ejerce control
social y legitimidad simbólica. Esto contribuye
a explicar el aumento de violencia y las disputas
entre bandas, en sintonía con la evolución de los
homicidios en el país.
La aplicación del enfoque de las nuevas
guerras permite contextualizar la dinámica actual
del crimen organizado y la violencia en Ecuador.
Este marco analítico permite identificar cambios
estructurales en los objetivos, métodos de lucha,
mecanismos de financiamiento y formas orga-
nizacionales. El debilitamiento del monopolio
estatal de la violencia y la emergencia de órdenes
criminales territoriales reflejan una conflictividad
híbrida, en la cual el crimen organizado puede
asumir funciones tradicionalmente asociadas al
Estado.
Desde esta perspectiva, la violencia criminal
contemporánea se configura como un fenómeno
sistémico y persistente, caracterizado por estruc-
turas menos jerárquicas y más descentralizadas.
La resiliencia de estas estructuras dificulta su des-
articulación y exige marcos analíticos renovados,
capaces de superar interpretaciones centradas en
indicadores de homicidio.
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Nº 12 junio 2026 • pp 19-31 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Diseño e implementación de un instrumento
de planificación orientado a la eficiencia de la gestión
institucional y eficacia del servicio policial
Design and Implementation of a Strategic Planning Instrument Aimed
at Enhancing Institutional Management Efficiency and Police Service
Effectiveness
Pablo Vinicio Dávila Maldonado
1
Walter Oswaldo Gómez Vargas
2
Christian Mauricio Espinosa Melo
3
Alex Rodrigo Pilco Chisaguano
4
Recibido: 08 de marzo de 2026
Aceptado: 12 de abril de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
Este artículo analiza el diseño e implementación inicial del instrumento de planificación Horizonte
Estratégico Institucional “Servir y Proteger con Firmeza” de la Policía Nacional del Ecuador, orientado a
fortalecer la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial. Metodológicamente se
trata de un estudio de caso institucional que emplea herramientas mixtas con base en revisión docu-
mental, análisis de contenido, observación y contraste normativo. Los resultados evidencian que dicho
instrumento fue diseñado con un diagnóstico integral, metodología estructurada, arquitectura estra-
tégica coherente, articulación interinstitucional y servicio policial, mejora continua y una base jurídi-
ca vigente.
Palabras clave: eficacia del servicio; eficiencia de la gestión; estrategia institucional; modelo estratégi-
co basado en evidencias; orientación a resultados.
Abstract
is article analyzes the design and initial implementation of the Ecuadorian National Police’s “Servir
y Proteger con Firmeza” Institutional Strategic Horizon planning tool, which is aimed at strengthening
the efficiency of institutional management and the effectiveness of police services. Methodologically,
this is an institutional case study that employs mixed-methods research based on literature review,
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, pablo70dm@gmail.com, 0009-0006-5831-5074
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, wokerarm1@gmail.com,
0009-0007-0032-7010
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, cmem171@hotmail.com,
0009-0009-2012-3183
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, alex.nattefrost@gmail.com,
0009-0003-4274-3320
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 19-31
Pablo Vinicio Dávila Maldonado, Walter Oswaldo Gómez Vargas
Christian Mauricio Espinosa Melo, Alex Rodrigo Pilco Chisaguano
Diseño e implementación de un instrumento de planificación orientado
a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
20
content analysis, observation, and regulatory
comparison. e results show that this instru-
ment was designed with a comprehensive assess-
ment, a structured methodology, a coherent stra-
tegic framework, inter-institutional coordination
and police service, continuous improvement, and
a valid legal basis.
Keywords: service effectiveness; management
efficiency; institutional strategy; evidence-based
strategic model; results orientation.
Introducción
La planificación estratégica en instituciones po-
liciales adquiere especial importancia en contex-
tos donde la violencia, la criminalidad organiza-
da y la transformación de los riesgos en el ámbito
de la seguridad exigen respuestas orientadas, sos-
tenidas y articuladas. En Ecuador, esta necesidad
se evidenció con la intensificación de fenómenos
criminales que redistribuyeron la violencia en tér-
minos territoriales, ampliaron la capacidad adap-
tativa de las estructuras delictivas y elevaron la
presión sobre la Policía Nacional.
En ese escenario, la conducción institucional
requirió un instrumento capaz de organizar
prioridades, proyectar intervenciones y enlazar
la dirección estratégica con la ejecución policial.
A partir de esta necesidad se desarrolló un
instrumento de planificación titulado Horizonte
Estratégico Institucional “Servir y Proteger con
Firmeza”, concebido como una estrategia de alto
nivel orientada a ordenar la gestión institucional y
fortalecer el servicio policial en el territorio.
La relevancia del instrumento se comprende
al observar el contexto institucional en el que sur-
gió. La Policía Nacional trabajaba con instrumen-
tos de planificación que no respondían plena ni
adecuadamente a la complejidad de la seguridad,
como tampoco orientaban la conducción estraté-
gica articulada. Además, existía la necesidad de
ordenar los procesos institucionales y enlazar la
planificación estratégica con elementos operati-
vos de despliegue policial.
El Horizonte Estratégico (HEI, de ahora en
adelante) se concibió como un mecanismo orien-
tado a unificar la dirección estratégica, ordenar la
conducción institucional y fortalecer la gestión y
servicio policial. Se denomina de esa manera por-
que fue concebido como una proyección temporal
definida, con visión institucional a 2029 y con la
finalidad de conducir la acción policial hacia un
estado deseado.
Desde una perspectiva académica, este
artículo es relevante porque examina cómo una
institución del Estado incorpora herramientas de
diagnóstico, estructuración estratégica, despliegue
operativo y mejora continua en su arquitectura
institucional. De modo que la planificación no
solo es un ejercicio práctico, sino un proceso de
conducción orientado a ordenar las prioridades,
articular capacidades y traducir lineamientos
estratégicos en acciones concretas y operativas.
Objetivo general
Analizar y describir el diseño e implementación
inicial del instrumento de planificación Horizonte
Estratégico Institucional “Servir y Proteger con
Firmeza” de la Policía Nacional del Ecuador pa-
ra determinar la pertinencia, viabilidad y proce-
dencia jurídica.
Objetivos específicos
• Analizar el origen, el diseño, la estructu-
ra, metodología y elementos de construc-
ción de dicho instrumento.
• Examinar sus mecanismos de operativi-
zación y despliegue institucional.
• Evaluar su pertinencia, viabilidad y pro-
cedencia jurídica.
Metodología
El presente estudio emplea un enfoque metodoló-
gico mixto con predominio cualitativo. Articula la
interpretación de documentos estratégicos, nor-
mativos e institucionales con información cuan-
titativa vinculada al diseño e implementación
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 19-31
Pablo Vinicio Dávila Maldonado, Walter Oswaldo Gómez Vargas
Christian Mauricio Espinosa Melo, Alex Rodrigo Pilco Chisaguano
Diseño e implementación de un instrumento de planificación orientado
a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
21
inicial del instrumento en mención. La perspec-
tiva investigativa guarda relación con la naturale-
za del objeto de estudio, ya que busca comprender
—de manera simultánea— la arquitectura con-
ceptual y normativa del instrumento y sus meca-
nismos de despliegue institucional (Hernández-
Sampieri y Mendoza 2018).
El estudio tiene un alcance descriptivo,
orientado a identificar los componentes que
estructuran el HEI, y un componente analítico
dirigido a examinar su pertinencia en el ámbito
de la seguridad pública, su viabilidad metodo-
lógica y técnica, y procedencia jurídica. Se trata
de un estudio de caso institucional en el que la
unidad de análisis estuvo constituida por el HEI,
la Estrategia Operacional 3D
5
que se desprende del
HEI, su operativización y documentación insti-
tucional complementaria vinculada con el diseño
y despliegue de los mismos.
Para analizar la información se emplearon
cuatro técnicas: revisión documental; análisis
de contenido; contraste normativo-jurídico; y,
observación de la implementación inicial. Las
técnicas permitieron examinar la coherencia
entre el diseño estratégico del HEI, su sustento
normativo y mecanismos de despliegue operativo.
Resultados
Génesis del HEI
El Horizonte Estratégico Institucional surgió en
un contexto complejo e histórico para la segu-
ridad pública del Ecuador, determinado por la
transformación de la violencia, la diversificación
de las dinámicas criminales y, por ende, mayo-
res exigencias sobre la capacidad de respues-
ta de la Policía Nacional. Ante este escenario,
el Comando General consideró necesario con-
tar con una herramienta que ordenara la con-
ducción institucional, definiera un rumbo claro
y fortaleciera la articulación entre gestión estra-
tégica y servicio policial.
5 Enfocado en desarticular, desorganizar y debilitar estructu-
ras criminales
El HEI fue concebido como una estrategia
de alto nivel orientada a proyectar la acción poli-
cial hacia una visión definida, mediante objetivos
claros, prioridades organizadas y una estructura
capaz de enlazar la planificación con ejecución
y seguimiento. Respondió a la necesidad de
fortalecer la planificación institucional frente a
escenarios muy conflictivos y de incorporar un
mecanismo que aportara dirección, coherencia y
continuidad a los procesos institucionales (Policía
Nacional del Ecuador 2026a).
El instrumento fue estructurado a partir de
una finalidad, cuatro objetivos estratégicos, una
estrategia institucional, diez hitos, 43 políticas,
285 lineamientos, un modelo estratégico, un
documento de operativización, mecanismos de
mejora continua y la Estrategia Operacional 3D.
Esta configuración le otorgó una magnitud sin-
gular dentro de la historia institucional reciente,
ya que articuló la conducción estratégica, la orga-
nización por niveles de gestión y proyección del
despliegue policial en territorio (Policía Nacional
del Ecuador 2026a).
El HEI se construyó sobre una base norma-
tiva amplia, vigente y jerarquizada. En su parte
inicial incorpora disposiciones constitucionales,
legales, administrativas y de derechos humanos,
que cumplen una función estructural: delimitar
el marco de formulación de sus elementos. Bajo
esa lógica, fue diseñado para cumplir la normativa
constitucional, convencional, jurisprudencial, le-
gal y administrativa que regula la función policial,
y se proyecta sobre la Estrategia Operacional
3D y el documento de operativización (Policía
Nacional del Ecuador 2026a).
En referencia a la implementación inicial,
los datos muestran que, desde mayo de 2025,
se ejecutaron los primeros cuatro hitos en una
etapa inicial orientada a intervenir estructuras
criminales; la actuación táctica de investigación
e inteligencia; la proximidad comunitaria; y
vigilancia y gobernanza territorial. De manera
paralela, se elaboró la versión formal de la
herramienta a partir de un diagnóstico integral,
con lectura retrospectiva y prospectiva. Ese
proceso concluyó con la aprobación de una
primera versión el 31 de agosto de 2025. Luego,
se incorporaron ajustes derivados del dictamen
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a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
22
de la Corte Constitucional, que dio lugar a la
segunda versión. Finalmente se consolidó la
versión tres, vigente desde el 1 de enero de 2026
(Policía Nacional del Ecuador 2026a).
De acuerdo con sus fundamentos, el HEI
se orienta a fortalecer la eficiencia de la gestión
institucional y eficacia del servicio policial. Su
enfoque transversal garantiza la protección y el
respeto de los derechos humanos, con énfasis en
los grupos de atención prioritaria. Además, prio-
riza la gestión por resultados, el modelo basado
en evidencias, la generación de valor público y el
presupuesto por resultados. Entre sus principales
características se encuentran la articulación de
subsistemas, la mejora continua, la rendición de
cuentas, la excelencia operacional, planificación
prospectiva, análisis criminológico, sostenibilidad
logística, bienestar policial y manejo estratégico
del presupuesto.
Estos elementos otorgan coherencia al HEI
y lo proyectan como una herramienta policial
legítima, profesional y efectiva (Policía Nacional
del Ecuador 2026a). La Dirección Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica (Dirplan)
sometió el HEI a un análisis técnico-metodoló-
gico, y logró determinar que
Representa una herramienta técnicamente
fundamentada, construida con respaldo en
elementos, datos e insumos institucionales.
Sus componentes aportan al mejoramiento
de la gestión y permiten tomar decisiones
adecuadas. Utiliza resultados aplicados a la
planificación estratégica organizacional que,
articulados a la metodología existente, servirán
para el despliegue de la proyección y aportarán
al desarrollo institucional (Policía Nacional del
Ecuador 2025a).
Diagnóstico y metodología
de formulación
El diagnóstico constituyó la base de organización
del instrumento. Fue elaborado para asegurar que
la estrategia institucional partiera de una lectura
amplia, ordenada y rigurosa del entorno y de la si-
tuación interna de la institución. Se concibió co-
mo un ejercicio integral de levantamiento, organi-
zación e interpretación de información, orientado
Gráfico 1
Elementos del Horizonte Estratégico Institucional
FINALIDAD
EFICACIA DEL
SERVICIO
EFICIENCIA DE
LA GESTIÓN
Incrementar la efectividad del servicio policial,
para contribuir al mantenimiento del orden
público y convivencia pacífica.
Incrementar la eficacia del servicio policial
orientado a las personas y los territorios.
Intervención territorial
focalizada y contundente.
Investigación e
inteligencia táctica.
Proximidad comunitaria
y vigilancia.
Gobernanza y
gobernabilidad
Incrementar la eficiencia de la
gestión institucional.
Incrementar la eficiencia de la
gestión del talento
OBJET IVOS ESTRATÉGICOS
BSC
1
2
Bienestar policial.
Desarrollo de talento
humano
3
Eficiencia del recurso
logístico policial.
Legitimidad y
transparencia
Planificación y cultura
organizacional.
7
Presupuesto por
resultados
10
8
9
4
Incrementar la eficiencia de la
gestión presupuestaria.
5
6
CIUDADANÍA PROCESOS
TALENTO HUMANO
PRESUPUESTO
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
23
a comprender tanto las amenazas del entorno co-
mo las brechas que incidían en la respuesta poli-
cial. Esa estructura es medular, pues evidencia que
el HEI fue diseñado a partir de un diagnóstico in-
terno y externo, con enfoque retrospectivo y pros-
pectivo (Policía Nacional del Ecuador 2026a).
En su dimensión externa retrospectiva, el
diagnóstico examinó la evolución de la violencia
criminal entre 2023 y 2025. Para ello, incorporó
estadísticas, la caracterización de los homicidios,
comparaciones anuales y análisis de la dinámica
criminal. El estudio identificó altos niveles de
violencia en 2023, una reducción parcial en 2024
y diversificación criminal en 2025. Además, in-
cluyó el análisis de las organizaciones criminales,
la reconfiguración del fenómeno delictivo y los
factores que explican la intensidad delictiva.
Resultó relevante el estudio de la intensifica-
ción de la violencia a partir de 2025, explicada
a partir de motores criminológicos y factores
estructurales que evidencian la complejidad del
escenario. Entre ellos los nodos autónomos de
letalidad, las economías criminales diversificadas,
las microsoberanías armadas, la impunidad legal,
fragmentación inducida y convergencia simultá-
nea de conflictos criminales (Policía Nacional del
Ecuador 2026a).
El diagnóstico incorporó la prospección
como técnica de análisis estratégico. Para ello,
se examinaron los antecedentes elaborados por
la Policía Nacional y el Ministerio del Interior
con prospectiva a 2030. A partir de esa revisión,
junto con el análisis de las amenazas, los riesgos y
centros de gravedad para la seguridad ciudadana,
se construyó una lectura hipotética del entorno y
se proyectaron los escenarios. El documento pre-
cisa que esas proyecciones sirven para planificar,
distribuir recursos y organizar la respuesta de la
Policía. Así, el enfoque retrospectivo y prospec-
tivo permitió enlazar el pasado, presente y futuro
probable dentro del proceso estratégico (Policía
Nacional del Ecuador 2026a).
El diagnóstico interno institucional examinó
las brechas presupuestarias, de planificación,
estructura organizacional, talento humano;
tecnologías de la información y la comunica-
ción, procedimientos y logística. Los resultados
evidenciaron que la construcción del Horizonte
respondía tanto a la evolución de las amenazas
externas como a la necesidad de fortalecer las
capacidades internas, con el fin de garantizar la
eficacia del servicio policial.
El carácter holístico del diagnóstico permitió
identificar y jerarquizar variables estratégicas,
y utilizarlas como insumo para el diseño de
herramientas metodológicas. En este sentido, el
diagnóstico cumplió una función estructurante, al
convertir la lectura del entorno y de la institución
en conocimiento útil para el diseño instrumental
del HEI (Policía Nacional del Ecuador 2026a).
La Dirplan reconoce el HEI como insumo
clave para desplegar la planificación institucional
y lo incorpora formalmente en la construcción
del Plan Estratégico Institucional. Además, su
implementación permite fortalecer la gestión
interna, reorientar las acciones operativas y
estructurar indicadores objetivos alineados con
la planificación gubernamental (Policía Nacional
del Ecuador 2026c). De manera complementaria,
se anticipó en la planificación institucional de
2026, la alineación con el HEI (Policía Nacional
del Ecuador 2026d).
La metodología del HEI se orientó a trans-
formar la información institucional en decisiones
estratégicas organizadas. Para ello, empleó un
enfoque mixto, que integró componentes cua-
litativos y cuantitativos. En particular, utilizó
cuatro técnicas: análisis cuantitativo, análisis cua-
litativo, interpretación y prospección, que fueron
articuladas mediante tres fases: recolección de
datos, análisis de la información y generación de
conocimiento.
En la fase inicial, se levantó información
mediante la observación, revisión documental,
talleres, lluvia de ideas, contraste de experiencias,
análisis estadístico y revisión normativa. Este pro-
ceso permitió identificar variables asociadas tanto
a las amenazas del entorno como a las brechas
internas de la institución. Posteriormente, las
variables fueron procesadas en la matriz Vester,
de la cual surgieron los diez hitos del HEI.
A su vez, el Balanced Scorecard —también
llamado Cuadro de Mando Integral— permitió
estructurar los cuatro objetivos estratégicos,
mientras que la matriz FODA sirvió de base para
construir la estrategia institucional, las políticas
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a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
24
y lineamientos. El ciclo de Deming se incorporó
para asegurar la mejora continua, es decir, para
que el HEI sea monitoreado, evaluado y corre-
gido de forma permanente (Policía Nacional del
Ecuador 2026a).
Elementos orientadores, elementos
estratégicos y modelo estratégico
Estos elementos orientadores fueron empleados
para definir el rumbo de la institución y propor-
cionar la base ética, doctrinaria y estratégica que
orienta la gestión institucional y el servicio poli-
cial. En este nivel se ubican la misión, visión, los
principios y valores. La misión expresa el man-
dato constitucional de atender la seguridad ciu-
dadana y el orden público, mientras que la visión
proyecta el estado institucional esperado hacia
2029 (Policía Nacional del Ecuador 2026a).
Además, se incorporaron valores que consti-
tuyen pilares de la actuación policial, junto con los
principios que orientan la gestión institucional:
responsabilidad, integridad, legalidad, probidad,
participación, equidad territorial, transparencia,
eficiencia, eficacia, efectividad y calidad. En
conjunto, los elementos orientadores otorgan
sentido superior al instrumento y sostienen su
despliegue sobre una base institucional clara
(Policía Nacional del Ecuador 2026a).
Los elementos estratégicos constituyen el
núcleo del instrumento. Se organizan de manera
secuencial en torno a una finalidad, se despliegan
en objetivos estratégicos, se articulan con la
estrategia institucional y concretan mediante
hitos, políticas y lineamientos. Los objetivos
estratégicos expresan los resultados esperados
por la institución y se construyen conforme a las
perspectivas definidas en el HEI.
El primer objetivo corresponde a la perspectiva
de ciudadanía y recoge la razón de ser de la insti-
tución, orientada a la eficacia del servicio policial.
Los tres objetivos restantes se relacionan con el
fortalecimiento institucional en las dimensiones
de talento humano, procesos y presupuesto, orien-
tadas a la eficiencia de la gestión. Esta estructura
se ajusta a la tipología de objetivos establecida en
la Guía metodológica de planificación institucional
(Secretaría Nacional de Planificación 2024).
En esta lógica, la estrategia no se reduce a la
formulación declarativa, sino que exige definir
una posición diferenciada con actividades estruc-
turadas. Como señaló Porter (2011, p. 103), “la
estrategia competitiva consiste en ser diferente.
Significa la selección deliberada de un conjunto
de actividades distintas para entregar una mezcla
única de valor”.
Gráfico 2
Estrategia institucional
ARTICULACIÓN
Articulación estratégica y operativa de la gestión y el servicio policial, mediante la
excelencia operacional para la intervención territorial diferenciada.
PREVENCIÓN INVESTIGACIÓN
INTELIGENCIA
APOYO
OPERATIVO
DISUACIÓN
RESPUESTA
SOPORTE
ANTICIPACIÓN
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SERVICIO POLICIAL
ESTRAT EGIA INSTITUCIONAL
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
25
El modelo estratégico ordena la institución en ni-
veles de gestión, tipos de planes y elementos de
planificación, y articula la relación entre gestión
institucional y el servicio policial. Su función con-
siste en garantizar la ejecución organizada de la
estrategia institucional, los hitos, las políticas y li-
neamientos. En consecuencia, el modelo estraté-
gico organiza la institución desde el nivel con-
ceptual hasta lo operativo, precisa competencias,
rutas de planificación y orienta las formas de des-
pliegue (Policía Nacional del Ecuador 2026a).
En la misma línea, Chiavenato y Sapiro
(2017) sostienen que “el pensamiento estratégico
puede ser definido, ya sea como la forma en que
se visualiza el mundo exterior, principalmente
en situaciones desafiantes e inciertas, o como la
manera de aplicar un conjunto de técnicas para
definir y resolver problemas” (p. 13).
Operativización, mejora continua
y Estrategia Operacional 3D
La operativización del HEI constituye la fase de
ejecución. Su implementación inicial fue progre-
siva: comenzó con procesos de socialización, ca-
pacitación, talleres y coordinación logística en
todas las dependencias. Además, definió respon-
sables, plazos y evidencias de cumplimiento, así
como metodologías para implementar, hacer se-
guimiento y evaluar el instrumento.
Según la Dirplan, el taller institucional deno-
minado “De la estrategia a la táctica” se consolidó
como mecanismo clave para traducir el HEI en
acciones operativas concretas. Este proceso forta-
leció la articulación entre planificación, ejecución
territorial, gestión de recursos, control ético y
compromisos institucionales medibles orientados
a resultados (Policía Nacional del Ecuador 2026e).
Gráfico 3
Hitos del Horizonte Estratégico Institucional
Estrategia institucional:Finalidad
Ciudadanía Talento humano Procesos Presupuesto
10
POLÍTICAS LINEAMIENT OS
43
285
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
El Horizonte Estratégico es el marco
superior de conducción que orienta,
ordena y prioriza la acción institucional
de la Policía Nacional.
Articulación estratégica y operativa de la gestión
y el servicio policial.
Incrementar la efectividad del servicio policial, para contribuir al
mantenimiento del orden público y convivencia pacífica.
Intervención territorial
focalizada y contundente.
Investigación e
inteligencia táctica.
Proximidad comunitaria
y vigilancia.
Gobernanza y
Gobernabilidad.
Bienestar policial.
Desarrollo del talento
humano.
Eficiencia del recurso
logístico policial.
Legitimidad y
transparencia.
Planificación y cultura
organizacional.
Presupuesto por
resultados.
HIT OS
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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Diseño e implementación de un instrumento de planificación orientado
a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
26
La operativización se sustenta en el modelo
estratégico que establece la visión, misión, los ob-
jetivos estratégicos, la estrategia institucional, los
hitos, las políticas y lineamientos. Los niveles de
gestión organizan estas directrices en objetivos,
procesos, proyectos y gestión de riesgos. Por su
parte, el nivel operativo materializa la planifi-
cación mediante objetivos operativos, tácticas,
planes de acción y acciones en territorio.
En esa lógica, las direcciones, zonas, subzonas
y distritos deben formular, ejecutar, monitorear,
evaluar y retroalimentar de manera continua sus
estrategias, tácticas y acciones. El proceso debe
alinearse con sus planes operativos o específicos,
apoyarse en matrices de implementación, segui-
miento y evaluación, y utilizar indicadores de
resultados y de desempeño (Policía Nacional del
Ecuador 2025b).
Según la Dirplan, la matriz de seguimiento
del HEI registra un avance del 31,39% y evidencia
una estructuración técnica del proceso de imple-
mentación. Esto se debe a que los lineamientos de
corto plazo se operativizaron mediante indicado-
res, planes de acción, proyectos, hitos, actividades
específicas y acciones de gestión de riesgos. En
conjunto, estos elementos confirman la capacidad
del instrumento para traducirse en mecanismos
verificables de seguimiento institucional (Policía
Nacional del Ecuador 2026f).
El enfoque metodológico de ejecución adopta
una lógica de mejora continua lo cual explica por
qué el HEI fue concebido como una herramienta
perfectible, retroalimentable y ajustable (Policía
Nacional del Ecuador 2026a). La mejora conti-
nua se basa en el ciclo que sigue:
• Planificar: diagnosticar el problema, pla-
nificar, formular estrategias y construir
acciones.
• Hacer: implementar planes y desplegar el
servicio policial
• Verificar: controlar, supervisar y evaluar
resultados
• Actuar: retroalimentar, identificar bre-
chas y reformular tácticas.
Gráfico 4
Modelo Estratégico Institucional
Servicio
policial
Externo
Ciudadanía
Procesos
Presupuesto
Talento humano
Interno
Prevención
Inteligencia
Apoyo
operativo
Investigación
Articulación
ODS
PND
PM
Gestión
institucional
basado en
evidencias
M
i
s
i
ó
n
V
i
s
i
ó
n
V
a
l
o
r
e
s
P
r
i
n
c
i
p
i
o
s
Disuación
Soporte
Anticipación
Respuesta
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
27
La Estrategia Operacional 3D es el instrumen-
to que permite a la Policía Nacional orientar el
HEI hacia intervenciones concretas en el territo-
rio. Desde su concepción, su objetivo medular fue
materializar los cuatro primeros hitos, mientras
que, su función principal es la de articular la con-
ducción estratégica, las estrategias de servicio, los
ejes de intervención, las tácticas, las acciones ope-
rativas y los mecanismos de seguimiento.
En esa lógica, “las estrategias también pueden
proporcionar la base para respuestas de mayor
impacto que pueden emplear diversas herramien-
tas, tácticas y técnicas para alcanzar objetivos de-
finidos” (Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito [UNODC] 2022, p. 7). Entre
tanto, la Estrategia 3D se organiza a partir de una
lectura integral del fenómeno criminal contem-
poráneo, con énfasis en las amenazas, riesgos,
centros de gravedad, reconfiguración criminal,
nudos críticos externos, brechas institucionales
y escenarios de proyección (Policía Nacional del
Ecuador 2026b).
Pertinencia, viabilidad metodológica
y técnica
La UNODC (2022) planteó que una estrategia
eficaz se construye sobre un análisis sólido del
problema. Para ello, debe identificar factores es-
tructurales, mercados, actores y vulnerabilidades,
y traducir ese diagnóstico en objetivos claros, res-
puestas integradas y medidas adaptadas al con-
texto de aplicación.
Por tanto, el HEI resulta pertinente porque no
surgió como un documento abstracto, sino como
una respuesta institucional ajustada al contexto
de seguridad, caracterizado por una criminalidad
cambiante, complejidad territorial y necesidad
de conducción estratégica articulada. Además,
se estructuró a partir de un diagnóstico integral,
Gráfico 5
Estrategia Operacional 3D
Intervención territorial
focalizada
Articulación inter institucional
Análisis de la información
Uso legítimo de la fuerza
Garantía de DD.HH
• Intervención:
• Patrullaje inteligente situacional.
• Atención priorizada y resolutiva
de auxilio.
• Proximidad comunitaria inteligente
(QR-AI)
• Sostenimiento comunitario del
control territorial.
• Interdicción:
• Saturación objetiva:
- Sistemática a capacidades criminales.
- Centros penitenciarios.
- Redes estratégicas y ciberespacio.
- Ejes viales y corredores logísticos
- Núcleos de letalidad
- Zonas fronterizas, puertos y aeropuertos.
Tácticas
Acciones
operativas
Investigación e
inteligencia táctica
Proximidad comunitaria
y vigilancia
Gobernanza y
gobernabilidad
Debilitar, desorganizar,
desarticular estructuras criminales
Intervención
focalizada
Vigilancia
y respuesta
Proximidad
comunitaria
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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Diseño e implementación de un instrumento de planificación orientado
a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
28
organizó prioridades, definió objetivos, políticas y
lineamientos, y proyectó una respuesta institucio-
nal y operativa orientada a intervenir de manera
coherente sobre los problemas identificados.
En ese sentido, la pertinencia se determina
por su adecuación al contexto real que motivó
su formulación y por la capacidad para alinear el
diagnóstico, la dirección estratégica, el despliegue
y la respuesta institucional frente a fenómenos
criminales complejos (Policía Nacional del
Ecuador 2026a; UNODC 2022). A partir del
análisis de los resultados de la operativización
inicial del HEI, la Dirplan concluye lo siguiente:
Que, los resultados alcanzados afectan
directamente las capacidades logísticas,
financieras y estructurales de las organizaciones
criminales, mientras la reducción sostenida de
índices delictuales, demuestra la congruencia
entre el diagnóstico situacional, la planificación,
el direccionamiento estratégico y la ejecución
operativa.
Que, el análisis técnico determinó que los
resultados se relacionan directamente con
los lineamientos estratégicos del Horizonte
vinculados a la intervención territorial
hiperfocalizada, priorización de territorios,
control de economías criminales y control
territorial en zonas críticas.
Que, la desaceleración de índices homicidas y
la reducción de delitos estratégicos responden
a la ejecución operativa y al direccionamiento
metodológico de los lineamientos del
Horizonte Estratégico, cuyo cumplimiento
recibió seguimiento continuo, materializándose
en estrategias operacionales, orientados a la
afectación de economías criminales, captura
de objetivos de alto valor y debilitamiento
logístico de las estructuras delictivas, evitando
su recambio generacional y reorganización.
Se logran resultados, que responden a la
ejecución estructurada, coherente y sostenida
de políticas y lineamientos establecidos
en el Horizonte Estratégico, evidenciando
que este instrumento trascendió el ámbito
de la planificación para constituirse en una
herramienta efectiva de intervención estatal
frente a la violencia criminal.
Que, la formulación e implementación del
Horizonte Estratégico, sustentada en la
aplicación de la planificación institucional,
orientó los diferentes niveles de gestión,
superando vacíos operativos y puntos ciegos
y generando impactos reales, medibles y
verificables en la seguridad ciudadana dentro
del período analizado (Policía Nacional del
Ecuador 2026g).
En consecuencia, los hallazgos permiten soste-
ner que el HEI, la Estrategia Operacional 3D y
su operativización no solo fueron diseñados for-
malmente, sino que también demuestran viabili-
dad metodológica y técnica, con resultados con-
cretos, medibles y coherentes con las intenciones
de origen. Adicionalmente, la Dirección Nacional
de Comunicación Estratégica señaló que la cam-
paña comunicacional del HEI constituye un
componente concreto de legitimación del plan
institucional.
Esta campaña impulsó una comunicación
proactiva, uniforme y técnicamente planificada,
dirigida a la ciudadanía y a los distintos niveles
institucionales. Además, fortaleció la transparen-
cia, la comprensión pública de los hitos de segu-
ridad y el posicionamiento de la Policía Nacional
como una entidad estratégicamente orientada
(Policía Nacional del Ecuador 2026h).
Procedencia jurídica
El HEI se sustenta en un marco constitucional,
legal, administrativo e institucional que faculta a
la Policía Nacional a formular estrategias orienta-
das a fortalecer la seguridad ciudadana y el orden
público. En ese contexto, fue diseñado en el ám-
bito de las competencias del Comando General,
con el propósito de orientar la administración es-
tratégica de la institución.
La base normativa inicial es el artículo 163
de la Constitución de la República del Ecuador,
que establece como misión de la Policía Nacional,
atender la seguridad ciudadana y el orden público
y proteger el libre ejercicio de los derechos y la se-
guridad de las personas (Asamblea Constituyente
2008). El HEI también se sustenta en el artículo 65
del Código Orgánico de Entidades de Seguridad
Ciudadana. Según este artículo, el comandante
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general ejerce el mando directivo operacional del
personal policial y, entre sus funciones está la de
dirigir y coordinar procesos relacionados con la
misión institucional; coordinar la elaboración de
propuestas y el análisis de estrategias operativas; y,
proponer ajustes a los indicadores del desempeño
policial (Asamblea Nacional 2017).
La procedencia administrativa se apoya en
el artículo 11 del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos de la Policía
Nacional, que asigna al Comando General la
dirección de la gestión estratégica y le reconoce
la facultad de emitir y establecer estrategias, po-
líticas y lineamientos institucionales (Ministerio
del Interior 2019). A esta base se suma el Decreto
Ejecutivo 601, del 12 de abril de 2025, que
ratifica a la Policía Nacional como entidad encar-
gada de la planificación estratégica y la política
pública para construir una cultura de convivencia
pacífica y seguridad ciudadana (Presidencia de la
República del Ecuador 2025).
Discusión
La fortaleza del HEI radica en la amplitud de su
diseño y en la coherencia entre el contexto que
motivó su construcción, el diagnóstico que le dio
origen, la metodología empleada en su formula-
ción y los mecanismos previstos para su desplie-
gue inicial. Por tanto, el HEI se concibe como una
estrategia institucional que ordena componentes
formales y traduce la lectura del entorno y de las
brechas internas en una ruta de conducción ins-
titucional, operativización y mejora continua. Su
pertinencia se explica por su capacidad para res-
ponder a un contexto complejo en materia de se-
guridad mediante una estructura que orienta de-
cisiones, articula niveles de gestión y proyecta una
implementación verificable para la generación de
valor público.
La Dirplan determina que el HEI es un
documento metodológico que facilita la planifi-
cación y reúne los componentes metodológicos
institucionales (Policía Nacional del Ecuador
2026g). Por su parte, el Subcomando General,
como ente operativo articulador, concluye que
la implementación del HEI permitió aplicar
diez hitos estratégicos en territorio y producir
cambios reales en el comportamiento criminal y
delictivo a escala nacional. Entre los resultados
de identifican la reducción de delitos estratégicos
y la incorporación del seguimiento al esquema
institucional, lo que favorece la sostenibilidad
del modelo de intervención territorial (Policía
Nacional del Ecuador 2026i).
La Dirección Nacional de Comunicación
Organizacional y Estratégica determinó que el
alcance del Horizonte Estratégico en redes sociales
y medios tradicionales reflejó un alto nivel de visi-
bilidad, credibilidad y legitimidad pública. Estos
resultados proyectaron una imagen institucional
de orden, claridad estratégica, modernización
y articulación interinstitucional, y reforzaron la
confianza ciudadana en la hoja de ruta definida
(Policía Nacional del Ecuador 2026j).
El punto más sensible no se ubica en la
estructura del instrumento, sino en la cultura ins-
titucional que debe sostenerlo. El principal reto
del HEI radica en la capacidad institucional para
operativizarlo e incorporar la estrategia como una
práctica cotidiana de mando, gestión y servicio.
En ese marco, la cultura organizacional puede
imponerse sobre la estrategia cuando esta no logra
arraigarse en las creencias, prácticas y decisiones
de quienes deben ejecutarla (Merchant 2011). En
la misma línea, Chiavenato (2017, p. 333) advirtió
que, “para que el cambio ocurra es necesario que
exista un ambiente psicológico propicio, una cul-
tura organizacional adecuada, un estímulo indivi-
dual y grupal para mejorar y alcanzar la excelencia
de la organización”. En conjunto, ambas posturas
coinciden en que la estrategia alcanza efectividad
cuando es asumida por la cultura organizacional
que debe ejecutarla.
Conclusiones
El Horizonte Estratégico constituye una alterna-
tiva pertinente para la conducción de la Policía
Nacional del Ecuador. Fue formulado como res-
puesta a un contexto exigente de seguridad pú-
blica, determinado por nuevas dinámicas de la
violencia, la criminalidad organizada y la com-
plejidad territorial. Su pertinencia radica en la
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 19-31
Pablo Vinicio Dávila Maldonado, Walter Oswaldo Gómez Vargas
Christian Mauricio Espinosa Melo, Alex Rodrigo Pilco Chisaguano
Diseño e implementación de un instrumento de planificación orientado
a la eficiencia de la gestión institucional y eficacia del servicio policial
30
relación entre el diagnóstico, los objetivos y la ne-
cesidad institucional de dirección.
Este artículo determinó la viabilidad, diag-
nóstico, metodología estructurada y arquitectura
coherente entre formulación, operativización y
monitoreo del HEI. Actualmente, se encuentra
en primera fase de ejecución, y sus resultados
han sido evidenciados en informes técnicos. Esto
permite sostener que su diseño posee consistencia
formal y capacidad de materialización en resulta-
dos verificables.
Se logró determinar la procedencia jurídica
del HEI dentro el ordenamiento constitucional,
legal, administrativo e institucional que rige a la
Policía Nacional del Ecuador. En conjunto, este
artículo demostró que el Horizonte Estratégico
es un instrumento pertinente, metodológica y
técnicamente viable, y jurídicamente procedente
en su fase inicial de diseño e implementación.
Recomendaciones
• Determinar estrategias que contribuyan a
fortalecer e institucionalizar el HEI den-
tro de la Policía Nacional, de manera que
sus objetivos, hitos, políticas y lineamien-
tos se integren de forma sostenida a la
toma de decisiones, los planes específicos
y operativos, y a las rutinas de conducción
de cada nivel de gestión.
• Articular acciones orientadas a pro-
fundizar la socialización, capacitación
y apropiación institucional del HEI en
todos los niveles de mando y ejecución.
Estas acciones deben reforzar la relación
entre estrategia, medición y aprendizaje
institucional, así como incidir de mane-
ra sostenida en la cultura organizacional
policial.
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32
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Nº 12 junio 2026 • pp 32-42 • IISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Caracterización territorial para la hiperfocalización
del servicio policial diferenciado frente
a la dinámica criminal en Ecuador
Territorial Characterization for the Hyper-Focalization
of Differentiated Police Services in Response to Criminal
Dynamics in Ecuador
Alexander David Martínez Grados
1
Richard Milton Carvajal Salazar
2
Diego Ricardo Maldonado Pillajo
3
Julio César Guerrero Almeida
4
Recibido: 03 de abril de 2026
Aceptado: 15 de abril de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
El artículo propone una metodología integral para caracterizar territorialmente la violencia criminal en
Ecuador. Esta propuesta supera los enfoques tradicionales basados en los homicidios e integra cuatro
dimensiones estructurales: homicidios intencionales, mercados criminales, delitos contra la seguridad
ciudadana y grupos del crimen organizado. Mediante herramientas geoespaciales, búferes de influencia,
el índice de dispersión de la concentración delictiva y un índice de daño basado en las penas mínimas
establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, se construye un índice compuesto que mide el im-
pacto directo e indirecto de la violencia en cada territorio. La metodología también incorpora el impac-
to proporcional indirecto para captar los efectos espaciales derivados de zonas colindantes. Aplicado a
140 distritos policiales, el modelo evidenció que la violencia no se distribuye aleatoriamente, sino que
responde a configuraciones estructurales específicas. Los resultados contribuyen a mejorar la prioriza-
ción institucional, fundamentan las estrategias de hiperfocalización policial, optimizan la asignación de
recursos y fortalecen la toma de decisiones basada en evidencia territorial.
Palabras clave: análisis geoespacial; caracterización territorial; criminalidad; índice de daño; prioriza-
ción territorial; violencia.
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, david.martinez_82@hotmail.com, 0009-0004-1149-6539
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, rmcarvajal1988@gmail.com
0009-0000-4716-2865
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, maldonadopolinal@gmail.com
0009-0000-6742-0286
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, juliocesarguerrero199@gmail.com,
0009-0004-1764-9567
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Nº 12 junio 2026 • pp 32-42
Alexander David Martínez Grados, Richard Milton Carvajal Salazar
Diego Ricardo Maldonado Pillajo, Julio César Guerrero Almeida
Caracterización territorial para la hiperfocalización del servicio policial
diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
33
Abstract
e article proposes a comprehensive methodo-
logy for territorially characterizing criminal vio-
lence in Ecuador. is approach moves beyond
traditional homicide-based analyses and integra-
tes four structural dimensions: intentional ho-
micides, criminal markets, offenses against pu-
blic safety, and organized crime groups. Using
geospatial tools, influence buffers, the Crime
Concentration Dispersion Index, and a Harm
Index based on the minimum penalties establi-
shed in the Código Orgánico Integral Penal, the
study develops a composite index that measu-
res the direct and indirect impact of violence in
each territory. e methodology also incorpora-
tes proportional indirect impact to capture spatial
effects arising from neighboring areas. Applied to
140 police districts, the model shows that violen-
ce is not randomly distributed; rather, it responds
to specific structural configurations. e findings
help improve institutional prioritization, support
police hyper-focused strategies, optimize resour-
ce allocation, and strengthen evidence-based de-
cision-making grounded in territorial analysis.
Keywords: geospatial analysis; territorial charac-
terization; crime; Harm Index; territorial priori-
tization; violence.
Introducción
La comprensión actual del comportamiento cri-
minal requiere de modelos analíticos capaces de
superar las limitaciones de los enfoques tradicio-
nales que históricamente priorizaron la interven-
ción policial en zonas definidas por las tasas o
conteos delictivos. Por eso priorizar el comporta-
miento criminal desde un enfoque territorial-ins-
titucional anclado en los homicidios intencionales
y empleado de manera aislada, restringe la com-
prensión integral de la realidad criminal (Snyder
y Durán-Martínez 2006).
Es posible que territorios que no cuentan con
registros o altos registros de homicidios, existan
gobernanzas criminales, mercados ilícitos o meca-
nismos coercitivos de control social que atenúen
la violencia visible (Banco Interamericano de
Desarrollo [BID] 2023). Esta limitación excluye
las áreas estratégicas de priorización operativa,
aun cuando presentan dinámicas delictivas de
alto riesgo o procesos de captura territorial.
Los estudios sobre producción del espacio y
gobernanza territorial indican que las dinámicas
delictivas se sostienen sobre estructuras sociales
y espaciales arraigadas (Fajnzylber, Lederman
y Loayza 2002). La evidencia empírica apunta
a que el crimen se distribuye según patrones de
concentración y proximidad geográfica, de modo
que, se descarta un comportamiento aleatorio
(Chainey y Montero 2019). Asimismo, la evi-
dencia reciente muestra que la criminalidad se
estructura de forma diferenciada en función de la
configuración urbana y territorial (Tobler 1970).
En este contexto, los homicidios y mercados
ilícitos se apoyan en redes criminales capaces
de ejercer control social y regular la violencia, lo
que posibilita la coexistencia de baja violencia
letal con alta actividad criminal en determinados
territorios (United Nations Office on Drugs and
Crime [UNODC] 2024).
Este artículo propone una metodología
para caracterizar el comportamiento de la vio-
lencia desde un enfoque estructural, geoespacial
y multidimensional en Ecuador. El propósito es
desarrollar un modelo técnicamente robusto que
permita identificar territorios críticos, optimizar
la priorización institucional y fortalecer la toma
de decisiones basada en evidencia. Se sostiene por
hipótesis que, la violencia en el Ecuador no se
distribuye de manera aleatoria, sino que responde
a configuraciones estructurales específicas, que
pueden comprenderse con metodologías integra-
das de análisis multidimensional.
En este marco, el estudio se estructura de la
siguiente manera. Primero, se presenta el marco
conceptual y luego se describe la metodología
y sus procedimientos de cálculo. En un tercer
momento se analiza los aportes, alcances y las
limitaciones del modelo. Por último, constan las
conclusiones orientadas a la planificación estra-
tégica policial y gestión institucional basada en
evidencia.
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Objetivo general
Determinar la aplicabilidad, consistencia y capa-
cidad explicativa del modelo integral de carac-
terización territorial de la violencia criminal en
Ecuador, desde un enfoque estructural, geoespa-
cial y multidimensional.
Objetivos específicos
• Identificar la distribución espacial y los
patrones de concentración, dispersión y
proximidad de las variables explicativas
de la violencia criminal mediante técni-
cas de inferencia geoestadística a nivel
distrital.
• Integrar sistemáticamente las dimen-
siones de los homicidios intencionales,
mercados criminales, delitos contra la
seguridad ciudadana y grupos de crimen
organizado mediante un índice de daño
jurídicamente fundamentado y técnicas
de análisis multicriterio.
• Clasificar los territorios según niveles de
criticidad territorial de acuerdo con los
impactos directos e indirectos de la vio-
lencia, a fin de sustentar la hiperfocali-
zación del servicio policial y el diseño de
estrategias operativas diferenciadas basa-
das en evidencia.
Marco conceptual
Factores estructurales de la violencia
La literatura criminológica ha demostrado que
los homicidios no son el resultado de conflictos
interpersonales aislados o disputas circunstancia-
les, sino, la manifestación más extrema de proce-
sos estructurales vinculados a desigualdades so-
cioeconómicas persistentes, economías ilegales
consolidadas, debilidad institucional, configura-
ciones urbanas específicas y factores demográ-
ficos de larga duración (Muriel y Cortez 2018).
Desde el enfoque sistémico, la violencia homicida
emerge cuando convergen condiciones estructu-
rales adversas, capacidades estatales insuficientes
y dinámicas criminales territorializadas. Es esto
lo que explica su carácter recurrente y concentra-
do en determinados espacios.
Los factores estructurales son condiciones
de largo plazo que configuran la distribución
espacial de la violencia y su persistencia temporal.
Este enfoque permite comprender por qué ciertos
territorios mantienen niveles elevados de violen-
cia incluso frente a intervenciones coyunturales
o de corto alcance. El análisis territorial basado
en estos factores permite identificar elementos
determinantes de la violencia, agrupar territorios
con condiciones socioespaciales similares y
diseñar estrategias de intervención diferenciadas.
De esta manera, es posible superar enfoques
homogéneos que desconocen la heterogeneidad
espacial del fenómeno criminal.
Caracterización territorial
como proceso analítico
El proceso de caracterización territorial de la vio-
lencia facilita una aproximación multidimensio-
nal de las dinámicas y estructuras que la sostienen
en cada territorio, a partir de sus particularidades
urbanas y sociales. Al agrupar las variables suel-
tas, esta metodología permite interpretar con ma-
yor claridad los aspectos delictivos asociados a la
violencia. Por eso, es una herramienta fundamen-
tal para planificar la seguridad, la gestión territo-
rial y la toma de decisiones estratégicas basadas
en evidencia científica (Fajnzylber, Lederman y
Loayza 2002).
Metodología
Diseño de investigación
La investigación se desarrolla desde un enfoque
cuantitativo, no experimental y de corte trans-
versal. Se sustenta en una fase teórico-conceptual
orientada al diseño de un modelo integral de ca-
racterización territorial de la criminalidad, funda-
mentado en la medición sistemática de variables
numéricas y aplicación de análisis geoespaciales.
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Estos análisis permiten identificar y explicar di-
námicas complejas de concentración, proximi-
dad y dispersión del fenómeno criminal en el
territorio.
El alcance del estudio se sitúa en el nivel
correlacional con proyección explicativa. Se busca
identificar relaciones entre los factores estructura-
les del modelo y la criticidad territorial observada.
Este enfoque se basa en el principio geográfico de
dependencia espacial, según el cual los fenóme-
nos próximos pueden estar relacionados (Tobler
1970). Al integrar patrones de concentración
delictiva (Chainey y Montero 2019), dinámicas
territoriales y daños diferenciales según el tipo
de delito (Sherman, Neyroud y Neyroud 2016),
el modelo desarrolla una capacidad explicativa
emergente para interpretar la configuración espa-
cial de la violencia.
Factores y variables del modelo
Actualmente, las muertes violentas registran un
crecimiento progresivo y constante desde 2018,
asociado con la violencia criminal y atomiza-
ción de los grupos criminales. Snyder y Durán-
Martínez (2006), luego de analizar la relación
entre los mercados ilícitos y la violencia, argu-
mentaron que cuando existen redes de protección
extorsiva patrocinadas por el Estado, los niveles
de violencia letal en estos mercados suelen ser ba-
jos. Sin embargo, cuando las redes se rompen, la
violencia letal aumenta. A partir de este enfoque,
se identifican cuatro factores que permiten com-
prender la dinámica:
• Homicidios intencionales
• Mercados criminales
• Delitos contra la seguridad ciudadana
• Grupos del crimen organizado
Estas dimensiones no operan de manera aislada,
sino que configuran un sistema complejo e inter-
dependiente. De modo que, este sistema permite
comprender la naturaleza multifacética de la vio-
lencia contemporánea y sus implicaciones para la
gobernanza democrática.
Los homicidios intencionales constituyen el
principal indicador de la violencia letal y es una
variable dependiente en los estudios criminoló-
gicos contemporáneos, ya que abarcan diversas
tipologías delictivas y permiten aproximarse al
grado de penetración y control territorial ejercido
por los grupos criminales. La evidencia demuestra
que cerca del 50% de los homicidios intencio-
nales en América Latina están vinculados con
actividades del crimen organizado. Por lo tanto,
este indicador puede usarse como un proxy clave
del poder criminal en el territorio (BID 2023).
Los delitos contra la seguridad ciudadana
abarcan indicadores de criminalidad que afectan
directamente la percepción de seguridad. Tales
delitos incluyen fenómenos como la desaparición
involuntaria, la intimidación, el robo y secuestro
en sus diversas modalidades —simple, extorsivo
y tentativa—, así como otras formas de victi-
mización directa. Esta dimensión representa el
impacto inmediato de la inseguridad en la vida
cotidiana de las personas y funciona como un
indicador de la eficacia de las políticas públicas
de seguridad (UNODC 2024).
Los grupos de crimen organizado son es-
tructuras delictivas con capacidad para articular
y coordinar actividades económicas ilícitas, así
como para ejercer violencia de manera sistemáti-
ca. Esta dimensión se manifiesta, principalmente,
a través de la delincuencia organizada y estruc-
turas criminales que operan a nivel local, pero,
con proyección internacional y transnacional.
Los grupos criminales no solo cometen hechos
violentos aislados. Funcionan como estructuras
organizadas que hacen posible que la violencia se
mantenga en el tiempo, aumente y sea controlada
a nivel territorial (Real Instituto Elcano 2024).
La interrelación sistémica entre estas di-
mensiones explica la evolución exponencial de la
violencia criminal donde: los mercados criminales
proporcionan los incentivos económicos y la
racionalidad de la violencia; las organizaciones
criminales suministran la estructura organizativa
y la capacidad operativa; los delitos contra la
seguridad ciudadana establecen los mecanismos
de control territorial y social; y los homicidios
intencionales constituyen el instrumento último
de imposición de poder y resolución de conflictos.
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diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
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Índice de daño como métrica
de ponderación
El índice de daño es una medida cuantitativa que
evalúa la magnitud y severidad de los impactos
negativos generados por eventos adversos en un
sistema determinado. En el contexto de la se-
guridad pública y la criminología, es una herra-
mienta analítica fundamental para cuantificar el
deterioro social, económico y humano que resul-
ta de las actividades criminales y violencias. Para
Sherman, Neyroud y Neyroud (2016) todo índice
debe cumplir tres requisitos para que sea consi-
derada una medida legítima de daño: responder
a un estándar democrático, ser fiable y adaptarse
con un costo mínimo para el usuario final.
El índice incorpora, como elemento princi-
pal, la pena mínima expresada en días para cada
delito, conforme lo establece el Código Orgánico
Integral Penal (COIP 2025). Es decir, el índice
contiene la gravedad jurídica asignada por el
ordenamiento legal de Ecuador a cada subtipo
de delito, lo que permite ponderar su impacto
de manera diferenciada. La fórmula general del
índice de daño adaptada puede expresarse de la
siguiente manera:
IDD
t
= Σ (C
і
× H
і
)
Donde
DD
t
es el índice de daño para el territorio t
C
i
es el número de eventos delictivos de tipo
i en el territorio t
H
i
es la ponderación del delito tipo i expre-
sada en días —pena mínima en años × 365—
5
Metodología espacial de daño ponderado
por dispersión y densidad territorial
Este modelo permite evaluar con precisión el im-
pacto territorial de eventos georreferenciados.
La metodología integra tres dimensiones funda-
mentales: severidad del evento, su patrón espa-
cial —concentración o dispersión— y su influen-
cia geográfica en zonas colindantes. El análisis
5 La conversión de años a días aumenta la granularidad analí-
tica y permite una ponderación más precisa del impacto re-
lativo de los delitos según su gravedad jurídica.
geoespacial es clave para comprender las dinámi-
cas territoriales, ya que integra relaciones espa-
ciales, zonas de influencia y efectos de proximi-
dad más allá de la localización de los fenómenos.
La metodología supera las limitaciones de los
análisis tradicionales si se incorpora el índice de
dispersión de la concentración delictiva desarro-
llado por Chainey y Montero (2019) que permite
medir la concentración y dispersión criminal.
Construcción metodológica
en ocho etapas
La metodología espacial de daño ponderado por
dispersión y densidad territorial sigue un proceso
de ocho etapas secuenciales que garantizan la ri-
gurosidad del análisis territorial. Estas son:
• Georreferenciación de eventos: se registra
cada evento con coordenadas espaciales
precisas mediante el uso de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), proyecta-
das en WGS84 zona 17 sur. Esta primera
etapa constituye el fundamento empírico
del modelo ya que, sin la localización pre-
cisa de los eventos criminales, el análisis
espacial posterior perdería validez.
• Creación de búferes de influencia: cada
evento genera un búfer de influencia con
un radio específico según el tipo de delito,
con base en estándares internacionales de
criminología espacial. Esta representa-
ción geométrica permite visualizar el área
territorial afectada más allá del punto
exacto donde ocurre el evento y reconoce
que los efectos del delito se propagan en
el espacio circundante.
Tabla 1
Influencia con radio específico según tipo de delito
Tipo de delito
Radio de
búfer (m)
Fundamentación
Homicidios y deli-
tos contra la vida
500
Estudios sobre influencia
espacial de eventos letales
(Chainey 2013).
Delitos contra la
propiedad como
robo y extorsión
200
Patrones de victimización en
entornos urbanos (Bernasco
y Block 2011).
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Delitos relaciona-
dos con sustancias
ilícitas
300
Áreas de influencia de mer-
cados de drogas (Rengert
2005)
Delitos de organi-
zación criminal
400
Efectos de control territo-
rial de estructuras criminales
(Caldeira 2015)
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
• Intersección espacial con límites territoria-
les: se calcula la proporción total del terri-
torio cubierta por los búferes generados
a partir de los eventos georreferenciados.
Esta superficie cubierta, denominada A
ij
,
representa el área afectada dentro del te-
rritorio i y se obtiene de la superposición
de los radios de influencia de cada evento.
Para determinar el grado de cobertura, se
calcula la relación entre A
ij
y el área total
del territorio A
t
mediante la fórmula Co-
bertura = A
ij
/A
t
. Este valor indica qué
parte del territorio está bajo la influencia
de los eventos y funciona como indicador
clave para medir el impacto espacial rela-
tivo, ya que pondera el efecto territorial
no solo a partir de la cantidad de eventos,
sino también del área concreta donde se
manifiesta su influencia.
• Cálculo del CCDI: este índice mide la
concentración de eventos delictivos en
el territorio a partir de la relación entre
distancias promedio, máxima y mínima
entre eventos. Primero, se determina la
distancia máxima (D_max) entre dos
vértices del polígono territorial a partir
de la fórmula de Haversine. Luego, se
calcula la distancia promedio (D_avg)
entre cada evento y todos los demás, y se
obtiene el promedio general de estas dis-
tancias. Después, se identifica la distancia
mínima (D_min) entre cualquier par de
eventos. Finalmente, se aplica la fórmu-
la CCDI = (D_max - D_avg) / (D_max
- D_min) que normaliza el valor entre 0
—máxima dispersión— y 1 — máxima
concentración—, lo que permite evaluar
qué tan agrupados están los eventos de-
lictivos en el área estudiada.
• Incorporación del peso del evento —índice
de daño —: se asignan pesos a cada even-
to según su índice de daño para reflejar
la severidad o criticidad basada en varia-
bles específicas. Esto permite combinar la
magnitud del evento —peso asignado—
con la extensión del territorio afectado
en una sola medida, que representa el
impacto territorial ponderado. Para ello,
se multiplica la cantidad de eventos de
cada tipo (C
i
) por la ponderación asigna-
da a ese tipo de delito (H
i
) y se suman los
resultados. Así se obtiene la ponderación
total que refleja la gravedad y alcance del
impacto en el territorio.
• Cálculo del índice directo con CCDI: se cal-
cula el índice directo (I
j
) —que integra la
cobertura territorial, la ponderación del
daño y la concentración espacial— para
medir el impacto criminal en el territorio.
La fórmula es I
j
= (A
ij
/A
t
) × P
j
× CCDI,
en la que A
ij
/A
t
representa la proporción
del territorio cubierta por los búferes; P
j
es la ponderación total del daño; y CCDI
es el índice de concentración-dispersión.
Un valor alto de CCDI —cercano a 1—
indica una alta concentración de eventos
que genera puntos calientes con fuerte
presión criminal, lo que aumenta el im-
pacto. En cambio, un CCDI bajo —cer-
cano a 0— refleja eventos dispersos que
reducen el impacto al manifestarse de
forma más difusa en el territorio.
• Cálculo del impacto proporcional indirecto
(IPI): en este paso se captura y valora el
impacto indirecto que los eventos ubica-
dos en zonas limítrofes del territorio A
generan sobre el territorio B colindan-
te, incluso cuando en B no se registren
eventos focales. Este impacto es espacial-
mente medible y relevante en términos
territoriales, especialmente si el territo-
rio B es pequeño y la influencia externa
cubre gran parte de su superficie. Para
cuantificarlo, se calcula el IPI mediante
la fórmula IPI = (Aᵢ
n
/A
t
) × P
j
× λ, en la
que Aᵢ
n
es el área del búfer de un evento
externo que intersecta el territorio; P
j
es
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la ponderación del daño; y λ es un coefi-
ciente de atenuación —generalmente de
0.5, con calibración prevista por tipo de
delito en base a futuros estudios—.
• Cálculo del índice final: en este paso se
calcula el índice final que mide el impac-
to territorial mediante la combinación de
dos componentes: el índice directo y el
IPI. El índice directo refleja el impacto
generado por eventos ocurridos dentro
del territorio, e integra la proporción del
área afectada (Aᵢ
j
/A
t
), la severidad de los
eventos (P
j
) y su concentración espacial.
Por su parte, el IPI mide el impacto in-
directo proveniente de eventos registra-
dos en territorios vecinos cuyos búferes
se extienden hacia el área analizada. Para
ello, considera la proporción de área afec-
tada por estos eventos externos (Aᵢ
n
/A
t
),
su severidad (P
j
) y un coeficiente de ate-
nuación (λ) que reduce el peso de la in-
fluencia indirecta. La fórmula general del
índice final es la siguiente:
Índice ajustado final
i
Donde
A
ij
es el área cubierta por búferes internos
A
in
es el área cubierta por búferes externos que
intersectan el territorio
A
t
es el área total del territorio
P
j
es la ponderación total del daño basado en la
gravedad de los eventos
mide la concentración espacial de los eventos in-
ternos y, λ es el factor de atenuación para el im-
pacto indirecto (valor actual 0.5).
De este modo, se obtiene una valoración territo-
rial realista que considera tanto el daño directo
como la influencia espacial de eventos colindan-
tes. Esto permite identificar territorios con alta
presión criminal derivada de eventos propios y
del derrame de violencia desde zonas vecinas.
Ejemplo ilustrativo
Si al analizar una unidad territorial X con:
• Impacto directo:
A
ij
/A
t
= 0.6 (60% del territorio cubierto
por búferes internos)
P
j
= 1000 (alta severidad de eventos
internos)
CCDI = 0.8 (eventos muy concentrados)
Impacto directo = 0.6 × 1000 × 0.8 = 480
• Impacto indirecto:
Aᵢ
n
/A
t
= 0.3 (30% del territorio cubierto
por búferes externos)
P
j
= 800 (eventos externos graves)
λ = 0.5
Impacto indirecto = 0.3 × 800 × 0.5 = 120
• Índice final = 480 + 120 = 600
Interpretación:
El territorio tiene un impacto alto (600) debido
principalmente a:
• Eventos internos graves y concentrados
(480)
• Influencia significativa de eventos exter-
nos (120)
Aplicación del proceso analítico
jerárquico (AHP)
Para garantizar la validez metodológica del sis-
tema de ponderación se aplicó una técnica mul-
ticriterio que permitió asignar pesos relativos a
diferentes variables mediante comparaciones pa-
readas en una matriz. Esta asignación consideró
la importancia relativa de cada factor en la ge-
neración de violencia territorial y se basó tanto
en evidencia empírica de estudios previos como
en criterios normativos establecidos en el ordena-
miento jurídico ecuatoriano.
El cálculo del índice de consistencia (CR)
arrojó un valor de 0,043, inferior al umbral crí-
tico de 0,10 establecido por Saaty (1980), lo que
demuestra que las ponderaciones asignadas son
consistentes y válidas para el análisis multicriterio.
Este resultado confirma que el modelo no presen-
ta contradicciones lógicas en la valoración relativa
de los diferentes factores y que las prioridades
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Caracterización territorial para la hiperfocalización del servicio policial
diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
39
establecidas reflejan de manera coherente los jui-
cios comparativos efectuados durante el proceso
de ponderación.
Categorización territorial y agregación
multiescalar
La categorización de los territorios en niveles de
criticidad se fundamentó en un análisis estadís-
tico basado en la desviación estándar del índice
final calculado para cada unidad territorial. Una
vez obtenido el índice compuesto (I_final = I_di-
recto + IPI) para los 140 distritos policiales, se
calculó la media aritmética (μ) y la desviación es-
tándar (σ) de la distribución.
La clasificación territorial se estableció me-
diante tres categorías: nivel alto (I_final ≥ μ + σ),
nivel medio (μ - σ < I_final < μ + σ) y nivel bajo
(I_final ≤ μ - σ). Este procedimiento estadístico
permitió identificar territorios que se desvían sig-
nificativamente del comportamiento promedio,
tanto por encima como por debajo, y garantiza
que la categorización refleje las diferencias esta-
dísticamente relevantes.
Posteriormente, se aplicó un proceso de
agregación territorial multiescalar mediante
la suma ponderada de los índices de las unida-
des menores hacia unidades administrativas
superiores. Específicamente, el índice de cada
subzona (I_subzona) se calculó como I_subzona
= Σ (I_distrito_i × w_i), donde w_i representa el
peso proporcional de cada distrito en función de
su población o extensión territorial. De manera
análoga, el índice zonal se construyó mediante
la agregación de los índices subzonales, según la
fórmula I_zona = Σ (I_subzona_j × w_j).
Este enfoque de agregación bottom-up
permite mantener la coherencia metodológica
entre escalas territoriales y garantiza que la
caracterización a nivel zonal refleje de manera
adecuada la criticidad de las unidades territoriales
que la componen. Al mismo tiempo, preserva la
capacidad de identificar heterogeneidades inter-
nas que podrían permanecer invisibles en análisis
exclusivamente agregados.
La metodología aplicada permitió clasificar
los distritos en tres niveles de violencia según los
factores analizados: alto, con 5 distritos, donde se
concentran homicidios intencionales, mercados
criminales y estructuras delictivas organizadas
por lo que requieren de intervenciones focalizadas
y control especializado; medio, con 56 distritos,
caracterizados por la presencia importante de
delitos y economías ilícitas que mantienen
dinámicas de violencia sostenida y demandan vi-
gilancia constante, patrullaje y prevención; y bajo,
con 39 distritos, que presentan menores tasas de
homicidios y escasa actividad criminal relevante
en la que la prioridad es fortalecer la proximidad
policial y la confianza ciudadana.
Resultados y discusión
Caracterización territorial de los 140
distritos
La metodología aplicada permitió clasificar los
140 distritos de Ecuador en tres niveles de vio-
lencia: alto, caracterizado por la concentración de
homicidios intencionales, mercados criminales y
estructuras delictivas organizadas que requieren
intervenciones focalizadas y control especializado;
medio, con presencia relevante de economías ilíci-
tas y violencia sostenida que demanda vigilancia,
patrullaje y prevención; y bajo, con reducida activi-
dad criminal en la que la prioridad es fortalecer la
proximidad policial y la confianza ciudadana.
La incorporación del IPI permitió identificar
territorios expuestos a la influencia de zonas
colindantes de alta criminalidad, aun sin even-
tos focales significativos. Este procedimiento
anticipa la expansión territorial de la violencia
mediante búferes de influencia, fundamentados
en principios de criminología ambiental y geo-
grafía del crimen, aplicados al análisis territorial
comparativo y prospectivo.
Hiperfocalización del servicio policial
La hiperfocalización del servicio es una estrate-
gia operativa avanzada que concentra, de forma
intensiva y diferenciada, recursos y capacidades
institucionales en microterritorios categorizados
mediante la metodología propuesta. Identificado
el nivel de riesgo, la tipología delictiva, la intensi-
dad del daño y la dinámica espacial, se diseñaron
y ejecutaron estrategias de servicio diferenciadas
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Caracterización territorial para la hiperfocalización del servicio policial
diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
40
ajustadas a las particularidades de cada categoría
territorial específica.
Este enfoque permite transitar de una interven-
ción homogénea a una intervención selectiva y
adaptativa, en la que el despliegue del servicio se
define según la criticidad territorial, los patrones
de concentración criminal y la proximidad espa-
cial. La hiperfocalización optimiza los recursos
institucionales, incrementa la efectividad opera-
tiva y reduce el impacto delictivo mediante ac-
ciones focalizadas y coherentes con la realidad
específica de cada espacio intervenido. Además,
genera mejoras en la eficiencia de asignación y
brinda mayor precisión en la identificación de
territorios prioritarios, según los resultados pre-
liminares del modelo evaluado en su fase inicial
operativa y estratégica.
Ventajas del modelo propuesto
El modelo propuesto presenta ventajas compara-
tivas frente a metodologías tradicionales de ca-
racterización territorial. En primer lugar, integra
múltiples dimensiones del fenómeno criminal en
un marco analítico coherente que supera los en-
foques unidimensionales. En segundo lugar, in-
corpora técnicas geoespaciales avanzadas que
capturan la propagación espacial del delito y
los efectos de contigüidad territorial, aspectos
Gráfico 1
Resultados finales de la caracterización
territorial por distritos
Leyenda
Distritos
Caracterización
Provincias
140 distritos
Alto - 45
Bajo - 39
Medio - 56
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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Caracterización territorial para la hiperfocalización del servicio policial
diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
41
habitualmente ausentes en análisis criminológi-
cos convencionales.
En tercer lugar, el uso del índice de daño
basado en penas mínimas del COIP aporta una
métrica de ponderación jurídicamente funda-
mentada y democráticamente legítima que refleja
el consenso social sobre la gravedad de los delitos.
En cuarto lugar, la aplicación del AHP garantiza
consistencia metodológica y elimina arbitrarie-
dades en la asignación de pesos. Finalmente, la
metodología es replicable, escalable y adaptable
a diversos contextos territoriales y facilita su
implementación sistemática a nivel nacional
institucional y operativa comparada.
Limitaciones y desafíos
Pese a sus múltiples fortalezas, el modelo presen-
ta ciertas limitaciones que deben reconocerse. La
calidad de los resultados depende de la calidad y
completitud de los datos de entrada, por lo que
territorios con subregistro delictivo significativo
podrían clasificarse erróneamente como de baja
criticidad. La georreferenciación precisa de even-
tos delictivos requiere capacidades tecnológicas y
procedimientos estandarizados que no están dis-
ponibles en todos los niveles institucionales.
Adicionalmente, la definición de los radios
de influencia para los búferes, aunque se basa en
literatura especializada, requiere validación empí-
rica continua que considere las especificidades del
contexto ecuatoriano. El coeficiente de atenuación
IPI también requiere estudios complementarios
para determinar su valor óptimo en distintos
tipos de delitos y configuraciones territoriales.
Conclusiones
El análisis espacial de la violencia criminal per-
mitió confirmar que su distribución en los distri-
tos policiales de Ecuador no responde a patrones
aleatorios, sino a configuraciones territoriales es-
tructurales caracterizadas por dinámicas específi-
cas de concentración, dispersión y proximidad. La
aplicación de técnicas geoespaciales avanzadas,
como búferes de influencia y el CCDI, eviden-
ció que territorios sin registros elevados de homi-
cidios pueden presentar altos niveles de presión
criminal. Así, se superan las limitaciones de los
enfoques tradicionales basados exclusivamente en
tasas de homicidio.
La integración sistémica de las cuatro dimen-
siones estructurales —homicidios intencionales,
mercados criminales, delitos contra la seguridad
ciudadana y grupos de crimen organizado—
ponderadas mediante un índice de daño jurídi-
camente anclado en las penas mínimas del COIP
y en técnicas de análisis multicriterio, permitió
construir una medida compuesta del impacto
territorial de la violencia. Esta aproximación
metodológica permitió cuantificar con mayor
precisión la severidad y el alcance del fenómeno
criminal, al incorporar tanto los efectos directos
como los impactos indirectos provenientes de
territorios colindantes, lo que representa un apor-
te sustantivo frente a métricas convencionales
unidimensionales.
La clasificación de los territorios según ni-
veles de criticidad territorial, basada en el índice
compuesto desarrollado, constituye un soporte
sólido para la hiperfocalización del servicio poli-
cial. Esta clasificación facilita la transición desde
modelos homogéneos y reactivos hacia estrategias
operativas diferenciadas, preventivas y basadas en
evidencia. La caracterización territorial obtenida
fortalece la priorización institucional de recursos
y la planificación estratégica en seguridad pública.
Además, consolida un enfoque de gestión territo-
rial que reconoce la heterogeneidad espacial del
fenómeno criminal y mejora la efectividad de las
intervenciones policiales.
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diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico
Institucional “Servir y Proteger con Firmeza”:
hacia la mejora continua policial
Monitoring and Evaluation of the Institutional Strategic Horizon “Servir y
Proteger con Firmeza”: Toward Continuous Improvement in Policing
Christian Mauricio Espinosa Melo
1
Juan Carlos Custode Vinueza
2
Carla Elizabeth Balseca Beltrán
3
Henry Patricio Piñaloza Piñaloza
4
Recibido: 12 de abril de 2026
Aceptado: 19 de abril de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
Este artículo interpreta los resultados de la herramienta de planificación de la Policía Nacional deno-
minada Horizonte Estratégico Institucional “Servir y Proteger con Firmeza”, en sus fases de seguimiento y
evaluación, y desde la evidencia, plantea acciones de mejora continua. La metodología es mixta y el di-
seño es secuencial-explicativo. Se efectuó un análisis minucioso de siete informes técnico-instituciona-
les, que incluyeron documentos de operativización y registros comparativos de violencia, delincuencia,
productividad policial y posicionamiento comunicacional. Los resultados muestran que la herramien-
ta alcanzó 33,09% de avance al cierre de 2025. Además, contribuyó a contener la violencia por debajo
del escenario crítico proyectado e identificó brechas y lecciones aprendidas.
Palabras clave: seguimiento; evaluación; resultados; lecciones aprendidas; mejora continua.
Abstract
is article interprets the results of the National Police’s planning tool known as the Institutional
Strategic Horizon “Servir y Proteger con Firmeza”, during its monitoring and evaluation phases, and to
propose actions for continuous improvement based on evidence. e methodology is mixed, and the
design is sequential-explanatory. A thorough analysis was conducted of seven technical-institutional
reports, which included operationalization documents and comparative records on violence, crime, po-
lice productivity, and communication positioning. e results show that the tool achieved 33.09% pro-
gress by the end of 2025. It also helped keep violence below the projected critical scenario and identi-
fied gaps and lessons learned.
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, cmem171@hotmail.com, 0009-0009-2012-3183
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, juan.custode@hotmail.com,
0009-0005-4460-7917
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, balsecacarla@gmail.com,
0009-0003-2273-0207
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, h.pato2099@hotmail.com,
0009-0008-5036-9929
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
44
Keywords: monitoring; evaluation; results; les-
sons learned; continuous improvement.
Introducción
La gestión estratégica en las instituciones pú-
blicas adquiere valor cuando orienta la acción,
produce resultados verificables y permite co-
rregir errores. Desde la gestión por resultados,
el Horizonte Estratégico Institucional “Servir y
Proteger con Firmeza” articula conducción insti-
tucional, la asignación de recursos y la prestación
del servicio policial en función de resultados ob-
servables. Este enfoque fortalece la creación de
valor público mediante una dirección eficaz, efi-
ciente y orientada a la mejora continua (BID y
CLAD 2007, citado en Banco Interamericano de
Desarrollo [BID] 2015).
El Horizonte Estratégico Institucional (de aho-
ra en adelante, HEI), herramienta de planifica-
ción de la Policía Nacional, surgió en un contexto
de alta presión criminal, deterioro de la seguridad
pública y necesidad de reorganizar la respuesta
frente a la violencia, delincuencia y la afectación
territorial. Su arquitectura integró objetivos,
hitos, políticas, lineamientos, componentes de
operativización y la Estrategia Operacional 3D,
con el fin de convertir la dirección estratégica en
un despliegue policial concreto, territorializado y
evaluable. En este sentido, el HEI constituye un
instrumento de conducción orientado a mejorar
la gestión institucional y el servicio policial.
Este artículo analiza e interpreta los avances y
los resultados del HEI en sus fases de seguimiento
y evaluación. En la fase de seguimiento, se verifica
el porcentaje de avance y se examina el estado de
la violencia, delincuencia y productividad policial
mediante comparaciones temporales y evidencia
estadística. En la fase de evaluación, interpreta re-
sultados intermedios, identifica brechas, recupera
las lecciones aprendidas y plantea orientaciones de
mejora continua. El BID sostiene que la eficacia
institucional se fortalece cuando el seguimiento y
la evaluación retroalimentan la toma de decisio-
nes con base en estadísticas y evidencia objetiva
(BID 2015).
Objetivo general
Analizar e interpretar los avances y resultados
del Horizonte Estratégico Institucional “Servir y
Proteger con Firmeza”, en sus fases de seguimien-
to y evaluación, con el fin de proponer acciones de
mejora continua para el direccionamiento estra-
tégico institucional.
Objetivos específicos
• Determinar el porcentaje de avance del
HEI desde su implementación inicial.
• Analizar el impacto del HEI en los nive-
les de violencia, delincuencia y producti-
vidad policial.
• Interpretar los resultados intermedios
obtenidos en función de la operativiza-
ción del HEI.
• Identificar brechas, aprendizajes y opor-
tunidades de mejora orientadas a fortale-
cer la gestión y el direccionamiento estra-
tégico institucional.
Metodología
La investigación se desarrolló con un enfoque
mixto, con predominio inicial del componente
cuantitativo y apoyo cualitativo posterior, median-
te un diseño secuencial explicativo (cuan→cual).
El estudio es de tipo aplicado, no experimental y
longitudinal comparativo.
La fase cuantitativa correspondió a los objeti-
vos específicos 1 y 2, centrados en medir el avance
del HEI y analizar comparativamente los niveles
de violencia, delincuencia y productividad policial
en distintos períodos. La fase cualitativa, por su
lado, respondió a los objetivos 3 y 4 del HEI,
orientados a interpretar resultados intermedios,
brechas, aprendizajes y oportunidades de mejora.
Las unidades de análisis las constituyeron sie-
te informes técnico-institucionales, complemen-
tados con el HEI, la Estrategia Operacional 3D
y el documento de operativización. Se aplicaron
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
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45
estadística descriptiva, comparaciones tempora-
les, frecuencias, porcentajes, tasas y variaciones
absolutas y relativas. Posteriormente, se efectuó
una interpretación analítica de los hallazgos para
valorar resultados, identificar brechas y formular
propuestas de mejora continua.
Esta integración responde a la lógica de los
métodos mixtos, que articulan la recolección,
análisis e integración de datos cuantitativos y cua-
litativos, así como al diseño explicativo secuencial
descrito por Hernández y Mendoza (2018).
Resultados
El seguimiento se define como un proceso perió-
dico orientado a conocer el avance en el uso de
los recursos y el logro de los objetivos (Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica
2018). A partir de este entendido, los resultados
se organizaron en dos planos: los objetivos especí-
ficos 1 y 2 correspondieron al seguimiento cuan-
titativo, mientras que los objetivos específicos 3 y
4 se orientaron a la evaluación y retroalimenta-
ción. El seguimiento se sustentó en informes del
Comando General. Por su parte, la evaluación in-
tegró informes de planificación del Subcomando
y de comunicación estratégica institucional.
Porcentaje de avance del HEI
La Secretaría Nacional de Planificación (2024, p.
36) señaló que los indicadores permiten comparar
los resultados esperados con los resultados obte-
nidos en un período determinado. Además, faci-
litan el análisis del cumplimiento de los objetivos
institucionales y la definición de acciones a partir
de los resultados alcanzados.
En ese marco, el Comando General estable-
ció que, con corte al 31 de diciembre de 2025, la
versión 2 del HEI alcanzó un avance consolida-
do de 33,09 %, el cual incluye los lineamientos
transversales (Policía Nacional del Ecuador
2026f; 2026g). El mayor peso del cumplimiento
se concentró en el Hito 3,
5
con el 6,64 % de
5 Sobre Proximidad comunitaria y vigilancia con respuesta
oportuna
Gráfico 1
Avance del Horizonte Estratégico Institucional (mayo-diciembre de 2025)
Hito 10
3.34 %
Hito 9
1.50 %
Hito 6
1.72 %
Hito 1
5.94 %
Hito 2
2.21 %
Hito 3
6.64 %
Hito 5
2.75 %
Hito 4
2.36 %
Hito 7
0.17 %
Hito 8
2.12 %
Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica.
Elaboración: por los autores.
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46
avance, y el Hito 1,
6
con el 5,94 %. Le siguieron
los lineamientos transversales con el 4,34 % y
el Hito 10,
7
con el 3,34 % (Policía Nacional del
Ecuador 2026f).
Además, el Comando General y la Dirección
Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
reportaron que el HEI contribuyó a ordenar
el despliegue institucional de la planificación
2026 y a construir una metodología formal de
seguimiento, con ponderaciones, responsables y
entregables (Policía Nacional del Ecuador 2026a;
2026f).
Análisis comparativo de violencia,
delincuencia y productividad policial
Niveles de violencia
El seguimiento aporta información sobre el avan-
ce de la intervención, mientras que la evaluación
profundiza en sus causas, resultados e impactos.
Por tanto, ambos procesos son esenciales para
6 Sobre Intervención focalizada y contundente contra las es-
tructuras delictivas de naturaleza criminal.
7 Sobre Presupuesto por resultados.
fortalecer la toma de decisiones y mejorar la ges-
tión pública (García y García 2015).
En el caso de la violencia, el Comando
General reportó que la implementación del HEI
se produjo en un escenario crítico. Entre diciembre
de 2024 y enero de 2025 los homicidios intencio-
nales pasaron de 713 a 800 casos. Esta variación
permitió proyectar para 2025 un escenario crítico
de 11945 homicidios y un tendencial de 9022
(Policía Nacional del Ecuador 2026g). Durante
los primeros cinco meses de 2025, la trayectoria
real se acercó al escenario crítico en el que mayo
fue el mes más violento, con 935 homicidios.
A partir del 14 de mayo de 2025, cuando co-
menzaron a ejecutarse las disposiciones asociadas
al HEI, se observó una alteración temprana de la
tendencia. En junio los homicidios descendieron
a 574 eventos, es decir, 361 menos que en mayo;
en julio se registraron 637 (Policía Nacional del
Ecuador 2026f; 2026g). Con la aprobación for-
mal del HEI el 31 de agosto de 2025, la serie se
estabilizó sobre el escenario tendencial.
Entre septiembre y diciembre de 2025 el pro-
medio mensual fue 793 homicidios, cifra inferior
al promedio mensual de 1127 que habría corres-
pondido al escenario crítico. Al cierre del año, se
contabilizaron 9235 homicidios intencionales,
Gráfico 2
Homicidios intencionales en Ecuador (enero-diciembre de 2024 y escenarios a 2025)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2024
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
2025
Ago Sep Oct Nov Dic
507
388
536
526
585
611
600
622
610
700
665
713
540
503
527
508
517
501
513
466
522
519
490
493
670
662
711
713
741
741
807
824
823
812
772
744
800
821
895
918
965
987
1031
1017
1102
1127
1125
1155
800
750
857
741
935
767
848
792
768
766
637
574
Homicidios intencionales 2024 Escenario tendencial Escenario utópico Escenario crítico 2025
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información.
Elaboración: por los autores.
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Christian Mauricio Espinosa Melo, Juan Carlos Custode Vinueza
Carla Elizabeth Balseca Beltrán, Henry Patricio Piñaloza Piñaloza
Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
47
Gráfico 3
Homicidios intencionales en Ecuador (enero-diciembre de 2023, 2024 y 2025)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2023 2024 2025
768
848
792
766
767
637
574
935
741
750
857
800
534
505
659
645
662
710
795
602
781
833
766
756
507
588
536
526
585
611
600
622
610
700
665
713
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información.
Elaboración: por los autores.
Gráfico 4
Homicidios intencionales en Ecuador 2025 y 2026* (aprobación del HEI)
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 8
Sem 9
Sem 10
Sem 11
Sem 12
Sem 13
Sem 14
Sem 15
Sem 16
Sem 17
Sem 18
Sem 19
Sem 20
Sem 21
Sem 22
Sem 23
Sem 24
Sem 25
Sem 26
Sem 27
Sem 28
Sem 29
Sem 30
Sem 31
Sem 32
Sem 33
Sem 34
Sem 35
Sem 36
Sem 37
Sem 38
Sem 39
Sem 40
Sem 41
Sem 42
Sem 43
Sem 44
Sem 45
Sem 46
Sem 47
Sem 48
Sem 49
Sem 50
Sem 51
Sem 52
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Lanzamiento
del Horizonte
Estratégico
Inicio de
gestión
Inicio
intervención
X.I.
31 ago 2025
aprobación
V. I
174
179
199
187
100
155
192
212
208
235
181
175
176
105
176
185
185
220
244
200
178
178
147
125
138
112
2025 2026
H.I.
133
143
145
148
130
202
157
144
202
103
177
109
195
174
100
168
100
100
245
101
170
100
200
105
107
169
194
210
149
100
159
143
165
170
30 sep 2025
aprobación
V. 2
20 dic 2025
Operativización
01 ene 2026
aprobación
V. 3
Lineal (H.I.)Lim. sup Lim. inf.Prom.
Escenario crítico:
972
homicidios intencionales
Escenario tendencial:
774
homicidios intencionales
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información.
Elaboración: por los autores.
* Con corte del 1 de enero de 2025 al 22 de febrero de 2026.
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 43-56
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
48
es decir, 2710 menos que la proyección crítica.
Además, entre el 1 de enero y el 22 de febrero
de 2026 se registraron 1266 homicidios frente a
1377 en el mismo período de 2025, lo que repre-
senta 111 casos menos y una reducción de 8%
(Policía Nacional del Ecuador 2026g).
En relación con la delincuencia, la compara-
ción temporal muestra una evolución favorable de
los períodos de vigencia del HEI. El Comando
General determinó que, entre el 14 de mayo y el
31 de agosto de 2025, período que coincide con la
construcción y la implementación temprana del
HEI, se registró un decremento de 736 delitos del
Cuadro de Mando Integral respecto del mismo
período en 2024, con reducciones en todos los
delitos analizados (Policía Nacional del Ecuador
2026g).
Durante el período de transición entre la
versión 1 y la versión 2 del HEI, es decir entre
el 31 de agosto y el 30 de septiembre de 2025,
se observó un comportamiento menos favorable
en algunos delitos. Sin embargo, incluso en ese
tramo se registraron 79 delitos menos que en el
mismo período del año anterior. Una vez aproba-
da la versión 2 del HEI, el período comprendido
entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre
de 2025 mostró nuevamente una reducción de
la violencia, con una caída de 1232 delitos, que
equivale a 7% frente al mismo período de 2024
(Policía Nacional del Ecuador 2026g).
Al cierre de 2025, se registraron 71725 deli-
tos frente a 73512 en 2024. Esto representa una
disminución total de 1787 delitos, equivalente
a una reducción general del 2 %. A su vez, la
Dirección Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica reportó que, entre el 9 de septiembre
y el 31 de diciembre de 2025, se registró una re-
ducción de 1259 delitos (-6%) en seis de los siete
indicadores estratégicos del Cuadro de Mando
Integral (CMI) con tendencia sostenida a la baja
(Policía Nacional del Ecuador 2026b; 2026g).
En 2026 la tendencia se profundizó: hasta el
22 de febrero se registraron 2848 delitos menos
que en el mismo período de 2025, lo que equivale
a una reducción de 27%. No obstante, el prin-
cipal reto se mantuvo en el robo en ejes viales y
en articulación con la Estrategia Operacional 3D
(Policía Nacional del Ecuador 2026g).
Tabla 1
CMI 2024 frente a CMI 2025 (enero-mayo) *
Delitos
Año 2024
Año 2025
bariación
absoluta
bariación
porcentual
Peso año
2025
Robo a
personas
10 519 10 424
-95
-1 % 37,65 %
Robo a
motos
6 300 7 388
1 088
17 % 26,69 %
Robo a
carros
4 032 3 933
-99
-2 % 14,21 %
Robo a
bienes y
autopartes
2 610 2 665
55
2 % 9,63 %
Robo a
domicilios
2 362 1 919
-443
-19 % 6,93 %
Robo a U.
económicas
1 632 1 309
-326
-20 % 4,73 %
Robo a ejes
viales o
carreteras
149 46
-103
-69 % 0,17 %
Total 27 607 27 684
77
0 % 100 %
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre el 1 de enero al 14 de mayo de 2024 frente
a 2025
Tabla 2
CMI 2024 frente a CMI 2025 (mayo-agosto) *
Delitos
Año 2024
Año 2025
bariación
absoluta
bariación
porcentual
Peso año
2025
Robo a
personas
8 531 8 524
-07
-0 % 39,78 %
Robo a
motos
5 306 5 154
-152
-3 % 24,05 %
Robo a
carros
3 263 3 155
-108
-3 % 14,72 %
Robo a
bienes y
autopartes
2 135 1 930
-205
-10 % 9,01 %
Robo a
domicilios
1 783 1 606
-177
-10 % 7,49 %
Robo a U.
económicas
1 061 1 007
-54
-5 % 4,70 %
Robo a ejes
viales o
carreteras
87 54
-33
-38 % 0,25 %
Total 22 166 21 430
-736
-3 % 100 %
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre el 14 de mayo al 31 de agosto de 2024 fren-
te a 2025
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
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Carla Elizabeth Balseca Beltrán, Henry Patricio Piñaloza Piñaloza
Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
49
Tabla 3
CMI 2024 frente a CMI 2025
(agosto-septiembre) *
Delitos
Año 2024
Año 2025
bariación
absoluta
bariación
porcentual
Peso año
2025
Robo a
personas
2 295 2 400
105
5 % 39,36 %
Robo a
motos
1 426 1 425
-1
0 % 23,37 %
Robo a
carros
875 960
85
10 % 15,74 %
Robo a
bienes y
autopartes
613 541
-72
-12 % 8,87 %
Robo a
domicilios
497 455
-42
-8 % 7,46 %
Robo a U.
económicas
302 295
-7
-2 % 4,84 %
Robo a ejes
viales o
carreteras
11 22
11
-100 % 0,36 %
Total 6 019 6 098
-79
1 % 100 %
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre el 31 de agosto al 30 de septiembre de 2024
frente a 2025.
Tabla 4
CMI 2024 frente a CMI 2025
(septiembre-diciembre) *
Delitos
Año 2024
Año 2025
bariación
absoluta
bariación
porcentual
Peso año
2025
Robo a
personas
7142 6897
-245
-3 % 40,33 %
Robo a
motos
4496 4017
-479
-11 % 23,47 %
Robo a
carros
2650 2627
-23
-1 % 15,35 %
Robo a
bienes y
autopartes
1657 1553
-104
-6 % 9,07 %
Robo a
domicilios
1307 1207
-100
-8 % 7,05 %
Robo a U.
económicas
1052 777
-275
-26 % 4,54 %
Robo a ejes
viales o
carreteras
44 38
-6
-14 % 0,22 %
Total 18348 17116
-1232
-7 % 100 %
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre el 30 de septiembre al 31 de diciembre de
2024 frente a 2025
Gráfico 5
CMI 2024 frente a CMI 2025 (enero-diciembre) *
Nivel nacional
2024
Robo a personas 20 210 27 990 -220
2025
-1 %
Robo a ejes
viales o carreteras
287 159 -128 -45 %
Robo a U.
económicas
4016 3358 -658 -16 %
Robo a
domicilios
5912 5137 -775 -13 %
Robo a bienes
y autoparates
6957 6629 -328 -5 %
Robo a carros 10 730 10 602 -128 -1 %
Robo a motos 17 392 17 850 458
3 %
Valor absoluto
-2 %
Valor porcentual
-1 787
73 512 71 725
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la información.
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre enero y diciembre 2024 frente a 2025
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 43-56
Christian Mauricio Espinosa Melo, Juan Carlos Custode Vinueza
Carla Elizabeth Balseca Beltrán, Henry Patricio Piñaloza Piñaloza
Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
50
Productividad policial
Calle García et al. (2025) sostienen que las orga-
nizaciones que implementan procesos de evalua-
ción continua pueden identificar desviaciones de
manera temprana y aplicar las correcciones nece-
sarias. Esto favorece una distribución más eficien-
te de los recursos y una mejora de la productividad.
En relación con ello, la comparación de la
productividad policial entre 2024 y 2025 mostró
una evolución favorable durante la vigencia del
HEI. El Comando General reportó que, en 2025,
los resultados superaron los registros de 2024 en
armas de fuego incautadas, armas blancas, moto-
cicletas recuperadas, vehículos retenidos, vehícu-
los recuperados y explosivos. El balance general
permitió identificar un incremento agregado de
12 % en la productividad policial respecto del
período anterior (Policía Nacional del Ecuador
2026f; 2026g).
La tendencia continuó en 2026. Hasta el
22 de febrero se registraron 9524 personas
detenidas o aprehendidas, 1739 armas de fuego
incautadas, 23 toneladas de droga decomisada,
12 457 explosivos, 1299 motocicletas y 779
vehículos recuperados, entre otros resultados re-
levantes (Policía Nacional del Ecuador 2026g).
Otro de los resultados fue que la proximidad
comunitaria mostró una evolución favorable.
La colocación de códigos QR en locales comer-
ciales pasó de 913, al 14 de mayo de 2025, a
8790, al 22 de febrero de 2026. Asimismo, los
contactos ciudadanos o escaneos aumentaron
de 65 711 a 2 020 049 en el mismo período
(Policía Nacional del Ecuador 2026g).
Gráfico 6
CMI 2025 frente a CMI 2026 (enero-febrero) *
Nivel Nacional
2025
Robo a personas 3918 3189 -19 %
2026
-729
Robo a ejes
viales o carreteras
14 39 +129 % +22
Robo a U.
económicas
530 366 -31 % -164
Robo a
domicilios
757 654 -14 % -103
Robo a biene
y autoparates
995 688 -31 % -307
Robo a carros 1496 1102 -26 % -394
Robo a motos 2854 2108 -26 %
-746
Valor absoluto
-23 %
Valor porcentual
-2 421
10 567 8146
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre 1 de enero al 21 de febrero de 2025 frente a 2026
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 43-56
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
51
Gráfico 7
Productividad general, 2024 y 2025 *
Alerta de emergencias atendidas
2 257 236 2 268 775
Droga decomisada
294 619 TN 227 102 TN
Afectación económica (Ecuador)
$623 434 122 63 $480 471 134 78
Uso progresivo de la fuerza (neutralidad)
121 132
Armas de fuego
10 431 10 625
Detenidos/aprehendidos
73 425 71 399
Motocicletas recuperadas
8 998 10 174
Motocicletas retenidas
46 433 35 449
Vehículos recuperados
5 968 6 323
Vehículo retenidos
18 408 19 778
Objetivos de alto valor (OAV)
13 20
Objetivo de intermedio valor (OIV)
134 143
Más buscados
42 44
Municiones
410 971 242 094
Explosivos
65 609
2024 2025
136 170
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 frente a 2025
Gráfico 8
Productividad general, 2024 y 2025 *
2025 2024
Explosivos
6 323
5 968
65 609
19 778
18 408
10 174
8 998
21 986
21 307
10 625
10 431
Vehículos recuperados
Vehículos retenidos
Motocicletas recuperadas
Armas blancas
Armas de fuego
136 170
Fuente:Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
*Con corte entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 frente a 2025
ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
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Carla Elizabeth Balseca Beltrán, Henry Patricio Piñaloza Piñaloza
Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
52
Interpretación de resultados
intermedios
El Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (2018) define la evaluación como una
valoración que comprende un análisis sistemático
y objetivo, basado en criterios de valor preestable-
cidos, que permite emitir juicios y medir una in-
tervención. Desde esta perspectiva, los resultados
intermedios alcanzados por el HEI muestran que
su principal valor no radica únicamente en orde-
nar acciones, sino en convertir la planificación en
conducción efectiva, despliegue territorial, segui-
miento técnico y ajuste institucional.
El Comando General evidenció que el HEI
pasó del plano declarativo al operativo mediante
disposiciones formales, entregables, matrices de
avance, informes de seguimiento y una metodolo-
gía de evaluación. Al mismo tiempo, la Dirección
Nacional de Planificación y Gestión Estratégica
consolidó la metodología de seguimiento, clasificó
los lineamientos por plazo, determinó los entre-
gables con responsables y diseñó los instrumentos
específicos de la operativización (Policía Nacional
del Ecuador 2026a; 2026f).
En este sentido, García y García (2015)
sostienen que la diferencia fundamental entre
seguimiento y evaluación radica en que el primero
ofrece información sobre el cumplimiento de los
objetivos y los efectos de una política, programa o
proyecto, mientras que la evaluación explica por
qué esos objetivos o efectos se logran, o no se lo-
gran. Bajo esa lógica, la reducción de la violencia, la
disminución de la delincuencia y el incremento de
la productividad no responden a acciones aisladas,
sino a una operativización estructurada del HEI.
La Dirección Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica sostuvo que los resultados
guardan relación directa con la intervención
territorial hiperfocalizada y el control de las
economías criminales. A su vez, el Subcomando
General señaló que la aplicación de los diez hitos
del HEI generó un cambio en el comportamiento
delictivo y favoreció la institucionalización de
un modelo de intervención territorial (Policía
Nacional del Ecuador 2026b; 2026d).
Gráfico 9
Productividad general (enero-febrero de 2026) *
Detenidos/aprehendidos
Armas de fuego
Municiones
Explosivos
Armas blancas
Droga decomisada
Abatidos
Vehículos retenidos
Motos retenidas
Motos recuperadas
Vehículos recuperados
Fuente: Dirección Nacional de Análisis de la Información .
Elaboración: por los autores.
* Con corte entre 1 de enero al 22 de febrero de 2026
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
53
La evaluación también muestra que el HEI
produjo efectos institucionales más amplios que
los operativos. El Comando General reportó que el
HEI permitió ordenar el despliegue institucional
de la planificación 2026, sustentar técnicamente el
Plan Estratégico Institucional 2025–2029, diseñar
y aprobar oportunamente el Plan Operativo Anual
Integrado 2026 y mejorar la metodología del
sistema de planificación por resultados (Policía
Nacional del Ecuador 2026f).
A ello hay que añadir que la versión 3 del
HEI cuenta con 192 lineamientos de corto plazo
operativizados. Además, el documento de opera-
tivización dispuso alinear de manera obligatoria
los planes específicos y operativos de la institución
con los hitos, políticas y lineamientos del modelo
estratégico institucional (Policía Nacional del
Ecuador 2026c; 2026j). Del mismo modo, la
Estrategia Operacional 3D reforzó la dirección
estratégica en acciones operativas concretas,
diferenciadas y sostenidas en territorio (Policía
Nacional del Ecuador 2026i). En consecuencia,
el HEI no solo operó en el territorio, sino que
activó instrumentos de gobernanza, planificación,
control, bienestar y posicionamiento institucional.
Brechas, aprendizajes y
oportunidades de mejora
El BID (2011) define las lecciones aprendidas co-
mo el conocimiento adquirido sobre un proceso o
una experiencia, a partir de la reflexión y el análisis
crítico de sus resultados, así como de los factores o
condiciones que pudieron incidir en su éxito u obs-
taculizarlo. A partir de esta definición, de los infor-
mes se desprende que la principal lección del pro-
ceso es que el HEI produjo resultados observables,
pero su consolidación futura depende de fortalecer
la institución policial, la consolidación de la meto-
dología y la sostenibilidad operativa.
Entre las brechas más relevantes se identifican
la resistencia al cambio frente a un instrumento de
planificación nuevo, la persistencia de una cultura
organizacional fragmentada, el cumplimiento
tardío o incoherente de los entregables, el limi-
tado conocimiento técnico en algunos equipos
de planificación y las dificultades para homologar
interpretaciones de hitos, políticas y lineamientos
(Policía Nacional del Ecuador 2026a; 2026f ).
Se suman las brechas operativas advertidas por
los informes: baja ejecución de algunos operativos
antidelincuenciales, interagenciales e interinstitu-
cionales; limitaciones en la georreferenciación del
impacto; debilidades en la investigación previa;
restricciones logísticas y financieras; y vacíos en la
atención psicosocial del personal policial (Policía
Nacional del Ecuador 2026f).
Sin embargo, también emergen lecciones
positivas de alto valor institucional. La focaliza-
ción territorial mostró mayor efectividad que la
asignación reactiva de los recursos, mientras que
la articulación entre prevención, investigación
e inteligencia fortaleció la presión operativa.
Además, el seguimiento técnico permitió detectar
desviaciones y la proximidad comunitaria reforzó
la legitimidad de la intervención policial (Policía
Nacional del Ecuador 2026b; 2026d; 2026g).
Desde una lógica de gestión basada en
evidencia, la mejora continua depende de la ca-
pacidad institucional para observar el desempeño,
interpretar los resultados y convertir esa informa-
ción en ajustes oportunos. En esa línea, el BID
(2016) vincula el seguimiento y la evaluación con
la verificación de la eficiencia y eficacia de las
intervenciones para orientar la mejora continua
(Banco Interamericano de Desarrollo 2016, 88).
En consecuencia, las acciones de mejora de-
rivadas de este estudio se orientan a formular una
guía institucional de operativización, seguimien-
to, evaluación y mejora continua; documentar
procesos y estandarizar medios de verificación;
y reajustar lineamientos cuando la ejecución
evidencie desajustes. También busca acoplar los
lineamientos a las realidades territoriales; fortale-
cer la capacitación y socialización del instrumen-
to; consolidar equipos técnicos de planificación;
e incorporar la gestión de riesgos y amenazas al
seguimiento de hitos, políticas y lineamientos.
Discusión
De acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(2020, p. 10), “lo que se mide se puede mejorar”.
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Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
54
A la luz de los resultados obtenidos, esta premi-
sa adquiere relevancia en el caso del Horizonte
Estratégico Institucional “Servir y Proteger con
Firmeza”, porque el valor principal del proceso
radicó en convertir una estrategia en un instru-
mento medible, verificable y ajustable. El avan-
ce de 33,09%, registrado al 31 de diciembre de
2025, debe interpretarse como evidencia de que la
institución activó un sistema real de seguimiento
en una estrategia cuya arquitectura incluía com-
ponentes de corto, mediano y largo plazo.
Uno de los hallazgos más relevantes es que el
HEI se encuentra asociado con una modificación de
la trayectoria de seguridad pública. La proyección
de violencia indicaba una posible escalada mayor.
Sin embargo, tras la intervención institucional ini-
ciada en mayo de 2025, la curva de homicidios se
ubicó sobre el escenario tendencial y proyectó una
reducción adicional a inicios de 2026. En el mismo
sentido, la disminución de la delincuencia y el
incremento de la productividad policial muestran
que los resultados asociados al HEI se extendieron
desde la contención de la violencia letal hacia el
comportamiento delictivo general y la capacidad
operativa de la Policía Nacional.
Otro aspecto importante es que el HEI pro-
dujo resultados que desbordan el plano operativo.
Los informes muestran que ordenó el despliegue
institucional de la planificación 2026, sirvió de
base para el Plan Estratégico Institucional 2025-
2029 y el Plan Operativo Anual Integrado 2026,
y facilitó la aprobación del Modelo de Servicio,
entre otros planes y proyectos que se encuentran
en ejecución. En otras palabras, el HEI contri-
buyó a mejorar resultados externos, inició un
proceso de reordenamiento de la gestión interna e
instaló una lógica de planificación por resultados
y mejora continua de la institución.
La incorporación progresiva de las versiones
2 y 3 del HEI, así como la integración de la
Estrategia Operacional 3D y del documento de
operativización, refuerzan una idea central: el
Horizonte Estratégico Institucional mostró capa-
cidad para corregir, adaptarse y evolucionar. Sin
embargo, el principal desafío consiste en asegurar
su sostenibilidad. Los hallazgos muestran que
persisten brechas de apropiación institucional,
cultura organizacional, calidad del cumplimiento
y soporte operativo.
Entonces, la principal enseñanza de esta fase
es estratégica: una buena hoja de ruta bien es-
tructurada puede generar avances relevantes, pero
su consolidación dependerá de que la institución
fortalezca su cultura de planificación, internalice
el seguimiento y la evaluación como prácticas
permanentes, y convierta la mejora continua en
parte de su identidad organizacional.
Conclusiones
El Horizonte Estratégico Institucional “Servir y
Proteger con Firmeza” operó como un instrumen-
to real de direccionamiento estratégico y no como
una formulación de alto nivel. El avance consoli-
dado del 33,09% registrado al 31 de diciembre
de 2025 evidencia el ingreso a una fase efectiva
de ejecución, monitoreo y control. Este resultado
muestra la transición de la definición estratégica
a la acción concreta mediante disposiciones, pro-
ductos, entregables, planes de acción, seguimien-
to y herramientas de evaluación.
Este avance debe interpretarse según la
temporalidad del instrumento, que prevé una
implementación progresiva con lineamientos
a mediano y largo plazo. Por tanto, expresa la
activación del sistema estratégico y la instalación
gradual de las capacidades institucionales para el
seguimiento y la evaluación.
El análisis comparativo muestra que la vigen-
cia y operativización del HEI coincidieron con
resultados favorables en los tres ejes analizados.
En violencia, los hallazgos evidencian una alte-
ración positiva de la tendencia crítica de 2025,
al ubicar la violencia homicida por debajo del
escenario proyectado, estabilizarla en el escenario
tendencial y registrar una reducción adicional a
inicios de 2026. Este comportamiento sugiere
una desaceleración de la trayectoria de deterioro
de la seguridad ciudadana.
En delincuencia, se observó una reducción
sostenida al cierre de 2025 y a inicios de 2026,
asociada con una mayor focalización de los
recursos, presión territorial y orientación de
la acción policial hacia fenómenos de mayor
impacto. En materia de productividad policial,
la mejora en las variables estratégicas vinculadas
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Nº 12 junio 2026 • pp 43-56
Christian Mauricio Espinosa Melo, Juan Carlos Custode Vinueza
Carla Elizabeth Balseca Beltrán, Henry Patricio Piñaloza Piñaloza
Seguimiento y evaluación del Horizonte Estratégico Institucional “Servir
y Proteger con Firmeza”: hacia la mejora continua policial
55
con las estructuras criminales, bienes recuperados,
incautaciones y control de explosivos, junto con
el fortalecimiento de la proximidad comunitaria,
evidencia una mejor orientación estratégica, que
combina presión operativa con prevención, parti-
cipación y legitimidad institucional.
Los resultados intermedios evidencian que
los logros respondieron a una operativización
estructurada del HEI, reforzada por la Estrategia
Operacional 3D y el documento de operativiza-
ción. Esta arquitectura incidió simultáneamente
en los ejes de violencia, delincuencia y productivi-
dad policial, al ordenar la planificación institucio-
nal, sustentar el despliegue del PEI y del POAI,
generar instrumentos de gestión y fortalecer la
coordinación entre subsistemas. En consecuencia,
el HEI contribuyó a mejorar la imagen institucio-
nal, la legitimidad organizacional y la percepción
de un rumbo estratégico claro.
La evaluación concluye que el principal valor
del HEI no radica en los resultados observados,
sino en reinstalar una lógica sistemática de
seguimiento, evaluación y mejora continua en
el direccionamiento estratégico. No obstante, su
consolidación dependerá de superar resistencias
culturales, fortalecer la apropiación interna,
mejorar la calidad del cumplimiento, consolidar
equipos técnicos especializados, incorporar la
gestión de riesgos y sostener la retroalimentación
permanente como práctica institucional. Estas
condiciones son críticas para la sostenibilidad del
modelo y la potenciación de sus efectos.
En síntesis, el Horizonte Estratégico
Institucional “Servir y Proteger con Firmeza”
operó como un sistema estratégico activo, con
resultados observables en violencia, delincuencia
y productividad policial, y con efectos institucio-
nales que trascendieron el ámbito operativo. Su
implementación sentó las bases para un modelo
de gestión orientado a resultados, seguimiento
técnico y mejora continua. Su fortalecimiento
dependerá menos del diseño del instrumento
que de la madurez organizacional necesaria para
sostenerlo y profundizarlo en el tiempo.
Recomendaciones
• Consolidar el HEI como modelo insti-
tucional permanente de conducción, se-
guimiento, evaluación y mejora continua,
con apropiación transversal en todos los
niveles de gestión y servicio policial.
• Diseñar y aprobar una guía institucional
de operativización, seguimiento, evalua-
ción y retroalimentación, con metodo-
logías homogéneas, formatos estanda-
rizados, mecanismos de verificación y
criterios comunes de interpretación para
corregir brechas y fortalecer la trazabili-
dad del cumplimiento.
• Fortalecer la cultura organizacional
orientada a resultados mediante capaci-
tación, socialización, asistencia técnica y
consolidación de equipos de planificación
y evaluación, con incorporación de la ges-
tión de riesgos, amenazas, prospectiva y
soporte institucional para sostener en el
tiempo los resultados alcanzados.
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Nº 12 junio 2026 • pp 57-67 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Estrategia Operacional 3D: Un nuevo paradigma de
estrangulamiento del crimen organizado y desaceleración
del crecimiento de la violencia
3D Operational Strategy: A New Paradigm for Strangling Organized Crime
and Slowing the Growth of Violence
Pablo Vinicio Dávila Maldonado
1
Luis Tarquino Vinueza Calderón
2
Anderson Gabriel Rodríguez Chiriboga
3
Luis Daniel Chicaiza Sánchez
4
Recibido: 05 de abril de 2026
Aceptado: 25 de abril de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
Ecuador registró, entre 2020 y 2023, un incremento sin precedentes de la violencia asociada con el cri-
men organizado. La tasa de homicidios pasó de 5,5 por cada 100000 habitantes en 2018 a 47,25 en
2023, lo que ubicó al país entre los más violentos de América Latina. Este artículo analiza el fenómeno
criminal que motivó la creación de la Estrategia Operacional 3D —iniciales de debilitar, desorganizar y
desarticular estructuras criminales—, implementada por la Policía Nacional del Ecuador en enero de
2026. La metodología es descriptivo-explicativa, con enfoque cualitativo, basada en análisis documen-
tal y revisión bibliográfica. El estudio concluye que la Estrategia 3D responde a un diagnóstico técnico
del fenómeno criminal y articula tres ejes de intervención policial diferenciada, bajo criterios de respe-
to a los derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.
Palabras clave: crimen organizado; Estrategia Operacional; extorsión; minería ilegal; narcotráfico; se-
guridad ciudadana; violencia.
Abstract
Between 2020 and 2023, Ecuador saw a rise in violence linked to organized crime. e homicide ra-
te rose from 5.5 per 100,000 inhabitants in 2018 to 47.25 in 2023. e country ranked among the
most violent in Latin America. is article analyzes the criminal phenomenon that led to the crea-
tion of the 3D Operational Strategy —an acronym for “weaken, disorganize, and dismantle criminal
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, pablo70dm@gmail.com, 0009-0006-5831-5074
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, luvinue79@gmail.com,
0000-0003-0592-0386
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, ander.gabo.1996@gmail.com,
0009-0006-4479-5142
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, dannyfunky@hotmail.es,
0009-0008-1120-5278
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Anderson Gabriel Rodríguez Chiriboga, Luis Daniel Chicaiza Sánchez
Estrategia Operacional 3D: Un nuevo paradigma de estrangulamiento
del crimen organizado y desaceleración del crecimiento de la violencia
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structures”— implemented by the Ecuadorian
National Police since January 2026. e metho-
dology is descriptive-explanatory, with a quali-
tative approach, based on documentary analysis
and a literature review. e study concludes that
the 3D Strategy is based on a technical analy-
sis of criminal activity and outlines three areas of
targeted police intervention, guided by principles
of respect for human rights and the legitimate use
of force.
Keywords: citizen security; Ecuador; extortion;
illegal mining; drug trafficking; Operational
Strategy; organized crime; violence.
Introducción
Ecuador, considerado históricamente como un
país relativamente seguro en una región determi-
nada por conflictos armados y narcotráfico, regis-
tró entre 2020 y 2023 una transformación de su
contexto de seguridad. La tasa de homicidios pa-
só de 5,5 por cada 100000 habitantes en 2018
a 47,25 en 2023, tasa que ubicó al país entre los
más violentos de la región y entre los de mayor
deterioro de la seguridad a nivel mundial. Este
incremento, equivalente al 759% en cinco años,
representa un punto de inflexión en la historia
contemporánea ecuatoriana y evidencia la con-
solidación del crimen organizado como una de
las principales amenazas para la seguridad ciuda-
dana, el orden público y la convivencia pacífica
(Human Rights Watch 2025).
El fenómeno criminal en Ecuador no cons-
tituye un hecho aislado, sino el resultado de la
convergencia de múltiples factores estructurales
que transformaron al país de zona de tránsito
a plataforma estratégica para el narcotráfico
internacional. La posición geográfica de Ecuador,
ubicado entre Colombia y Perú —dos de los
principales países productores mundiales de
cocaína—, junto a su economía dolarizada, sus
puertos marítimos de alta capacidad operativa
y fronteras porosas —en especial la frontera
norte— generó condiciones propicias para la
consolidación de economías criminales complejas
y la presencia de grupos delictivos transnacionales
(International Crisis Group 2025).
Human Rights Watch (2024) documentó
que, entre enero y junio de 2023, la Policía
Nacional recibió más de 4600 denuncias de
extorsión, cifra que duplicó la registrada en el
mismo período para 2022. Además, los grupos
criminales intensificaron los actos de violencia
extrema, entre ellos, atentados con explosivos,
asesinatos colectivos y ataques contra autoridades
públicas, jueces, fiscales, periodistas y candidatos
políticos. El asesinato del candidato presidencial
Fernando Villavicencio, en agosto de 2023, cons-
tituyó un hito crítico en la crisis de seguridad de
Ecuador, pues evidenció la influencia del crimen
organizado sobre la institucionalidad democrática
y la vida pública nacional.
En este contexto crítico, la Policía Nacional
del Ecuador diseñó e implementó, en enero de
2026 la Estrategia Operacional 3D como ins-
trumento operativo central para materializar el
Horizonte Estratégico Institucional en el territorio.
Esta herramienta no constituye una respuesta
reactiva ni fragmentada. Se trata de un modelo
integral de intervención territorial orientado a
incidir de manera progresiva y diferenciada, en las
capacidades, dinámicas y estructuras criminales
que afectan la seguridad ciudadana.
Objetivo general
Analizar el fenómeno del crimen organizado en
Ecuador durante el período 2020-2025 para fun-
damentar técnica y estratégicamente la creación
de la Estrategia Operacional 3D orientada a la res-
tricción de las capacidades operativas de estructu-
ras criminales y a la desaceleración de la violencia
mediante intervenciones policiales diferenciadas,
focalizadas y territorialmente pertinentes.
Objetivos específicos
• Caracterizar las principales manifesta-
ciones del crimen organizado en Ecuador
—narcotráfico, minería ilegal, extorsión y
sicariato— a partir de sus dinámicas terri-
toriales, económicas y operativas, e impacto
en los niveles de violencia y control social.
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del crimen organizado y desaceleración del crecimiento de la violencia
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• Identificar la presencia e interacción de
grupos criminales transnacionales y orga-
nizaciones delictivas locales que operan
en red en Ecuador, con el fin de explicar
su rol en la consolidación de economías
criminales y ciclos de violencia territorial.
• Fundamentar la Estrategia Operacional
3D a partir de sus ejes y capacidades
de intervención, orientados a debilitar
capacidades, desorganizar dinámicas y
desarticular estructuras criminales, en
correspondencia con el diagnóstico del
fenómeno criminal.
Alcance del estudio
El estudio establece la base técnica de la Estrategia
Operacional 3D para justificar su implementación
diferenciada, orientada al debilitamiento de las
estructuras criminales y la reducción progresiva
de la violencia.
Estado del arte
La literatura académica reciente sobre seguridad
pública en Ecuador documenta de manera siste-
mática la transformación del país en un escena-
rio crítico de violencia criminal. El Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO
2024) presentó análisis cuantitativos que eviden-
ciaron el aumento exponencial de los homicidios:
de 2496 casos en 2021 a 4824 en 2022, lo que re-
presenta un aumento del 93,7%. A 2023 se re-
portaron 8008 casos, lo que supone un incremen-
to adicional del 66,8%. Pontón y Rivera (2024)
plantearon que es posible interpretar estos datos a
partir de factores como la debilidad institucional,
la corrupción sistémica y el colapso penitenciario.
International Crisis Group (2022) describió
a Ecuador como un paraíso perdido frente al cri-
men organizado y señaló que la reconfiguración
de los actores armados tras el Acuerdo de Paz en
Colombia favowreció el desplazamiento de las
disidencias de las FARC y otros grupos armados
hacia la frontera norte de Ecuador. Entre otros
factores de expansión, Álvarez (2022) examinó
las cárceles como espacios de reproducción del
crimen complejo, en el que más de 450 personas
murieron en las masacres carcelarias entre 2021 y
2023. De igual modo, la fragmentación criminal
y su diversificación hacia economías ilícitas ha
fortalecido al crimen a partir de la minería ilegal
que genera entre $800 y $1000 millones anuales
(InSight Crime 2023).
La Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC 2022) estableció
cuatro pilares de acción contra el crimen orga-
nizado: perseguir, proteger, prevenir y promo-
ver. Este marco conceptual fue adoptado por la
Estrategia Operacional 3D. Los estudios de Pan
American Development Foundation, utiliza-
dos por el OECO (2025) documentaron la pre-
sencia de carteles mexicanos —Jalisco Nueva
Generación y de Sinaloa— de mafias europeas —
albanesas, italianas, balcánicas — y grupos arma-
dos colombianos que operan en red con las ban-
das ecuatorianas (2025).
Hipótesis
La Estrategia Operacional 3D constituye una res-
puesta técnica frente al fenómeno criminal en
Ecuador. Su diseño se fundamenta en la identi-
ficación de las causas que original el crimen co-
mo el ingreso de drogas por las fronteras porosas,
la minería ilegal, presencia de grupos criminales
transnacionales y la diversificación de las econo-
mías criminales, que generaron ciclos de violen-
cia territorial.
La herramienta articula tres ejes de inter-
vención policial: debilitamiento de capacidades,
desorganización de dinámicas criminales y desar-
ticulación de estructuras. Estos ejes se orientan a la
reducción progresiva de las capacidades operativas
del crimen, bajo criterios de respeto estricto a los
derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza.
Organización del artículo
El presente artículo se estructura en cuatro sec-
ciones. La sección que sigue expone la metodolo-
gía de investigación, con énfasis en el tipo, diseño
y alcance del estudio. La segunda parte analiza las
manifestaciones del fenómeno criminal: narco-
tráfico y uso de puertos, minería ilegal, extorsión,
sicariato y presencia de grupos transnacionales en
Ecuador. La tercera parte desarrolla la discusión,
contrasta los hallazgos con la literatura y funda-
menta la pertinencia de la Estrategia Operacional
3D. La sección 4 presenta las conclusiones.
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Anderson Gabriel Rodríguez Chiriboga, Luis Daniel Chicaiza Sánchez
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del crimen organizado y desaceleración del crecimiento de la violencia
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Metodología
Tipo de investigación
De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014)
el presente estudio se clasifica como una inves-
tigación aplicada con enfoque cualitativo, ya que
busca generar conocimiento útil para fundamen-
tar decisiones de política pública en materia de
seguridad ciudadana. El carácter cualitativo se
evidencia en el análisis interpretativo de docu-
mentos oficiales, informes de organismos inter-
nacionales, estudios académicos y reportes de pe-
riodismo investigativo.
Diseño de investigación
El diseño metodológico corresponde a una in-
vestigación no experimental, transversal y des-
criptiva. No es experimental porque no manipu-
la variables ni realiza intervenciones controladas,
sino que observa y analiza el fenómeno criminal
desde su contexto. Es transversal porque anali-
za datos correspondientes al período 2020-2025,
aunque reconoce la evolución del fenómeno des-
de años previos.
Alcance de la investigación
El alcance es descriptivo-explicativo por cuan-
to caracteriza el fenómeno criminal en Ecuador
a partir de sus principales manifestaciones, ac-
tores involucrados y dinámicas territoriales. De
acuerdo con Hernández Sampieri et al. (2014)
los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades, características y perfiles de las per-
sonas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno sometido a un análisis.
Asimismo, es de alcance explicativo porque exa-
mina las relaciones causales entre los factores es-
tructurales —ingreso de drogas, minería ilegal,
presencia de grupos criminales— y el incremen-
to de violencia.
Técnicas de recolección de datos
La principal técnica fue el análisis documental
y la revisión bibliográfica sistemática. Para esto,
se consultaron documentos oficiales de la Policía
Nacional del Ecuador, en particular el Horizonte
Estratégico Institucional; informes de organis-
mos internacionales y centros de investigación
especializados como Human Rights Watch,
UNODC, OECO e International Crisis Group;
artículos científicos indexados; y reportes de pe-
riodismo investigativo publicados en InSight
Crime, Primicias y Código Vidrio. Se priorizaron
fuentes publicadas entre 2022 y 2026, con el fin
de garantizar pertinencia y relevancia analítica.
Criterios de selección de fuentes
Los criterios de inclusión fueron verificabilidad,
autoridad, actualidad y pertinencia temática. La
verificabilidad se definió por la disponibilidad de
URL accesible o DOI de las fuentes; la autori-
dad por la precedencia institucional reconocida o
la trayectoria de sus autores; actualidad, en la que
se priorizaron publicaciones entre 2022 y 2026;
y la pertinencia temática por la relación directa
entre crimen organizado, violencia, narcotráfico,
minería ilegal, extorsión y seguridad en Ecuador.
Se excluyeron fuentes sin respaldo institucional,
documentos sin citas verificables y publicacio-
nes anteriores a 2022, salvo aquellas que aporta-
ron contexto histórico para comprender la evolu-
ción del fenómeno.
Método de análisis
El análisis de los datos se realizó mediante la
triangulación de fuentes, técnica que, según
Hernández Sampieri et al. (2014), fortalece la va-
lidez y confiabilidad de los hallazgos al contras-
tar información procedente de distintas fuentes.
Durante el proceso, se identificaron patrones re-
currentes en los documentos consultados, se exa-
minaron las relaciones explicativas entre variables
—por ejemplo, el ingreso de drogas por puertos
y el incremento de la violencia en Guayaquil—
y se construyeron categorías analíticas para orga-
nizar los hallazgos: narcotráfico, minería ilegal,
extorsión, grupos criminales. La triangulación
permitió contrastar cuando varias fuentes inde-
pendientes coincidían en los mismos datos, lo
que incrementó la consistencia interpretativa de
las conclusiones.
Pablo Vinicio Dávila Maldonado, Luis Tarquino Vinueza Calderón
Anderson Gabriel Rodríguez Chiriboga, Luis Daniel Chicaiza Sánchez
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del crimen organizado y desaceleración del crecimiento de la violencia
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Análisis del fenómeno criminal
en Ecuador, 2020-2025
Narcotráfico y control de puertos:
el puerto de Guayaquil como epicentro
El narcotráfico constituye la principal expre-
sión del crimen organizado en Ecuador (OECO
2025). La ubicación geográfica del país, que
cuenta con 586 kilómetros de frontera porosa con
Colombia —productor del 61 % de la cocaína
mundial— y limítrofe con Perú —segundo pro-
ductor global—, contribuyó a que Ecuador pasara
de ser zona de tránsito a una plataforma estraté-
gica del tráfico internacional de drogas.
La economía dolarizada facilitó las transac-
ciones ilícitas y el lavado de activos, mientras que
la infraestructura portuaria de Guayaquil, que
moviliza el 85 % de las exportaciones no petroleras,
se consolidó como el principal punto de salida de
la cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Entre
enero y mayo de 2023, el puerto de Guayaquil
concentró el 68 % de las incautaciones portuarias
con 18,1 toneladas. Por el puerto transita aproxi-
madamente 2,4 millones de contenedores anuales,
lo que plantea una tarea de inspección compleja,
especialmente, en contextos de recursos limitados
(International Crisis Group 2024).
Las cifras de incautación reflejan la mag-
nitud del problema. Según datos de la Policía
Nacional citados por International Crisis Group
(2024) en 2019 se incautaron 82 toneladas de
droga; en 2021 cerca de 210 toneladas —90%
correspondientes a cocaína—; y en 2024 más de
213 toneladas, cifra que representó el 25% de
incremento frente al año anterior.
La UNODC (2022) identificó un cambio
en las rutas del tráfico de drogas hacia Europa.
La proporción de droga destinada a ese mercado
pasó del 9% en 2019 al 33% en 2021 y al 34% en
2022, dinámica asociada con al aumento de la de-
manda y precios elevados. Los métodos de ocul-
tamiento de la droga incluyen la contaminación
mediante la modalidad de gancho ciego, el uso de
lanchas go-fast y semisumergibles detectados en
las provincias de Esmeraldas, Guayas y El Oro
entre 2019 y 2022.
El impacto del narcotráfico también se ex-
presa en el microtráfico y el consumo interno. En
barrios como El Guasmo, en Guayaquil, el 80%
de los homicidios está vinculado con disputas
territoriales por puntos de venta de droga. En
estos territorios vulnerables, algunas familias de-
penden económicamente de actividades asociadas
con el mercado ilegal de las drogas en la que un
gramo de droga puede costar $2,0, los 25 gramos
en $60,0 y media libra de
krippy en $360. La
violencia asociada incluyó 404 homicidios en la
provincia de Guayas durante el primer semestre
de 2022, de los cuales el 78% estuvo relacionado
con el microtráfico.
Minería ilegal: diversificación criminal y control
territorial
La minería ilegal se consolidó como la segunda
economía criminal en Ecuador, con una ganan-
cia entre $800 y $1000 millones anuales, según las
estimaciones del Gobierno (InSight Crime 2025).
En junio de 2025, el presidente Daniel Noboa
advirtió que esta actividad desplazó al narcotrá-
fico como principal fuente de financiamiento del
crimen organizado en Ecuador.
Esta actividad ilícita ofrece ventajas estra-
tégicas para los grupos criminales: menor riesgo
de detección en comparación con el tráfico inter-
nacional de drogas, posibilidad de lavar activos
del narcotráfico mediante oro legal y control
territorial en zonas con limitada presencia estatal.
Grupos criminales como Los Lobos, desa-
rrollaron un modelo predatorio que transita de la
extorsión a la apropiación total de las operaciones
mineras. En el cantón Camilo Ponce Enríquez,
de la provincia de Azuay, Los Lobos controlan
20 minas ilegales, extorsionan a 30 empresas
privadas y regulan 40 grupos de mineros ilegales,
lo que genera cuantiosas ganancias. El 70% de la
población vive en pobreza y la minería artesanal
de subsistencia fue desplazada por la violencia
criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva
Generación (OjoPúblico y Código Vidrio, 2023).
La UNODC (2025) publicó los delitos re-
lacionados con la minería y confirmó la captura
criminal del sector aurífero en Ecuador. Entre
octubre de 2022 y agosto de 2023, Los Lobos
intensificaron los secuestros, las intimidaciones,
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sicariatos y extorsiones en los cantones de Camilo
Ponce Enríquez y Tenguel. Este último ubicado
en la provincia de Guayas. Un caso emblemático
consistió en el asesinato de José Sánchez, exal-
calde de Camilo Ponce Enríquez, ocurrido tras
denunciar a Los Lobos y colaborar con la Policía.
Rivera-Rhon y Bravo-Grijalba (2023) identi-
ficaron cuatro enclaves productivos de la minería
ilegal con gobernanza criminal: Buenos Aires, en
Imbabura; Zaruma-Portovelo, en El Oro; Ponce
Enríquez en Azuay; y las zonas amazónicas en
Napo, Orellana, Sucumbíos y Morona Santiago.
En estos territorios, las organizaciones criminales
reemplazaron las funciones estatales, establecieron
sistemas de regulación social, cobraron impuestos
ilegales —vacunas—, y controlaron cadenas de
valor desde la extracción hasta comercialización.
La masacre de 11 militares en Alto Punino
—zona selvática entre Napo y Orellana— en
mayo de 2025, durante un operativo contra la
minería ilegal, evidenció la capacidad armada
de los grupos criminales y la disposición de los
Comandos de la Frontera —conocidos también
la Mafia Sinaloa— para preservar el control del
territorio.
Extorsión y sicariato: economías criminales
de control social
La extorsión se consolidó como el delito más de-
nunciado en Ecuador durante 2023 y 2024, lo que
refleja la diversificación criminal frente a la pre-
sión estatal. Las cifras oficiales evidencian un cre-
cimiento acelerado: de 1570 denuncias en 2018
se pasaron a 8472 en 2022; en 2023 aumenta-
ron a 21967 casos y, en 2024, se mantuvieron en
22228 (InSight Crime 2023). Hasta julio de 2024,
la Policía Nacional reportó 13282 denuncias, lo
que representó un incremento del 121,33% res-
pecto al 2023 (Ecuador Chequea 2025).
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911
registró un aumento significativo de llamadas por
extorsión: de 2228 en 2023 a 8741 en 2024, con
un promedio diario de 46 llamadas, frente a 11 en
el año previo. En Guayaquil, entre enero y marzo
de 2024, los secuestros y extorsiones pasaron de
120 a 618 casos, pese al estado de excepción y to-
que de queda. La provincia de Guayas concentró
650 denuncias, seguida de Esmeraldas, con 189, y
Pichincha con 166.
Los montos exigidos varían según las
víctimas: entre $2000 y $200000 por secuestro
extorsivo. Los grupos criminales encontraron en
las vacunas una fuente de ingresos rentable y de
bajo riesgo, con menor logística y alto impacto in-
timidatorio. Los sectores más afectados incluyen
transporte público, comercio formal e informal,
empresas mineras, agricultores y ganaderos. En
los barrios de Guayaquil, Quevedo y Durán, el
pago de vacunas se normalizó como costo diario.
El sicariato constituye el brazo armado del
control territorial y la expresión más extrema de
la violencia criminal. Los homicidios aumentaron
de 1129 en 2018 a 3566 en 2024, mientras que
los asesinatos pasaron de 2496 en 2021 a 8008 en
2023. Estas cifras ubicaron a Ecuador como el país
más violento de Sudamérica, con una tasa de 47,25
homicidios por cada 100000 habitantes. El 80%
de los homicidios se relaciona con disputas territo-
riales entre grupos criminales (OECO 2025).
La violencia contra las autoridades públicas
es otro fenómeno grave. Human Rights Watch
(2025) documentó que al menos 15 jueces o
fiscales fueron asesinados desde 2022. En 2023,
el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesi-
nado cuando visitaba unas obras de alcantarillado,
mientras que el candidato presidencial Fernando
Villavicencio fue asesinado con tres disparos du-
rante un acto de campaña en Quito el mismo año.
Estos crímenes evidencian la estrategia de in-
timidación sistemática que utilizan estos grupos
contra el Estado y la sociedad civil. También bus-
can generar espacios de impunidad y debilitar la
capacidad institucional para enfrentar el crimen
organizado.
Presencia de grupos criminales transnacionales
en territorio ecuatoriano
La zona fronteriza entre Ecuador y Colombia
concentra la mayor presencia de grupos arma-
dos y estructuras criminales transnacionales.
De acuerdo con el Departamento de Estado de
Estados Unidos, en esta frontera operan 11 gru-
pos criminales activos: cinco de origen colombia-
no y seis ecuatorianos. Entre los grupos colombia-
nos identificaron a las disidencias de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
como el Frente Alonso Cano; los Comandos de
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63
la Frontera; el Frente Urías Rondón; el Frente
Carolina Ramírez; y la Coordinadora Nacional
Ejército Bolivariano vinculada a la Segunda
Marquetalia. También se registran células del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Tren
de Aragua, organización de origen venezolano
(International Rescue Committee 2024).
Entre las bandas ecuatorianas que operan en
red con los carteles internacionales se encuentran
Los Choneros, identificados como brazo logístico
del cartel de Sinaloa, y a Los Lobos, vinculados al
cartel Jalisco Nueva Generación. A estas estruc-
turas se suman Los Tiguerones, Los Patones, Los
Gánsters y Las Águilas que participan en el nar-
cotráfico, tráfico de armas y municiones, minería
ilegal, extorsión, sicariato y lavado de activos. El
OECO (2025) documentó que Los Choneros
surgieron en la década de 1990 en Manta y domi-
naron el panorama criminal hasta 2020. Ese año
el asesinato de su líder José Luis Zambrano, alias
Rasquiña, provocó la fragmentación del grupo y
una disputa interna entre facciones.
Por su parte, Los Lobos emergieron en 2019
en la cárcel de Turi, en Cuenca, tras su ruptura con
Los Choneros. Desde entonces, la organización
amplió su presencia territorial y se consolidó como
una de las estructuras criminales con mayor alcance
en Ecuador. Su líder, Wilmer Geovanny Chavarría,
alias Pipo o Tuerto, estableció alianzas con el Tren
de Aragua y grupos armados colombianos como
los Comandos de la Frontera. Los Lobos se ad-
judicaron el asesinato de Fernando Villavicencio y
han sido vinculados con el control del microtráfico
en la sierra central, la minería ilegal en Azuay e
Imbabura, y operaciones en Napo, Orellana,
Sucumbíos y Morona Santiago.
La frontera norte, integrada por las provincias
de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, concentra
altos niveles de conflictividad. Rivera-Rhon y
Bravo-Grijalba (2023) explicaron que los grupos
ecuatorianos se incorporaron a cadenas de valor
del narcotráfico que antes eran controladas por
organizaciones colombianas. Este proceso pro-
dujo una relación de interdependencia orientada
a movilizar mayores volúmenes de drogas hacia
mercados internacionales.
Estas dinámicas abarcan distintas fases
de la economía ilegal. Incluyen el tráfico de
combustibles, el ingreso de precursores químicos,
el cultivo de coca con plantaciones detectadas a
menos de 15 kilómetros de la frontera, el procesa-
miento de clorhidrato de cocaína en laboratorios
clandestinos y el control de rutas terrestres y
fluviales.
La presencia de carteles mexicanos —como
Sinaloa y Jalisco Nueva Generación— y las
redes criminales europeas, incluidas estructuras
albanesas, italianas y balcánicas, evidencia la
globalización del crimen organizado en Ecuador
según la UNODC (2022). Estas organizaciones
compran cocaína, establecen células permanentes,
invierten en infraestructura logística y entrenan
a sicarios locales. A nivel interno, la dolarización
facilita las transacciones ilícitas, mientras que la
corrupción sistémica, documentada por múltiples
investigaciones, permite que estas operaciones se
desarrollen con relativa impunidad.
Discusión
Los hallazgos de esta investigación confirman
que Ecuador experimentó un deterioro acelera-
do de su contexto de seguridad entre 2020 y 2023.
El país dejó de ser caracterizado como un caso
de relativa estabilidad regional y pasó a registrar
uno de los niveles más altos de violencia homici-
da en América Latina. El fenómeno responde a
la convergencia de factores estructurales que fa-
cilitaron la consolidación del crimen organizado
transnacional.
El análisis documental arrojó cuatro causas
que sustentan la necesidad de la Estrategia
Operacional 3D. La primera, el ingreso masivo de
drogas a través de las fronteras porosas y puertos
con controles insuficientes. La segunda, la captura
criminal de la minería ilegal. La tercera corres-
ponde a la expansión de las economías criminales
diversificadas, como la extorsión y el sicariato. Por
último, la presencia de al menos 17 grupos crimi-
nales transnacionales que actúan mediante redes
de cooperación, disputa y articulación territorial.
La primera causa es consistente con los
análisis de International Crisis Group sobre la
importancia estratégica de la ubicación geográfica
de Ecuador. Los datos disponibles muestran que
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64
el puerto de Guayaquil, responsable del 85% de
las exportaciones no petroleras y del movimiento
de 2,4 millones de contenedores anuales, se
consolidó como uno de los principales puntos de
salida de droga hacia mercados internacionales.
El aumento de las incautaciones —de 82 to-
neladas en 2019 a 210 toneladas en 2021 y 213,9
toneladas en 2024— confirma una combinación
de mayor flujo ilícito y capacidad de detección
policial. Además, expertos citados por InSight
Crime estiman que, por cada tonelada incautada,
entre 5 y 10 logran salir del país.
El desplazamiento del destino de la droga
desde Estados Unidos hacia Europa —del 9% en
2019 al 34% en 2022 según la UNODC— ayuda
a explicar la presencia de redes criminales euro-
peas, incluidas las estructuras albanesas, italianas
y balcánicas, documentada en diversas fuentes.
El cambio se relaciona con precios europeos
hasta tres veces superiores y con la saturación del
mercado norteamericano.
En este escenario, los carteles mexicanos ope-
ran como compradores mayoristas en alianza con
bandas locales, entre ellas Los Choneros y Los
Lobos. Esta articulación configura un ecosistema
criminal horizontal de alcance transnacional.
La segunda causa identificada es consistente
con las advertencias del presidente Noboa sobre
el desplazamiento del narcotráfico como principal
fuente de financiación criminal. La investigación
documenta ingresos anuales de entre $800 y
$1000 millones relacionados con las ventajas
operativas que ofrece el negocio: menor riesgo de
detección, lavado de activos, control territorial en
zonas con débil presencia estatal y existencia de
un mercado legal apto para el blanqueo de oro
ilícito. En Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos
controlan minas, extorsionan empresas y regulan
grupos de sableros. Este caso ilustra un modelo
de control territorial que evoluciona desde la
extorsión hacia la apropiación integral de opera-
ciones productivas.
Los cuatro enclaves productivos identifica-
dos por estudios académicos —Buenos Aires,
Zaruma-Portovelo, Ponce Enríquez y zonas
amazónicas— sugieren la presencia de una go-
bernanza criminal asociada con la sustitución
parcial de funciones estatales. El concepto de
gobernanza criminal, desarrollado por Lessing y
Willis, describe prácticas como la regulación so-
cial, el cobro de impuestos ilegales, la resolución
de conflictos y la provisión de servicios básicos
por organizaciones criminales. En este contexto,
la masacre de 11 militares en Alto Punino cons-
tituye un indicio del uso de la violenta por parte
de las organizaciones criminales para sostener
control territorial frente a los intentos estatales
de recuperarla.
La tercera causa, relacionada con la extorsión
y el sicariato, es consistente con la diversificación
criminal como respuesta adaptativa a presión
estatal. Las denuncias de extorsión aumentaron
de 1570 en 2018 a 22228 en 2024, mientras que
los secuestros pasaron de 1129 en 2018 a 3566 en
2024. En 2024, la reducción temporal del 17% en
los homicidios durante los estados de excepción
coincidió con el incremento de las extorsiones y
secuestros. Este patrón, documentado por Ecuador
Chequea (2025) sugiere que las organizaciones
criminales diversificaron sus fuentes de ingresos
ante la reducción de oportunidades asociadas al
sicariato.
El impacto social de la extorsión trasciende
el daño económico, pues produce temor gene-
ralizado y erosiona el tejido social. Testimonios
recogidos en prensa muestran la normalización
del pago de vacunas entre la población, término
utilizado para referirse a pagos extorsivos, en sec-
tores como el transporte, el comercio y la minería.
Expertos estiman que entre el 20%y 30% de las
extorsiones se denuncian. Esto implica que las
cifras reales pueden ser hasta tres veces superiores
a las oficiales, lo que limita la precisión de los
diagnósticos y el diseño de políticas públicas.
La cuarta causa, relacionada con la presencia
de grupos criminales transnacionales, es consis-
tente con la teoría sobre el efecto derrame de los
conflictos regionales. El Acuerdo de Paz suscrito
en Colombia en 2016 contribuyó a reconfigurar
el escenario criminal al incidir en la expansión de
las disidencias de las FARC, el surgimiento de
nuevas estructuras criminales y la fragmentación
de grupos armados con autonomía operativa y
capacidad violenta sobre la frontera norte de
Ecuador.
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Estrategia Operacional 3D: Un nuevo paradigma de estrangulamiento
del crimen organizado y desaceleración del crecimiento de la violencia
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La Estrategia Operacional 3D, constituye una
respuesta técnica basada en diagnóstico riguroso
cuyos ejes—debilitar capacidades, desorganizar
dinámicas, desarticular estructuras—, junto con
las tres estrategias de servicio policial diferencia-
do, configura una propuesta integral orientada a
superar respuestas reactivas o militarizadas.
La adopción del marco de la UNODC —
perseguir, proteger, prevenir, promover— alinea
la Estrategia Operacional 3D con estándares
internacionales. A su vez, la focalización territo-
rial responde a una realidad heterogénea, lo que
permite concentrar recursos en los territorios
críticos sin desproteger zonas estables.
El énfasis en los derechos humanos y en
el uso legítimo de la fuerza responde a observa-
ciones de Human Rights Watch y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre los
excesos registrados durante los estados de excep-
ción. La Estrategia Operacional 3D incorpora los
principios de legalidad, necesidad, proporcionali-
dad, precaución, humanidad, no discriminación y
rendición de cuentas, con el propósito de equilibrar
la eficacia operativa y la legitimidad institucional.
Las limitaciones del estudio incluyen la im-
posibilidad de evaluar la efectividad operativa de
la herramienta, implementada en enero de 2026,
dos meses antes del cierre de la investigación.
Estudios futuros deberán medir su impacto en
la reducción de los homicidios, las extorsiones
y secuestros; la desarticulación de estructuras
criminales; la sostenibilidad del control territorial
y la percepción ciudadana de seguridad.
Conclusiones
Se puede afirmar que entre el período 2020 y
2025 el crimen organizado en Ecuador se ha es-
tructurado en torno a cuatro manifestaciones:
narcotráfico, minería ilegal, extorsión y sicariato.
Sus dinámicas territoriales, económicas y opera-
tivas explican su capacidad de expansión y adap-
tación de las economías ilícitas, así como en la
generación de ciclos progresivos de violencia y
control social. En este contexto, el narcotráfico se
mantiene como eje articulador del fenómeno, con
nodos estratégicos como el puerto de Guayaquil.
La minería ilegal se consolida como una
economía altamente rentable y territorializada.
Por su parte, la extorsión y el sicariato evidencian
la evolución de los mecanismos de control y
diversificación criminal que en conjunto permite
comprender el acelerado incremento de los nive-
les de violencia en el país.
Se concluye que la configuración del fenóme-
no criminal responde a la interacción de múltiples
actores, entre los que destaca la presencia de al
menos 17 grupos criminales transnacionales que
operan en red con organizaciones locales. Esta
articulación ha generado un ecosistema criminal
complejo, en el cual las estructuras nacionales han
evolucionado hacia mayores niveles de autonomía
y sofisticación, con participación activa en distin-
tas fases de las economías ilícitas.
Este proceso ha sido reforzado por dinámicas
regionales, como la reconfiguración de los actores
armados tras el Acuerdo de Paz en Colombia.
Estas condiciones, en conjunto, han consolidado
formas de gobernanza criminal y control territo-
rial que inciden directamente en la persistencia
de la violencia.
En función de este diagnóstico, la Estrategia
Operacional 3D cuenta con fundamento técnico
y estratégico para responder a la complejidad del
fenómeno criminal. Su enfoque diferenciado se
orienta a debilitar capacidades, desorganizar di-
námicas y desarticular estructuras criminales. Su
diseño responde de manera coherente a las carac-
terísticas identificadas del crimen organizado, ya
que permite orientar intervenciones focalizadas
y progresivas para la contención de la violencia.
No obstante, su efectividad está condicionada
por su sostenibilidad en el tiempo, la articulación
interinstitucional, el fortalecimiento del sistema
de justicia y el abordaje integral de las causas
estructurales del crimen organizado.
Finalmente, el estudio aporta una compren-
sión integral del fenómeno criminal en Ecuador,
al vincular el análisis empírico con un enfoque
estratégico que respalda la implementación de
la Estrategia 3D como instrumento de política
pública. Esta contribución permite sustentar
técnicamente su aplicación y establecer una base
para evaluar sus resultados y formular respuestas
estatales más articuladas. En este sentido, la
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reducción sostenible de la violencia requiere in-
tervenciones diferenciadas, planificación estraté-
gica y coherencia entre los ámbitos de seguridad,
justicia y desarrollo social.
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Nº 12 junio 2026 • pp 68-76 • IISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Proximidad comunitaria inteligente (QR):
Un modelo operativo de prevención,
vinculación ciudadana e inteligencia territorial
Smart Community Proximity: An Operational Model for Prevention,
Community Engagement, and Territorial Intelligence
Walter Oswaldo Gómez Vargas
1
Necker Andrés Dávila Espín
2
Mónica Alexandra Novillo Vallejo
3
Richard Milton Carvajal Salazar
4
Doris Alexandra Velásquez Mallamas
5
Recibido: 10 de mayo de 2026
Aceptado: 15 de mayo de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
La transformación digital de los servicios de seguridad exige modelos que integren tecnología, partici-
pación ciudadana e inteligencia operativa. Este artículo propone el modelo de proximidad comunitaria
inteligente mediante código QR como un sistema permanente de interacción, gestión de información y
respuesta territorial, articulado a dos fases: diagnóstico e hiperfocalización territorial, y gestión de la in-
formación para la respuesta operativa. Mediante el uso de QR desplegados estratégicamente y asociados
a mecanismos de identificación ciudadana, el modelo facilita el contacto directo con la comunidad, la re-
colección sistemática de información y la generación de insumos de inteligencia para la intervención tác-
tica. Los datos de implementación nacional registran 8913 códigos QR instalados en el país y más de 2,8
millones de escaneos distribuidos en nueve zonas policiales.
Abstract
e digital transformation of security services requires models that integrate technology, citizen par-
ticipation, and operational intelligence. is article proposes the smart community outreach model
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, wokerarm1@gmail.com, 0009-0007-0032-7010
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, necker.davila528@gmail.com,
0009-0000-9041-3906
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, monica0214novillo@gmail.com,
0009-0009-1705-392X
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, rmcarvajal1988@gmail.com,
0009-0000-4716-2865
5 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, doriss@hotmail.es,
0009-0003-8799-2697
Palabras clave: hiperfocalización; inteligencia territorial; prevención comunitaria; proximidad policial;
seJuridad pública; tecnología QR.
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Proximidad comunitaria inteligente (QR): Un modelo operativo de
prevención, vinculación ciudadana e inteligencia territorial
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using QR codes as a permanent system for in-
teraction, information management, and locali-
zed response, structured in two phases: diagnosis
and localized hyper-targeting, and information
management for operational response. By using
strategically placed QR codes linked to citizen
identification systems, the model facilitates di-
rect contact with the community, the systematic
collection of information, and the generation of
intelligence for tactical operations. National im-
plementation data show 8,913 QR codes insta-
lled across the country and more than 2.8 million
scans distributed across nine police districts.
Keywords: hyperfocalization; territorial intelli-
gence; community-based prevention; community
policing; public safety; QR technology.
Introducción
América Latina atraviesa una crisis de seguridad
caracterizada por altas tasas de homicidio y con-
centración significativa de la violencia. Esta si-
tuación se relaciona con factores estructurales que
han facilitado la expansión del crimen organizado
que opera mediante redes transnacionales, con-
trol territorial y economías ilícitas. Este fenóme-
no produce impactos sostenidos en la sociedad y
exige respuestas integrales por parte del Estado.
En este contexto, Ecuador experimenta
durante los últimos diez años un deterioro ace-
lerado de sus condiciones de seguridad pública,
asociado con el crecimiento del crimen organi-
zado, el microtráfico, la extorsión y otras formas
de violencia. Los modelos tradicionales de
proximidad policial han mostrado limitaciones
para responder a las dinámicas criminales con-
temporáneas, caracterizadas por su movilidad,
adaptabilidad y arraigo territorial.
Además, la brecha entre la institución policial
y la comunidad constituye uno de los principales
obstáculos para la prevención del delito, la reco-
lección oportuna de información y la construcción
de legitimidad institucional en el territorio. Por
eso, incorporar tecnologías digitales al servicio de
proximidad comunitaria representa una oportu-
nidad estratégica para cerrar dicha brecha.
La sistematización de información y su inte-
gración con plataformas de inteligencia institucio-
nal permite superar las limitaciones del patrullaje
reactivo y avanzar hacia modelos preventivos basa-
dos en evidencia. Estos procesos deben orientarse
no solo a la detección del delito, sino también a
su contención mediante anticipación operativa y
fortalecimiento del vínculo con la ciudadanía.
El presente artículo propone un modelo de
proximidad comunitaria inteligente mediante
código QR como respuesta innovadora a estas
demandas. El modelo articula tecnología, par-
ticipación activa de la ciudadanía e inteligencia
operativa en un sistema cohesionado, territorial-
mente focalizado y orientado a prevenir el delito.
Objetivo general
Analizar el modelo de proximidad comunita-
ria inteligente con código QR como una estrate-
gia operativa de prevención, vinculación ciudada-
na e inteligencia territorial, orientada a fortalecer
la anticipación operativa, la participación comu-
nitaria y la legitimidad institucional de la Policía
Nacional en contextos de alta conflictividad y
vulnerabilidad situacional.
Objetivos específicos
• Describir los fundamentos y la estructu-
ra operativa del modelo con énfasis en la
integración de tecnología digital accesi-
ble, proximidad policial y participación
ciudadana en un sistema permanente de
interacción territorial.
• Examinar la implementación del modelo,
a partir de los datos de despliegue territo-
rial y uso ciudadano, para valorar su via-
bilidad operativa, su nivel de apropiación
social y alcance institucional.
• Evaluar el modelo con énfasis en su con-
tribución a la detección temprana de ries-
gos, la respuesta operativa hiperfocaliza-
da, el fortalecimiento de la confianza y la
legitimidad institucional en el territorio.
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prevención, vinculación ciudadana e inteligencia territorial
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Marco teórico
Proximidad policial y legitimidad
institucional
La teoría sobre policía de proximidad plantea
que la efectividad del servicio policial no depen-
de de su capacidad reactiva, sino también del vín-
culo que la institución construye con la ciuda-
danía. Skolnick y Bayley (1988) y Trojanowicz
y Bucqueroux (1990) sostienen que la confian-
za ciudadana constituye un recurso institucional
fundamental para prevenir el delito y la gober-
nanza de la seguridad.
La percepción de seguridad ciudadana consti-
tuye un elemento central en esta discusión, ya que
la reducción objetiva del delito no es suficiente si
la población no se siente segura en su entorno. En
este sentido, la percepción se construye a partir
de la confianza, la cercanía y presencia efectiva
de la policía en el territorio, lo que contribuye a
consolidar la legitimidad institucional mediante
interacciones constantes orientadas a la resolu-
ción de problemas.
Investigaciones recientes han profundizado
esta relación. Gill et al. (2014), en una revisión
sistemática sobre policía comunitaria, encontra-
ron evidencia consistente de que este modelo
incrementa la satisfacción ciudadana con la
policía, fortalece la percepción de legitimidad
institucional y mejora la percepción ciudadana
del desorden en el territorio.
Weisburd et al. (2024) señalaron que los en-
foques de policía comunitaria pueden subestimar
sus propios efectos en la reducción del delito.
Esto ocurre porque un mayor vínculo con la ins-
titución puede incrementar el reporte ciudadano
de delitos, lo que distorsiona los indicadores de
incidencia sin que refleje necesariamente un
aumento real de la criminalidad.
En este sentido, Sarria y Astorquiza (2023)
identificaron que la desconfianza hacia la po-
licía es uno de los factores asociados con la no
denuncia ciudadana, lo que configura un círculo
vicioso: la baja legitimidad policial reduce el flujo
de información disponible para la prevención y el
control del delito.
Desde un enfoque más amplio, la literatura
sobre seguridad ciudadana en América Latina
ha destacado que la reducción sostenida de la
violencia y la delincuencia requiere un enfoque
que trascienda la represión y se oriente hacia la
prevención, la participación comunitaria y la re-
cuperación de la confianza institucional. En este
sentido, las fuerzas de seguridad deben sustentar
su participación en un modelo democrático
que garantice la seguridad pública, contenga la
criminalidad desde la prevención y no desde la
persecución, y construya confianza en el territorio
y con las comunidades (Frühling 2011).
Inteligencia territorial, hiperfocalización
y reducción del delito
Desde el enfoque de policía orientada a pro-
blemas (Goldstein 1990), y el modelo de pun-
tos calientes (hot spot policing) desarrollado por
Sherman, Gartin y Buerger (1989), es necesario
concentrar los recursos y capacidades en zonas
geográficas con alta incidencia delictiva y vulne-
rabilidad. La hiperfocalización territorial permite
optimizar el despliegue operativo, priorizar inter-
venciones y generar información pertinente para
la toma de decisiones.
La teoría de la precisión policial propone
aprovechar el potencial tecnológico para imple-
mentar estrategias de prevención más robustas,
focalizadas en los factores que impulsan el
delito en las áreas de mayor riesgo criminal. Este
enfoque parte del principio de que el crimen se
concentra en ciertos lugares y entre una minoría
de personas, en una proporción aproximada de
80-20 (Weisburd et al. 2017).
Estudios señalan que la intervención policial
en los puntos calientes produce una reducción
moderada del crimen tanto en la zona interveni-
da como en las áreas vecinas. Tales hallazgos lle-
van a cuestionar la hipótesis del desplazamiento
y respaldan los efectos disuasorios del modelo
(Braga 2012).
La integración de la hiperfocalización
territorial con mecanismos de participación
ciudadana activa fortalece los resultados de las
estrategias preventivas. Los modelos que combi-
nan presencia policial focalizada con recolección
sistemática de información comunitaria han
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demostrado mayor eficacia que los enfoques reac-
tivos o exclusivamente tecnológicos, al incorporar
el conocimiento local como insumo clave para la
inteligencia operativa.
Tecnología digital y seguridad pública:
rol de los sistemas de información
ciudadana
La literatura sobre uso de datos en la gestión po-
licial ha documentado que incorporar tecnologías
digitales favorece la recolección de información,
reduce los tiempos de respuesta y brinda mayor
transparencia (Afzal y Panagiotopoulos 2024).
Asimismo, la adopción de tecnologías digitales en
la Policía Nacional puede traducirse en estrategias
más efectivas para prevenir y resolver delitos, lo
que contribuye al uso eficiente de los recursos pú-
blicos destinados a la seguridad (Villalobos 2020).
Un elemento particularmente relevante para
el modelo QR es el uso de tecnología accesible
como vector de participación ciudadana. Las ex-
periencias de aplicación de tecnologías digitales a
la seguridad ciudadana muestran que los sistemas
de reporte ciudadano en tiempo real permiten
generar información delictiva de forma masiva y
oportuna.
En Irak, Alameri et al. (2022) desarrollaron
una aplicación móvil que permite a la ciudada-
nía reportar delitos con datos sobre ubicación
georreferenciada, tipo de incidente y momento
del evento. La herramienta facilita que múltiples
usuarios informen sobre un mismo hecho en
tiempo real, lo que permite a la policía validar
la información mediante la coincidencia de
reportes, mejorar la trazabilidad de los incidentes
y fortalecer el monitoreo y la respuesta operativa
mediante plataformas digitales centralizadas
(Alameri et al. 2022).
El antecedente sugiere que los códigos
QR pueden funcionar como herramientas de
información y mecanismos activos de inteli-
gencia comunitaria en tiempo real. Además, la
investigación sobre tecnologías en el ámbito de la
seguridad pública sugiere que las agencias alinea-
das con enfoques de policía comunitaria, policía
basada en inteligencia o intervención policial en
puntos calientes, tienden a adoptar y usar más
tecnología que aquellas centradas en enfoques
reactivos. Asimismo, muestran mejores resultados
operativos (Office of Justice Programs 2021).
Participación comunitaria y
gobernanza local de la seguridad
La participación comunitaria en los procesos de
seguridad pública no constituye un complemen-
to de la acción policial: se trata de un componen-
te estructural para la contención de la violencia.
La policía comunitaria se basa en la construcción
de relaciones de confianza y cooperación entre la
institución policial y la comunidad. La evidencia
señala que su efectividad depende de la interac-
ción constante, el trato cercano y la comunica-
ción permanente, ya que estos elementos favore-
cen la disposición de la población a colaborar y
proporcionar información relevante sobre hechos
delictivos.
Por consiguiente, sin una relación sostenida
y de confianza con la comunidad, la capacidad de
la policía comunitaria para prevenir y reducir el
crimen es limitada (Malone y Dammert 2021).
Un estudio en América Latina sobre prácticas
exitosas de prevención comunitaria del delito evi-
dencia que existen elementos comunes asociados
con su efectividad, entre ellos, la relación eficiente
entre ciudadanos y autoridades, la gestión de los
derechos sociales y el empoderamiento ciudadano
(Aguirre 2016).
Estos componentes se articulan en esquemas
de gobernanza local participativa, en los que la co-
laboración entre actores públicos y comunitarios
fortalece todas aquellas estrategias de seguridad
desde un enfoque integral (Aguirre 2016).
Metodología
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo
de carácter teórico-propositivo, complementado
con el análisis de datos sobre la implementación
del modelo QR. Se hizo una revisión sistemáti-
ca de literatura especializada sobre proximidad
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policial, inteligencia territorial, prevención del
delito y tecnología aplicada a la seguridad públi-
ca. Para ello, se consultaron bases de datos acadé-
micas de alto impacto e impacto regional como
Scopus, Redalyc, Google Scholar, y documentos
institucionales, marcos normativos y experiencias
comparadas de América Latina y otros contextos
internacionales.
Desde esta revisión, se construyó el modelo
QR mediante un proceso de diseño conceptual
que integra los principios teóricos identificados
con los requerimientos operativos del contexto
policial ecuatoriano. Se incorporaron, además,
datos de implementación desagregados por zona
policial que permiten dimensionar el alcance
territorial y la apropiación ciudadana del modelo
a escala nacional.
Resultados: el modelo QR
Fase I – diagnóstico e hiperfocalización
territorial
La primera fase define las condiciones de des-
pliegue del sistema mediante un diagnóstico te-
rritorial hiperfocalizado. Este diagnóstico integra
variables de incidencia delictiva, conflictividad
social y vulnerabilidad situacional, con el fin de
determinar las zonas prioritarias de intervención
y la localización estratégica de los códigos QR.
Los dispositivos QR se instalan en puntos
de alta circulación ciudadana dentro de las zonas
priorizadas. Mediante estos dispositivos se habili-
tan tres funciones: el contacto ciudadano continuo
con la unidad policial territorial; la capacitación
comunitaria en materia de prevención y derechos;
y, la recolección sistemática de información que
se incorporan a procesos de análisis e inteligencia
operativa institucional.
Fase II – gestión de la información,
vinculación ciudadana y respuesta
operativa
La segunda fase opera sobre la información ge-
nerada en la fase anterior y la integra con los ca-
nales institucionales existentes, como el sistema
1800-Delito y el C4I2. Este proceso favorece la
validación, trazabilidad y análisis sistemático de
la información recibida, y permite generar pro-
ductos de inteligencia, paquetes investigativos y
líneas de intervención táctica hiperfocalizada.
Estos elementos fortalecen la respuesta oportuna
y la disuasión activa del delito.
Un elemento diferenciador de esta fase es
la incorporación del código QR de la cédula de
identidad como mecanismo de vinculación direc-
ta. Al escanear dicho código, la persona accede
a un menú digital que centraliza programas y
servicios institucionales de la Policía Nacional, la
Cancillería y otras entidades del Estado. El recur-
so facilita el acceso a información oficial, trámites
administrativos y canales de denuncia desde un
único punto de contacto seguro y trazable.
Este mecanismo, además, reduce las barreras
de acceso a los servicios de seguridad, amplía la
base de participación ciudadana y fortalece el
vínculo entre la institución policial y la comu-
nidad. Con ello, contribuye a la construcción de
legitimidad institucional en el territorio.
Alcance nacional: datos de
implementación por zonas
La implementación del modelo QR alcanzó co-
bertura nacional, con distribución diferenciada
por zonas policiales que responde a la lógica de
hiperfocalización territorial que sustenta el mo-
delo. Los datos consolidados registran 8913 có-
digos QR instalados a nivel nacional y un to-
tal acumulado de 2810480 escaneos. Las cifras
muestran la magnitud del despliegue institucio-
nal y permiten aproximarnos al nivel de uso ciu-
dadano del sistema.
La distribución por zonas evidencia una
asignación estratégica de recursos, acorde con
los niveles de incidencia delictiva y densidad
poblacional de cada territorio, como se presenta
en la tabla 1:
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Tabla 1
Distribución nacional de dispositivos QR
y escaneos por zona
Zona Total, escaneos
Número de QR
Instalados
Promedio
esc. / QR
Zona 1 184096 584 315
Zona 2 130272 541 241
Zona 3 419209 593 707
Zona 4 290468 1030 282
Zona 5 342458 1719 199
Zona 6 74563 414 180
Zona 7 173616 544 319
Zona 8 510871 2570 199
Zona 9 684927 918 746
Total 2810480 8913 315 (prom.)
Fuente: Policía Nacional del Ecuador. Datos de implementa-
ción QR.
Elaboración: por los autores.
El análisis de los datos permite identificar los pa-
trones operativos de alto valor interpretativo. Las
zonas 9 y 3 registran los mayores promedios de
escaneos por dispositivo, con 746 y 707, respecti-
vamente. Estos valores muestran una alta inten-
sidad de uso por unidad instalada, posiblemente
asociada con zonas de alta densidad poblacional o
elevada conflictividad, donde se genera mayor de-
manda de interacción digital con la Policía.
Por su parte, las zonas 8 y 5 concentran el
mayor número absoluto de dispositivos insta-
lados, con 2570 y 1719, respectivamente. Esta
distribución sugiere que hay saturación territorial
en zonas de alta prioridad operativa. La zona 8
registra 510871 escaneos y concentra la mayor
cantidad de códigos QR desplegados. En cam-
bio, la zona 9, con 684927 escaneos sobre 918
dispositivos, presenta el mayor volumen total
de interacciones ciudadanas, lo que sugiere una
intensidad de uso particularmente alta.
El promedio nacional de 315 escaneos por
dispositivo muestra que el modelo no solo ha
alcanzado cobertura territorial, sino que también
registra un nivel relevante de uso ciudadano. Este
comportamiento permite considerar al QR–IA
como un canal activo de contacto permanente
entre la Policía Nacional y la población en el
territorio.
Modalidades operativas del código QR:
presencia preventiva y denuncia
ciudadana
El modelo QR opera mediante dos modalida-
des funcionales diferenciadas pero complementa-
rias. Estas modalidades están diseñadas para cu-
brir, por un lado, la presencia institucional activa
y, por otro, la participación ciudadana directa en la
prevención y en el suministro de información so-
bre delitos. Ambas constituyen el núcleo operati-
vo del sistema y representan un aporte diferencial
frente a otros modelos de proximidad policial.
Primer QR: presencia policial preventiva
en locales comerciales
El primer componente del sistema consiste en ins-
talar códigos QR en los locales comerciales del área
de intervención. El dispositivo permite que perso-
nal policial realice visitas periódicas y escaneos du-
rante el día, lo que fortalece la presencia preventiva
y el acercamiento directo con la comunidad en sus
espacios cotidianos de actividad económica.
Mediante interacciones sistemáticas, los ser-
vidores policiales dialogan con los comerciantes y
la ciudadanía, escuchan inquietudes y necesidades,
y construyen un vínculo de confianza basado en el
contacto regular y la escucha activa. Además, el
mecanismo produce un efecto disuasorio directo
sobre la criminalidad al incrementar la percep-
ción de control policial en el entorno comercial.
Al mismo tiempo, activa un canal de inteligencia
informal de alto valor: el conocimiento que los
propios comerciantes poseen sobre las personas,
dinámicas y situaciones de su entorno inmediato.
Desde el enfoque criminológico, el modelo se
alinea con la teoría de actividades rutinarias de
Cohen y Felson (1979). La teoría sostiene que la
presencia de guardianes capaces en los espacios
de mayor actividad reduce las oportunidades
para la comisión de delitos. En este sentido, la
visita policial periódica a los locales comerciales
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—registrada y trazable mediante el escaneo
del QR— opera como un mecanismo que la
teoría identifica como factor clave de prevención
situacional.
Este sistema contribuye a detectar y prevenir
situaciones de riesgo, en especial, las relacionadas
con extorsiones o amenazas contra el sector
comercial. Estos delitos tienen un alto impacto
en la percepción de inseguridad y en la actividad
económica de las comunidades.
Al establecer un canal directo y periódico en-
tre el servidor policial y el comerciante, el modelo
reduce la asimetría de información que histórica-
mente ha favorecido a los grupos extorsionadores.
Además, refuerza el compromiso institucional de
proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad
en el territorio.
Segundo QR: denuncia ciudadana
directa, segura y anónima
El segundo componente del sistema está dirigido
a la ciudadanía en general. Con esta herramienta,
los habitantes pueden presentar denuncias direc-
tas y seguras, así como adjuntar fotografías o vi-
deos de hechos y personas sospechosas. De este
modo, la ciudadanía se convierte en colaboradora
activa de la inteligencia policial, sin necesidad de
acudir personalmente a una unidad policial ni ex-
poner su identidad.
La información ingresada a través de este canal
llega de manera inmediata al área investigativa de
la Policía Nacional, con la garantía de protección
de la identidad del denunciante. Este elemento
es relevante en contextos de alta conflictividad,
donde el temor a represalias constituye una de las
principales barreras para la denuncia ciudadana.
Al reducir el obstáculo mediante el anonimato y la
inmediatez del canal digital, el sistema incrementa
el flujo de información operativa disponible para
los procesos de inteligencia institucional.
La incorporación de evidencia multimedia
—fotografías y videos— como parte de la de-
nuncia representa un salto cualitativo frente a los
sistemas tradicionales de reporte ciudadano. Esta
funcionalidad permite que la información recibi-
da no solo active los protocolos de respuesta, sino
que también pueda incorporarse como insumo
investigativo. Con ello se fortalece la cadena de
valor que va desde la detección temprana hasta la
intervención táctica y el procesamiento judicial.
Los primeros resultados de la implementación
del componente son alentadores. Los moradores
y comerciantes reportan una mayor sensación de
seguridad, asociada con el incremento del control
policial y con la disponibilidad de un canal ágil
para alertar sobre actividades irregulares. Esta
percepción positiva constituye un indicador de
impacto relevante, pues la sensación de seguridad
incide en la cohesión comunitaria, la actividad
económica y la disposición ciudadana a colaborar
con las instituciones de seguridad.
Sinergia entre las dos modalidades: un
sistema de doble vínculo
La articulación de estas dos modalidades —pre-
sencia policial activa en comercios y denuncia
ciudadana anónima— configura un sistema de
doble vínculo. Por un lado, el servidor policial se
acerca a la ciudadanía de manera proactiva, regu-
lar y visible, genera confianza y recopila informa-
ción de forma directa. Por otro lado, la ciudadanía
dispone de un canal seguro para reportar situacio-
nes de riesgo de manera autónoma, sin depender
de la presencia física del agente.
Esta doble dimensión distingue al modelo
QR de los sistemas unidireccionales de denuncia y
esquemas de patrullaje que carecen de mecanismos
de seguimiento ciudadano. El sistema crea un
circuito de información bidireccional, continuo y
trazable, que robustece los procesos de inteligencia
operativa con datos que provienen de la observa-
ción policial directa y del conocimiento ciudadano
sobre el territorio. De este modo, amplía la capa-
cidad institucional de anticipación, detección y
respuesta frente a la violencia y la delincuencia.
Discusión
El modelo QR representa una innovación con-
ceptual y operativa en el campo de la proximidad
policial orientada a la contención de la violencia.
Integra en un solo sistema tres dimensiones que
suelen estar disociadas en la práctica institucio-
nal: la focalización territorial basada en evidencia,
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la participación ciudadana activa y la producción
de inteligencia operativa.
La consistencia del modelo con la eviden-
cia internacional es relevante. Al igual que el
Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes de Colombia, el QR estructura la
acción policial sobre unidades territoriales, con
responsabilidad operativa clara y mecanismos de
contacto comunitario permanente. A diferencia
de los modelos reactivos, incorpora la información
ciudadana como insumo de inteligencia y sigue la
lógica de los sistemas de policía orientada a proble-
mas (problem-oriented policing). Esta lógica ha mos-
trado mayor evidencia favorable para reducir delitos
específicos y construir confianza institucional.
La atención particular al sector comercial
como espacio de intervención preventiva es
pertinente en el contexto ecuatoriano. En este
escenario, las extorsiones y las amenazas contra
los comerciantes constituyen una de las manifes-
taciones más extendidas de la violencia criminal
organizada. Al establecer una presencia policial
periódica, trazable y dialogante en estos espacios,
el modelo crea una barrera disuasoria y un canal
de información privilegiado, que difícilmente
puede obtenerse de los patrullajes aleatorios o
sistemas de denuncia convencionales.
La dimensión tecnológica del modelo
introduce ventajas comparativas relevantes. A
diferencia de las plataformas digitales complejas,
que requieren conectividad avanzada o dispo-
sitivos específicos, los códigos QR constituyen
una tecnología altamente disponible, de fácil
implementación y bajo costo operativo. Estas
características amplían su potencial de adopción
en contextos con recursos limitados.
Los más de 2,8 millones de escaneos registra-
dos respaldan empíricamente esta afirmación: la
ciudadanía ha adoptado el canal de manera masiva
y sostenida. Esto evidencia que la tecnología resul-
ta accesible, comprensible y es percibida como útil.
Sin embargo, la sostenibilidad del modelo
como herramienta de contención de la violencia
depende de las condiciones institucionales que
deben garantizarse. La principal es la capacidad de
respuesta: un sistema que recolecta información,
pero que no genera respuestas visibles, erosiona la
confianza ciudadana y desalienta la participación.
La integración con el C4I2 y el 1800-Delito
busca atender esta condición. No obstante,
requiere procesos de validación y análisis de la
información ágiles, sistemáticos y orientados a
la generación de productos operativos concretos.
Del mismo modo, la protección de los datos
personales y la gestión ética de la información
ciudadana constituyen condiciones ineludibles
para la legitimidad y sostenibilidad del modelo.
La experiencia internacional advierte sobre
el riesgo de la hiperfocalización sin participación
comunitaria. Los estudios sobre hot spot policing
en Bogotá y otras ciudades latinoamericanas
señalan que la concentración de la acción policial,
cuando no incorpora involucramiento ciudadano,
puede derivar en prácticas de control que generan
fricción con la comunidad, en lugar de construir
confianza. El QR–IA aborda este riesgo de
manera estructural, al incorporar la participación
ciudadana no como un complemento, sino como
un componente operativo central del sistema.
Conclusiones
El modelo de proximidad comunitaria inteligen-
te (QR) se consolida como una propuesta innova-
dora que integra de manera coherente tecnología
digital accesible, proximidad policial y participa-
ción ciudadana en un sistema permanente de in-
teracción territorial. Su diseño operativo, basado
en fases de diagnóstico, hiperfocalización y ges-
tión de información, supera las limitaciones de los
modelos tradicionales de patrullaje reactivo, pues
estructura un ciclo continuo de prevención, inte-
ligencia y respuesta que fortalece la acción poli-
cial desde una lógica preventiva, participativa e
inteligente.
El modelo QR se configura como una herra-
mienta de inteligencia territorial y prevención del
delito. Permite la detección temprana de riesgos,
la generación de información operativa hiperfo-
calizada y la activación de respuestas oportunas,
en especial, frente a delitos como la extorsión.
La combinación de presencia policial activa
y denuncia ciudadana anónima configura un sis-
tema de doble vínculo que fortalece la confianza,
reduce las barreras a la denuncia y contribuye a la
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prevención, vinculación ciudadana e inteligencia territorial
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legitimidad institucional. No obstante, su impacto
sostenido depende de condiciones clave, como la
capacidad de respuesta, la gobernanza ética de los
datos y una cultura organizacional orientada a la
acción preventiva y al servicio ciudadano.
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Nº 12 junio 2026 • pp 77-84 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Habilidades blandas en la educación superior: análisis
de su desarrollo en estudiantes de formación docente
Soft Skills in Higher Education: An Analysis of Their Development in
Teacher Training Students
Galo Alejandro Palacios Terán
1
Sofía Alexandra Zambrano Rosero
2
Luis Andrés Mantilla Huasco
3
Recibido: 03 de mayo de 2026
Aceptado: 15 de mayo de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
El desarrollo de habilidades blandas es un componente relevante de la formación integral de los docen-
tes que comprenden la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la empa-
tía, la creatividad y adaptabilidad. Este artículo analiza el rol de tales capacidades en la educación su-
perior, con énfasis en estudiantes de formación docente, a partir de una revisión teórica-empírica de
estudios publicados en los últimos cinco años. La revisión muestra que incorporar sistemáticamente
destrezas blandas en programas universitarios puede fortalecer la calidad de la formación docente y la
práctica educativa, siempre que su enseñanza, seguimiento y evaluación se integren de manera explíci-
ta en el currículo.
Palabras clave: habilidades blandas; educación superior; competencias socioemocionales; práctica
educativa; desarrollo profesional docente.
Abstract
e development of soft skills is a key component of the comprehensive training of teachers. ese
skills include effective communication, collaborative work, critical thinking, empathy, creativity, and
adaptability. is article analyzes the role of these skills in higher education, with an emphasis on tea-
cher education students, based on a theoretical and empirical review of studies published over the past
five years. e review shows that systematically incorporating soft skills into university programs can
enhance the quality of teacher training and educational practice, provided that their instruction, mo-
nitoring, and assessment are explicitly integrated into the curriculum.
Keywords: soft skills; higher education; socio-emotional competencies; educational practice; teacher
professional development.
1 Universidad Central del Ecuador, gaplacios@uce.edu.ec, 0000-0002-0710-3139, Quito- Ecuador.
2 Universidad Central del Ecuador, sazambranor@uce.edu.ec,
0000-0002-7840-1475, Quito- Ecuador.
3 Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional, luis.mantilla@isupol.edu.ec,
0009-0004-0820-3117, Quito- Ecuador.
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Luis Andrés Mantilla Huasco
Habilidades blandas en la educación superior: análisis
de su desarrollo en estudiantes de formación docente
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Introducción
La educación superior enfrenta múltiples desafíos
derivados de cambios sociales, culturales, tecnoló-
gicos y económicos que caracterizan a la sociedad
del siglo XXI. En este contexto, la formación do-
cente exige un enfoque integral que trascienda la
transmisión de los conocimientos disciplinares y
metodológicos, e incorpore el desarrollo de com-
petencias socioemocionales y comunicativas.
Los sistemas educativos requieren docentes
capaces de adaptarse a contextos cambiantes,
gestionar la diversidad en el aula y promover los
aprendizajes significativos. Las universidades
cumplen un rol estratégico en la formación de
profesionales de la educación con competencias
cognitivas, interpersonales, comunicativas,
reflexivas y éticas, necesarias para fortalecer su
desempeño profesional a futuro.
Objetivo general
Analizar la relevancia de las habilidades blandas
en la educación superior, con énfasis en su desa-
rrollo en estudiantes de formación docente, pa-
ra comprender su aporte a la formación integral y
desempeño profesional.
Objetivos específicos
• Identificar las principales habilidades
blandas requeridas en la formación de los
estudiantes de docencia.
• Describir su importancia en el desempe-
ño académico, personal y profesional de
los futuros docentes.
• Examinar las estrategias pedagógicas que
favorecen el desarrollo de las habilidades
blandas en los procesos universitarios de
formación docente.
Metodología
El presente artículo se desarrolló desde un enfo-
que cualitativo, de tipo documental y con alcance
descriptivo-analítico. El enfoque permitió com-
prender el fenómeno desde una perspectiva re-
flexiva, a partir de los principales debates aca-
démicos, las tendencias actuales e implicaciones
pedagógicas de estas competencias en la forma-
ción integral de los futuros docentes.
La investigación se sustentó en una revisión
bibliográfica y documental de fuentes académicas
relacionadas con las habilidades blandas, la forma-
ción docente, las competencias socioemocionales,
la educación superior y metodologías activas. Se
analizaron artículos científicos, libros especiali-
zados, informes de organismos internacionales
y documentos académicos publicados durante
los últimos cinco años. Este criterio permitió
priorizar información actual y pertinente para el
objeto de estudio.
Se buscó recopilar información relevante
para construir una base conceptual sólida sobre
el objeto de estudio. También se consideraron los
aportes de los organismos internacionales como
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD), junto con investigaciones
recientes sobre la importancia de estas competen-
cias en la profesionalización docente.
Para seleccionar las fuentes, se establecieron
criterios de inclusión y exclusión. Se incluyeron
documentos que abordaran directamente el ob-
jeto de estudio, así como publicaciones recientes
con respaldo académico. Asimismo, se prioriza-
ron fuentes relacionadas con las metodologías
activas, evaluación formativa, práctica reflexiva y
desarrollo profesional docente.
En cuanto a los criterios de exclusión, se
descartaron documentos sin respaldo académico,
publicaciones duplicadas, fuentes desactualizadas
que no aportaban elementos significativos al
análisis, y textos que abordaran las habilidades
blandas desde una perspectiva empresarial o labo-
ral, sin conexión directa con el campo educativo.
El proceso metodológico se desarrolló en va-
rias fases. En primer lugar, se ejecutó la búsqueda
y selección de fuentes académicas pertinentes. En
segundo lugar, se efectuó la lectura crítica de los
documentos, con el propósito de identificar ideas
centrales, conceptos clave y aportes relevantes.
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de su desarrollo en estudiantes de formación docente
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En tercer lugar, la información se organizó en
categorías de análisis relacionadas con la con-
ceptualización de las habilidades blandas, su im-
portancia en la formación docente, las estrategias
para su desarrollo y los desafíos vinculados con su
evaluación. Posteriormente, se efectuó un análisis
interpretativo de la información recopilada para
establecer las relaciones entre los planteamientos
teóricos y las necesidades actuales de la formación
docente universitaria.
En cuanto a las categorías de análisis, se con-
sideraron cuatro ejes: primero, la conceptualiza-
ción de las habilidades blandas y su relación con
las competencias socioemocionales; segundo, su
relevancia en la educación superior y formación
inicial docente; tercero, las estrategias pedagó-
gicas que favorecen su desarrollo, tales como el
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado
en problemas, la práctica reflexiva y proyectos de
vinculación; y cuarto, los desafíos relacionados
con su evaluación, especialmente por su carácter
subjetivo y contextual.
La metodología adoptada permitió construir
una reflexión teórica fundamentada sobre la
necesidad de incorporar las habilidades blandas de
manera transversal, sistemática e intencional en la
formación docente universitaria. Si bien el estudio
no incluyó la aplicación de instrumentos empíricos
a una población específica, sus resultados ofrecen
una base conceptual para futuras investigaciones
orientadas al diseño de propuestas pedagógicas,
curriculares y evaluativas que fortalezcan el desa-
rrollo integral de los futuros docentes.
Marco teórico
Conceptualización
El concepto de habilidades blandas ha adquiri-
do relevancia en el ámbito educativo y laboral
en las últimas décadas, en respuesta a las trans-
formaciones sociales, tecnológicas y económicas
que demandan perfiles profesionales más integra-
les. Comprenden un conjunto de competencias
socioemocionales, comunicativas, actitudinales y
éticas que permiten a las personas interactuar de
manera efectiva en distintos contextos sociales y
profesionales. A diferencia de las habilidades du-
ras, vinculadas con el dominio técnico y discipli-
nar, las blandas son de carácter transversal, trans-
ferible y contextual, lo que las convierte en un eje
clave para la formación a lo largo de la vida.
Desde una perspectiva conceptual, influyen
en el desempeño académico, laboral y social,
incluso —en determinados contextos— en
mayor medida que las habilidades cognitivas
tradicionales. Esta idea ha llevado a replantear los
modelos educativos centrados en la transmisión
de contenidos y ha promovido enfoques que
integren dimensiones emocionales, sociales y
comunicativas del aprendizaje.
Según organismos internacionales como
la Unesco y la OECD, las habilidades blandas
constituyen un componente esencial de la edu-
cación del siglo XXI, ya que favorecen la forma-
ción integral del estudiante y su capacidad para
desenvolverse en entornos complejos, diversos
y cambiantes (Unesco 2021; OECD 2020). En
este sentido, no solo contribuyen al desempeño
profesional, sino también al desarrollo personal, la
participación ciudadana y cohesión social.
Asimismo, la literatura reciente destaca que
tales habilidades están relacionadas con el apren-
dizaje permanente y la empleabilidad. Según la
OECD (2020), la adaptabilidad, la comunicación
efectiva y el trabajo colaborativo permiten a los
profesionales responder de manera flexible a los
cambios del mercado laboral y a desafíos globales,
lo que refuerza su valor estratégico en la educa-
ción superior.
Entre las habilidades blandas más citadas en
estudios contemporáneos está la comunicación
efectiva, el trabajo en equipo, el pensamiento
crítico, la creatividad, la empatía, la resolución de
conflictos y la adaptabilidad. Estas competencias
se desarrollan progresivamente mediante la expe-
riencia, la interacción social y la reflexión sobre
la práctica. Es necesario integrarlas intencional
y sistemáticamente en los procesos formativos
universitarios, más allá de las actividades aisladas
o extracurriculares.
Enfoques teóricos
Desde la perspectiva constructivista, el desarro-
llo de las habilidades blandas se concibe como un
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de su desarrollo en estudiantes de formación docente
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proceso activo en el cual el estudiante constru-
ye su aprendizaje a partir de la interacción con
otros y con su entorno. Este enfoque, sustentado
en los aportes de Piaget y Vygotsky, plantea que
las competencias socioemocionales se fortalecen
mediante experiencias significativas que promue-
ven la colaboración, el diálogo, la negociación de
los significados y la resolución de problemas rea-
les (Vygotsky 1978). En este marco, el aprendi-
zaje se entiende como un proceso que favorece el
desarrollo integral de la persona.
El constructivismo ha dado lugar a metodolo-
gías centradas en el estudiante, como el aprendizaje
basado en problemas y el aprendizaje colaborativo
que facilitan el desarrollo de habilidades al situar
al estudiante en escenarios que demandan comu-
nicación, liderazgo y responsabilidad compartida.
En esta línea, Prince y Felder (2006) sostienen que
las metodologías activas favorecen el aprendizaje
significativo y el desarrollo de competencias apli-
cables a contextos profesionales.
Mientras tanto, el enfoque socioformativo
plantea que las habilidades blandas deben de-
sarrollarse en relación directa con la solución de
problemas del contexto social, educativo y profe-
sional. Desde este marco, la educación superior es
la responsable de formar profesionales capaces de
actuar con ética, compromiso social y responsabili-
dad, mediante saberes cognitivos, procedimentales
y socioemocionales (Tobón 2022). Este enfoque
enfatiza que el aprendizaje debe orientarse a pro-
yectos y a la mejora de la realidad.
De manera complementaria, los enfoques
humanistas resaltan la importancia del desarrollo
integral y consideran a tales habilidades como
medios para potenciar la autorrealización, la
empatía y el respeto por las diversidades. Rogers
(1983) sostuvo que un clima educativo basado en
la aceptación, la congruencia y la comprensión
favorece el desarrollo personal y profesional del
estudiante. En la educación superior, este enfoque
cobra relevancia porque promueve relaciones
pedagógicas más horizontales, dialógicas y cen-
tradas en la persona.
En el ámbito de la formación docente, la con-
vergencia de estos enfoques permite comprender
a las habilidades blandas como competencias
fundamentales para el ejercicio profesional. El rol
docente no se limita a la transmisión de conoci-
mientos, sino que implica la mediación pedagógi-
ca, la gestión emocional, la comunicación efectiva,
la resolución de conflictos e interacción constante
con diversos actores del sistema educativo. Por en-
de, fortalecer estas competencias resulta clave para
una práctica docente ética, reflexiva y socialmente.
Habilidades blandas en la formación
docente universitaria
La formación inicial docente representa un espa-
cio privilegiado para el desarrollo de estas destre-
zas, debido a la naturaleza relacional, ética y social
de la profesión docente. Los futuros maestros no
solo deben dominar los contenidos disciplinares
y metodologías de enseñanza, sino también de-
sarrollar las competencias que les permitan ges-
tionar las diversidades, resolver conflictos, comu-
nicarse de manera asertiva y establecer relaciones
pedagógicas con sus estudiantes y colegas.
Estudios recientes señalan que las habilidades
blandas se asocian con la calidad del desempeño
docente, especialmente en aspectos como la ges-
tión del aula, la motivación estudiantil, el clima
escolar y la creación de ambientes de aprendizaje
inclusivos (Saleem et al. 2024; Choquehuanca
2024). Estas investigaciones han mostrado que
los docentes con mayores competencias socioe-
mocionales tienden a presentar mejores niveles de
satisfacción laboral y mayor efectividad en el aula.
Asimismo, la literatura especializada destaca
que el desarrollo de las habilidades en la forma-
ción docente contribuye a fortalecer la identidad
profesional y el compromiso ético del futuro
educador. Según Darling-Hammond (2017),
aquellos programas de formación que integran
componentes reflexivos y socioemocionales favo-
recen una práctica docente más consciente, crítica
y contextualizada.
En este contexto, las universidades enfrentan
el desafío de integrar habilidades blandas en los
planes de estudio y evitar su tratamiento aislado
o superficial. La evidencia sugiere que deben
promoverse mediante metodologías activas, las
prácticas reflexivas supervisadas y experiencias
formativas auténticas, como las prácticas prepro-
fesionales y los proyectos de vinculación con la
comunidad.
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de su desarrollo en estudiantes de formación docente
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Finalmente, la formación docente universita-
ria debe asumir el desarrollo de tales habilidades
como un eje estratégico para responder a las
demandas actuales del sistema educativo. Integrar
estas competencias de modo coherente y sistemá-
tico no solo mejora la calidad de la formación
inicial, sino que también contribuye a construir
sistemas educativos más humanos, inclusivos y
orientados al desarrollo integral de los estudiantes.
Discusión
Importancia
La educación superior tiene por fin último formar
profesionales competentes, críticos y comprome-
tidos con la sociedad. En este sentido, las habili-
dades blandas desempeñan un rol estratégico, ya
que complementan los conocimientos técnicos y
favorecen el desarrollo integral del estudiante.
Las investigaciones señalan que los egre-
sados universitarios con más desarrollo de estas
destrezas presentan mejores oportunidades de
inserción laboral y un desempeño profesional más
favorable. En el caso de los docentes, se asocian
con la calidad de la enseñanza y la construcción
de ambientes de aprendizaje positivos.
Además, las habilidades blandas contribu-
yen al fortalecimiento de la ciudadanía, la con-
vivencia democrática y la educación inclusiva,
aspectos prioritarios en los sistemas educativos
actuales. Por ende, su incorporación en la educa-
ción superior no debe limitarse a una dimensión
laboral, sino que también debe comprenderse
como parte de la formación ética, social y ciuda-
dana del futuro profesional.
La formación inicial docente constituye una
etapa clave para el desarrollo de las habilidades
blandas, ya que es en esta etapa los futuros docentes
construyen su identidad profesional y consolidan
sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendi-
zaje. Su incorporación en programas universitarios
permite preparar a los estudiantes para enfrentar
los desafíos reales del aula, caracterizados por las
diversidades culturales, las demandas emocionales
y la necesidad de adaptación a contextos educativos
cambiantes (Unesco 2021).
Entre las habilidades más relevantes en la
formación docente se encuentra la comunicación
asertiva, la empatía, el trabajo colaborativo y la
capacidad de reflexión crítica. Estas resultan
esenciales para la gestión efectiva del aula, la
atención a la diversidad y la implementación de
prácticas pedagógicas inclusivas e innovadoras.
Otros estudios evidencian que los docentes con
mayor desarrollo de capacidades socioemociona-
les logran establecer relaciones pedagógicas más
significativas y generar climas de aprendizaje
positivos (OECD 2020).
Desde una perspectiva pedagógica, el desa-
rrollo de estas habilidades requiere de estrategias
didácticas que trasciendan la enseñanza tradicio-
nal. Metodologías activas como el aprendizaje
basado en problemas, el aprendizaje colaborativo
y la práctica reflexiva han demostrado ser efica-
ces para fortalecer competencias como la toma
de decisiones, la comunicación interpersonal
y el pensamiento crítico en futuros docentes
(Darling-Hammond et al. 2023). Estas metodo-
logías permiten que los estudiantes experimenten
situaciones cercanas al ejercicio profesional y
reflexionen sobre su desempeño.
Asimismo, la formación docente orientada
al desarrollo de habilidades favorece la autorre-
gulación emocional y el bienestar profesional,
aspectos esenciales para prevenir el agotamiento
laboral y promover una práctica docente soste-
nible. Su ausencia puede estar relacionada con
mayores niveles de estrés y abandono de la pro-
fesión docente, mientras que su fortalecimiento
contribuye a la resiliencia, la motivación y el
compromiso profesional a largo plazo (Schleicher
2023; OECD 2023).
Estrategias pedagógicas
Las metodologías activas se han posicionado co-
mo estrategias relevantes para el desarrollo de
habilidades blandas en la educación superior. El
aprendizaje basado en proyectos, el aprendiza-
je colaborativo y el aprendizaje-servicio permi-
ten a los estudiantes enfrentar situaciones reales
o simuladas, trabajar con otros, tomar decisio-
nes y desarrollar competencias socioemocionales
contextualizadas.
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de su desarrollo en estudiantes de formación docente
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El uso de tecnologías digitales y entornos
virtuales de aprendizaje constituyen un recurso
valioso para fortalecer las habilidades blandas,
de modo especial, en contextos de educación
híbrida y a distancia. También facilitan la co-
municación, la colaboración y la reflexión crítica
entre los estudiantes. Por su parte, la tutoría
académica y la práctica reflexiva son estrategias
para acompañar el desarrollo en los estudiantes
de formación docente.
Evaluación
La evaluación de las habilidades blandas repre-
senta uno de los principales retos en la educación
superior, debido a su carácter subjetivo, contex-
tual y progresivo. A diferencia de los conteni-
dos conceptuales, estas competencias requieren
de procesos de evaluación continua y formativa,
basados en evidencias observables del desempe-
ño estudiantil.
Entre los instrumentos más utilizados
para evaluarlas están las rúbricas analíticas, la
autoevaluación, coevaluación y observación
sistemática que permiten tener una visión más
integral del desarrollo de las competencias so-
cioemocionales. Estos instrumentos consideran
la percepción del propio estudiante y la valora-
ción de sus pares y del docente.
No obstante, es necesario capacitar a los do-
centes universitarios en estrategias de evaluación
auténtica que permitan valorar de manera riguro-
sa, contextualizada y transparente el desarrollo de
habilidades blandas. Esto implica diseñar crite-
rios claros, indicadores observables y actividades
vinculadas con situaciones reales o cercanas al
ejercicio profesional.
Desafíos e implicaciones
Los resultados del análisis teórico evidencian que,
aunque estas habilidades son reconocidas como
competencias esenciales en la formación docen-
te universitaria, su integración sistemática en los
planes de estudio todavía representa un desafío
para la educación superior. Entre las principales
dificultades se identifican la falta de lineamien-
tos curriculares claros, la limitada formación del
cuerpo docente y la tendencia a priorizar conte-
nidos disciplinares sobre el desarrollo socioemo-
cional y ético de los estudiantes.
En este sentido, las instituciones deben in-
corporar estas habilidades de manera más activa
en los planes de estudio. Esto implica diseñar po-
líticas académicas, metodologías activas y estrate-
gias de evaluación que permitan valorar no solo
el dominio cognitivo, sino competencias como la
comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, la
empatía, el pensamiento crítico, la adaptabilidad
y la resolución de conflictos.
Asimismo, la discusión permite reconocer
que el desarrollo de habilidades blandas no puede
limitarse a asignaturas aisladas o actividades com-
plementarias. Por el contrario, debe articularse
con las prácticas preprofesionales, los proyectos
de vinculación, la investigación formativa y los
espacios de reflexión pedagógica. De esta manera,
estudiantes de formación docente pueden experi-
mentar situaciones reales que fortalezcan su iden-
tidad profesional y su capacidad para responder a
contextos educativos diversos.
Limitaciones del estudio
Una de las limitaciones del presente artículo es su
carácter documental, ya que el análisis se basa en
la revisión de literatura académica y no en la apli-
cación de instrumentos empíricos a estudiantes
de formación docente. Los resultados no permi-
ten generalizar ni llegar a conclusiones sobre una
población específica, sino ofrecer una aproxima-
ción teórica y analítica al tema.
Además, la selección de las fuentes se centró
en estudios recientes, que si bien favorece la
discusión y el diálogo actualizado, deja por fuera
los aportes clásicos relevantes sobre formación
socioemocional y profesional docente. Pese a
estas limitaciones, el estudio aporta una base con-
ceptual importante para futuras investigaciones
empíricas.
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Habilidades blandas en la educación superior: análisis
de su desarrollo en estudiantes de formación docente
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Conclusiones
En relación con el objetivo de analizar la relevan-
cia de las habilidades blandas en la educación su-
perior, se concluye que estas constituyen un com-
ponente clave en la formación integral de los
futuros docentes. Su desarrollo fortalece la em-
patía, la comunicación efectiva, el pensamiento
crítico, el trabajo colaborativo y la capacidad de
adaptación, destrezas necesarias para responder a
los desafíos pedagógicos, sociales y emocionales
de los contextos educativos actuales.
Respecto a las principales habilidades necesa-
rias en la formación docente, se evidencia que la
comunicación asertiva, la resolución de conflictos,
la creatividad, la responsabilidad ética y la toma de
decisiones son esenciales para mejorar la práctica
pedagógica y construir ambientes de aprendizaje
más inclusivos, participativos y humanizados.
En cuanto a las estrategias para su desarrollo,
se concluye que las universidades deben integrar
las habilidades blandas en los planes de estudio,
mediante metodologías activas, prácticas pre-
profesionales, proyectos colaborativos y espacios
de reflexión. Estas experiencias permiten que los
estudiantes no solo adquieran conocimientos teó-
ricos, sino que también fortalezcan competencias
socioemocionales aplicables a su futuro ejercicio
profesional.
Finalmente, se recomienda continuar inves-
tigando sobre estos enfoques en la formación
docente universitaria, con el fin de generar pro-
puestas pedagógicas contextualizadas que contri-
buyan a una educación superior más pertinente,
ética e inclusiva.
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85
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Nº 12 junio 2026 • pp 85-94 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales:
surgimiento, historia y legitimidad legal-administrativa
University of Citizen Security and Police Sciences: Origins, History, and
Legal and Administrative Legitimacy
Francisco Zumárraga Aguinaga
1
Germán Eduardo Luzuriaga Hidalgo
2
Pablo Edwin Bolaños López
3
Recibido: 22 de mayo de 2026
Aceptado: 28 de mayo de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
La educación superior en Ecuador enfrenta el desafío de responder a fenómenos sociales complejos, co-
mo la inseguridad ciudadana. Este artículo analiza el proceso de creación de la Universidad de Seguridad
Ciudadana y Ciencias Policiales, así como su configuración académica y legitimación institucional en el
sistema de educación superior del Ecuador. La investigación adopta un enfoque cualitativo, de alcance
descriptivo y exploratorio, mediante la revisión documental de fuentes institucionales, normativas y acadé-
micas en el período de 2022–2024. Se concluye que dicha universidad constituye una respuesta del Estado
ecuatoriano orientada a profesionalizar a la Policía Nacional en el campo de las ciencias de la seguridad. Este
proceso contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales, la calidad académica y la formula-
ción de políticas públicas basadas en evidencia y datos estratégicos.
Palabras clave: educación superior; legitimidad institucional; profesionalización policial; seguridad
ciudadana.
Abstract
Higher education in Ecuador faces the challenge of addressing complex social issues, such as public
insecurity. is article analyzes the process of establishing the University of Public Safety and Police
Sciences and its academic development and institutional legitimization within Ecuador’s higher edu-
cation system. e research adopts a qualitative approach, with a descriptive and exploratory scope,
through a documentary review of institutional, regulatory, and academic sources from 2022 to 2024. It
is concluded that this university constitutes a response by the Ecuadorian State aimed at professionali-
zing the National Police in the field of security sciences. is process contributes to the strengthening
1 Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica Policía Nacional, Quito-Ecuador, franzua18274@hotmail.com,
0009-0008-3055-1870
2 Subdirección Nacional de Seguridad y Protección, Policía Nacional, Quito-Ecuador, german.luzuriaga@policia.gob.ec,
0009-0004-4735-1622
3 Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, Quito-Ecuador, pablo.bolanoscsi@gmail.com,
0000-0002-7296-4197
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Nº 12 junio 2026 • pp 85-94
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surgimiento, historia y legitimidad legal-administrativa
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of institutional capacities, academic quality, and
the formulation of public policies based on stra-
tegic data.
Keywords: higher education; institutional legiti-
macy; police professionalization; public safety.
Introducción
En las últimas décadas, la educación superior en
América Latina —en general— y en Ecuador —
en particular— experimenta una transformación
caracterizada por el aumento de la cobertura, la
diversificación institucional y el fortalecimien-
to de los convenios en respuesta a las necesida-
des sociales, económicas y tecnológicas emergen-
tes. Aunque la región ha ampliado el acceso a la
educación superior, aún persisten brechas de in-
equidad asociadas a la desigualdad social en dis-
tintos ámbitos de los sistemas educativos (Gacel
et al. 2024).
A esta situación se suma un contexto global
caracterizado por crecientes desafíos que exige
a las instituciones de educación superior (IES)
replantear sus estrategias para diseñar carreras
vinculadas con el desarrollo sostenible y la cohe-
sión social (López 2023).
La calidad educativa constituye un desafío
para las IES, que deben responder a una lógica
común basada en el conocimiento, la internacio-
nalización, la evaluación y la formación en com-
petencias. La literatura sostiene que la calidad es
un concepto integral, que articula los procesos
académicos, las condiciones institucionales, la do-
cencia, investigación y la capacidad de adaptación
de las instituciones (Anchieta y Pernía 2022).
En ese contexto, la internacionalización
emerge como un componente estratégico para
fortalecer la calidad, promover la cooperación,
diversificar las oportunidades formativas y conso-
lidar las capacidades institucionales. Por tanto, el
futuro de la educación superior latinoamericana
exige integrar la innovación, la sostenibilidad,
la calidad y la internacionalización como ejes
transversales de una transformación orientada al
desarrollo humano.
La educación superior en Ecuador ha
transitado, en los últimos años, por procesos de
transformación orientados hacia la inclusión, la
equidad y la calidad. Estos procesos se inscriben
en un marco normativo sobre inclusión educativa,
aunque persisten dificultades en su implemen-
tación como política y práctica institucional
(Delgado et al. 2021). En este contexto, las IES
enfrentan desafíos relacionados con el acceso, la
permanencia y el éxito académico, en atención a
condiciones sociales, interculturales y personales
diversas.
En Ecuador la calidad en la educación
superior se ha fortalecido desde un sistema de
evaluación y aseguramiento que incorpora la
autoevaluación, la evaluación externa y la mejora
continua. La calidad ha transitado de modelos
cuantitativos hacia esquemas mixtos orientados a
la mejora continua (Moscoso et al. 2022). Desde
2008, los procesos de acreditación se volvieron
más rigurosos, lo cual fortaleció e institucionalizó
un modelo basado en estándares.
Las universidades ecuatorianas deben promo-
ver, de manera articulada, políticas integrales que
garanticen derechos e igualdad de oportunidades,
con el propósito de consolidar culturas orientadas
a la excelencia y la justicia educativa.
En este contexto, la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES) y el Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior (Caces), promueven la creación y conso-
lidación de instituciones educativas que respon-
dan a necesidades específicas del país y problemas
puntuales. La creación de universidades, carreras
y rediseños curriculares forma parte de una
política pública orientada a garantizar la calidad
y pertinencia, así como la voluntad de construir
espacios académicos que fortalezcan la identidad
nacional y regional.
Este artículo describe el surgimiento y la legi-
timidad jurídico-administrativa de la Universidad
de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales
(Usecipol) de la Policía Nacional, en tanto resul-
tados de decisiones administrativas y demandas
sociales vinculadas con la formación especializada
en seguridad ciudadana. Asimismo, se busca
identificar cómo la universidad ha configurado
su identidad institucional, y cómo ha construido
legitimidad a partir de la profesionalización
policial.
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Nº 12 junio 2026 • pp 85-94
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Pablo Edwin Bolaños López
Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales:
surgimiento, historia y legitimidad legal-administrativa
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Objetivo general
Analizar el proceso de creación y consolidación
de la Universidad de Seguridad Ciudadana y
Ciencias Policiales (Usecipol) así como su legiti-
midad jurídico-administrativa, en el marco de la
educación superior ecuatoriana durante el perío-
do 2022-2024.
• Objetivos específicos
• Examinar los principales hitos que deter-
minaron el proceso de creación y de fun-
dación de la Usecipol.
• Identificar las dimensiones legales, admi-
nistrativas y sociales que brindan sustento
legal-administrativo a esta universidad.
Metodología
La metodología es cualitativa, con alcance des-
criptivo y exploratorio. El estudio parte de la re-
visión de documentos institucionales, entre ellos
informes de gestión, resoluciones y otros instru-
mentos administrativos vinculados con la crea-
ción y el desarrollo de la Usecipol. Esta revisión
permite identificar las bases normativas, admi-
nistrativas y organizacionales que sustentan su
surgimiento.
De manera complementaria, se consideran
entrevistas exploratorias a actores clave, con el
propósito de recuperar percepciones instituciona-
les sobre el proceso de constitución, legitimación
y proyección académica de la universidad. La
combinación de revisión documental y entrevistas
permite contrastar la información normativa con
las interpretaciones de quienes participaron o
conocen el proceso institucional.
Hallazgos
Presentación del caso
El 27 de diciembre de 2019 el Comando General
de la Policía Nacional del Ecuador remitió al
Ministerio de Gobierno el proyecto para crear
la Usecipol. El Ministerio reenvío este mismo
proyecto, el 7 de enero de 2020, al Consejo de
Educación Superior (CES) en cumplimiento con
los requisitos legales y académicos exigidos.
Durante 2020 y 2021, el proyecto atravesó
distintas revisiones por parte de las instancias
encargadas de regular, evaluar y planificar la
educación superior tales como el CES, el Caces
y la entidad responsable de coordinar la planifi-
cación. En febrero de 2021, la Secretaría Técnica
de Planificación emitió el pronunciamiento
favorable para crear la Usecipol. Luego, en mayo
de 2021, el Caces emitió el informe previo favo-
rable, mientras que, en agosto del mismo año, el
CES aprobó el informe conclusivo favorable y lo
remitió a la Asamblea Nacional para el trámite
correspondiente del proyecto de ley.
El 5 enero de 2022, la Coordinación General
de la Unidad Técnica Legislativa emitió el
informe técnico-jurídico no vinculante, en el
cual concluyó que el proyecto de ley cumplía
con los requisitos formales establecidos en la
Constitución de la República y la Ley Orgánica
de la Función Legislativa. Posteriormente, el
15 de enero de 2022, el secretario general de
la Asamblea Nacional remitió al presidente
de la Comisión Especializada Permanente
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología,
Innovación y Saberes Ancestrales la resolución
del Consejo de Administración Legislativa en la
cual se calificó el proyecto de Ley.
El 28 de abril de 2022, se remitió a la
Presidencia de la Asamblea Nacional el informe
para primer debate. Este informe fue aprobado
en la sesión ordinaria 2021-2023-077, instalada
el 21 de abril de 2022 y reanudada el 27 de abril
de 2022. Este avance fue resultado de la partici-
pación activa y relevante del equipo metodológico
de la Policía Nacional, que conformó diversas
mesas técnicas para incorporar los aportes sus-
tantivos del Ministerio de Gobierno, del Caces, el
Ministerio del Interior y asambleístas integrantes
de la Comisión de Educación.
En febrero de 2023, equipo metodológico de
la Policía Nacional promovió diversas reuniones
estratégicas con actores relevantes en materia
de seguridad ciudadana y educación superior, en
atención a las observaciones formuladas durante
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Pablo Edwin Bolaños López
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surgimiento, historia y legitimidad legal-administrativa
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el primer debate del proyecto. El objetivo de
las reuniones era fortalecer el informe para un
segundo debate en la Asamblea. Estas reuniones
contaron con el apoyo de:
• El Cuerpo de Agentes de Control Me-
tropolitano de Quito
• La Asociación Ecuatoriana de Munici-
palidades del Ecuador (AME)
• La Federación Nacional de Trabajadores
de la Seguridad del Ecuador
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Consejo de Educación Superior
• Universidad de Cuenca
• Universidad Laica Eloy Alfaro de Ma-
nabí
• Servicio Nacional de Atención Integral
de Personas Adultas Privadas de Liber-
tad y Adolescentes Infractores (SNAI)
Posteriormente, el 7 de marzo de 2023, la
Comisión de Educación aprobó el informe co-
rrespondiente para el segundo debate. No obs-
tante, la disolución de la Asamblea Nacional en
mayo de 2023 interrumpió temporalmente el tra-
tamiento legislativo del proyecto y suspendió la
continuidad del debate parlamentario. En conse-
cuencia, el proceso de creación de la universidad
quedó sujeto a la reorganización institucional del
órgano legislativo y a la instalación de una nueva
Asamblea que reanudó las funciones en noviem-
bre de 2023.
El equipo metodológico de la Policía ejecu-
tó las acciones pertinentes para que el 4 de ene-
ro de 2024, se llevara a cabo la sesión 885 de la
Asamblea, con el propósito de conocer y resolver
el informe para el segundo debate del proyecto
de ley. En esa misma fecha, el Comando General
de la Policía Nacional del Ecuador y la Dirección
Nacional de Educación de la Policía Nacional au-
torizaron al coordinador del equipo metodoló-
gico a exponer el proyecto, así como a atender y
subsanar las observaciones e inquietudes que pre-
sentó el Pleno de la Asamblea Nacional. Como
resultado, el proyecto fue aprobado con 81 votos
favorables.
Foto 1
Ponencia para la creación de Ley de la Universidad
de la Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador (2024).
Elaboración: por los autores.
El 8 de enero de 2024, la Presidencia de la
Asamblea Nacional remitió al presidente de la
República del Ecuador el proyecto de ley para su
sanción. Posteriormente, el 7 de febrero de 2024, la
Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la
República remitió al director del Registro Oficial
el texto de la Ley para publicar. Finalmente, me-
diante Registro Oficial Suplementario 495 del 8
de febrero de 2024, se promulgó la ley de creación
de la Usecipol, la cual marca el inicio de una nue-
va etapa en la educación superior vinculada con
la seguridad ciudadana y las ciencias policiales,
orientada a la excelencia académica y al fortaleci-
miento institucional.
Pertinencia de la Usecipol
En los últimos años, Ecuador experimenta un in-
cremento significativo de delitos como robos, ex-
torsiones, narcotráfico, ciberdelitos, redes cri-
minales y lavado de activos. Esta situación ha
generado una creciente presión social e institu-
cional para fortalecer la formación y capacitación
de los servidores policiales. Frente a estos facto-
res, el Estado ecuatoriano ha impulsado refor-
mas orientadas a modernizar y elevar la calidad
del sistema de educación superior, profesionalizar
a la Policía Nacional y fortalecer sus capacidades
académicas y operativas (Unesco 2025).
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Desde esta perspectiva, la Usecipol constituye
un aporte estratégico a la sociedad ecuatoriana,
no solo en beneficio del cuerpo policial, sino tam-
bién de la ciudadanía en general. Su propuesta
se orienta a la formación integral en seguridad
ciudadana y ciencias policiales, apoyada en la
innovación, el uso de las tecnologías y el fortale-
cimiento de las capacidades profesionales para la
prevención del delito, la protección ciudadana y el
mantenimiento de la seguridad y el orden público
del país.
Su creación no solo responde a un marco jurí-
dico-administrativo, sino también a la necesidad
de profesionalizar la formación policial desde
estándares académicos, éticos y técnicos acordes
con los desafíos contemporáneos. Por ende, la
Usecipol busca afianzar su legitimidad institu-
cional mediante una oferta académica oportuna,
especializada y articulada con las necesidades de
la seguridad ciudadana.
Dimensiones del análisis
Dimensión legal-administrativa:
reconocimiento oficial y normativa
aplicable
La Usecipol se inscribe en un marco jurídico que
regula el sistema de educación superior nacional
que establece que las instituciones de educación
superior deben responder a los principios de cali-
dad, pertinencia, autonomía responsable y articu-
lación con el desarrollo del país. La Constitución
de la República del Ecuador (CRE) dispone que
la educación superior forma parte de un sistema
organizado, regulado y orientado al desarrollo—
artículos 350 y 351—, lo que implica que toda
institución de educación superior debe integrarse
de forma coherente a las políticas públicas y al ré-
gimen de planificación estatal.
Gráfico 1
Línea de tiempo del proyecto de creación de la Usecipol
Ingreso
UTL
Proyecto de
ley UTPL
Entrega
informe
técnico
jurídico
al CAL
CAL
Califica
favorablemente
el proyecto de
Ley y remite a
la Comisión de
Educación
Presentación
proyecto de Ley
de Creación
Usecipol en la
Asamblea
Nacional
Comisión
de Educación
aprueba con 7 votos
afirmativos el
informe para 2do.
debate de la ley de
creación de la
Usecipol
Reanudación
y nuevamente suspensión
de la sesión nº 778 del 1er.
debate de la ley de
creación de la Usecipol
intervienen KDTS y llega
una marcha a la Asamblea
Publicación en el
Registro Oficial Ley
de creación
Usecipol
Conformación
de mesas
técnicas para el
informe de 2do.
debate de la Ley
de creación de
la Usecipol
Presidente
de la República
decreta
disolución de la
Asamblea
Nacional
Nueva
Asamblea
inicia sus
sesiones
Asamblea
Nacional
aprueba con
81 votos
favorables
Ley de creación de
la Usecipol
Conformación
y ejercicio de
comparecencias
con varios
actores de la
sociedad
MEF, Cases, CES
Conformación
y ejercicio de
comparecencias
con varios
actores de la
sociedad
(AMT, AME,
Fenaspe)
Tratamiento
en 1er. debate de la
Ley de creación de
la Usecipol, se
cierra el debate,
se remite a la
Comisión de
Educación
Conformación
y ejecución de
mesas técnicas
con varios actores
de la sociedad,
así como
comparacencias
Comisión
de educación
entrega a
presidente
Asamblea el
informe para
1er. debate
Presidente
de la Asamblea Sesión nº 778
para tratamiento de la ley
de Creación de la Usecipol, por
asambleísta proponente
29 nov. 21 7 dic. 21 05 ene. 22 12 ene. 22 Feb./mar.. 22 28 abr. 22
16 jun. 22
7 jul. 22
1 mar. 23
2 ago. 22
10 ene. 231 feb. 238 feb. 2316 feb. 23
17 nov. 23 4 ene. 2417 may. 23
FEB
Fuente: elaboración propia (2026) con base en documentos institucionales y legislativos.
Elaboración: por los autores.
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surgimiento, historia y legitimidad legal-administrativa
90
En este contexto, la LOES establece que para
crear una universidad se debe cumplir con requi-
sitos técnicos, académicos y de pertinencia, así co-
mo contar con informes favorables emitidos por
los organismos competentes, entre ellos el CES,
el Caces y el organismo nacional de planificación.
Este procedimiento garantiza que las institucio-
nes no respondan únicamente a criterios forma-
les, sino también a las necesidades reales del de-
sarrollo, conforme al principio de pertinencia
establecido en el artículo 107 de la LOES.
Además, el proceso de creación de la Usecipol
se articuló con los mecanismos de aseguramiento
de la calidad. Estos mecanismos incluyen eva-
luaciones técnicas, la revisión de la propuesta
académica y la verificación del cumplimiento
de estándares normativos, lo que permite sus-
tentar su pertinencia institucional, académica
y administrativa. El informe del CES confirma
que el proyecto cumplió los requisitos legales y
reglamentarios, incluidos los principios de auto-
nomía responsable, el cogobierno y la igualdad de
oportunidades.
Por otra parte, la promulgación de la Ley
de creación de la Usecipol en el Registro Oficial
Suplementario 495, formaliza su reconocimiento
jurídico dentro del sistema de educación superior
consolida su legitimidad legal y habilita su funcio-
namiento académico. Este acto jurídico no solo
representa la culminación del trámite legislativo,
sino también el inicio de su integración formal al
sistema educativo nacional.
Desde una perspectiva teórica, el asegura-
miento de la calidad en la educación superior
constituye un mecanismo fundamental para
garantizar la pertinencia, la eficiencia y la trans-
parencia institucional (Harvey y Green 1993;
Unesco 2020). En este sentido, la Usecipol se
configura como una institución que responde
a los estándares contemporáneos de calidad, al
alinear su estructura académica con las exigencias
normativas y las demandas sociales.
En consecuencia, la dimensión legal-admi-
nistrativa de la Usecipol forma parte de un proce-
so sólido de legitimación institucional, sustentado
en el cumplimiento de la normativa vigente, la
evaluación técnica especializada y la articulación
con el sistema nacional de educación superior.
Estos elementos garantizan su validez como
institución académica en un campo estratégico
como la seguridad ciudadana.
Dimensión social: pertinencia y
respuesta a necesidades ciudadanas
La pertinencia social de la Usecipol se funda-
menta en la capacidad de la educación superior
para responder a las necesidades de la sociedad,
especialmente en contextos de creciente comple-
jidad social y desafíos en materia de seguridad. La
CRE establece como deber primordial del Estado
garantizar la seguridad integral de sus habitan-
tes —artículo 3— lo que posiciona a la seguri-
dad como un eje central del desarrollo y del bien-
estar colectivo.
En este marco, la LOES reconoce en sus
artículos 3 y 8 que la educación superior debe
orientarse a la solución de problemas nacionales
mediante la formación de profesionales compe-
tentes, la investigación aplicada y la vinculación
con la sociedad. Este enfoque implica que las
instituciones educativas deben diseñar su oferta
académica en función de las demandas sociales,
económicas y culturales del país, y promover la
generación de conocimiento útil para la toma de
decisiones y la transformación social.
La creación de la Usecipol responde precisa-
mente a esta lógica de pertinencia, al constituirse
como una institución especializada en seguridad
ciudadana y ciencias policiales como áreas es-
tratégicas para el Estado ecuatoriano. Según el
principio de pertinencia, la educación superior
debe articularse con la planificación nacional,
el desarrollo científico y las necesidades del en-
torno social. Esta articulación se evidencia en la
orientación académica de la universidad hacia la
prevención del delito, la investigación criminal y
la gestión de la seguridad.
Desde una perspectiva académica, la litera-
tura señala que las universidades deben asumir
un rol activo en la solución de problemas sociales
complejos, mediante la promoción de la interdis-
ciplinariedad y la innovación (Altbach, Reisberg
y Rumbley 2009). En tal sentido, la formación de
profesionales especializados en seguridad contri-
buye a mejorar la capacidad del Estado para pre-
venir la violencia, investigar delitos y garantizar el
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orden público, aspectos claves para el desarrollo
del Buen Vivir. Por ello, la Usecipol se consolida
como un actor clave en la construcción de una
sociedad más segura, equitativa y resiliente.
Contexto social y político
Incremento de la inseguridad ciudadana
y percepción social de vulnerabilidad
Durante la última década, América Latina ha re-
gistrado un incremento significativo y sostenido
en los niveles de criminalidad, especialmente en
delitos relacionados con el crimen organizado, el
narcotráfico y la violencia. La evidencia interna-
cional muestra que la región concentra algunas de
las tasas más altas de homicidios y delitos violen-
tos en el mundo (UNODC 2019).
Ecuador, percibido históricamente como
un país relativamente seguro hasta hace muy
poco, atraviesa un deterioro de los indicadores
de seguridad pública que a su vez incrementa la
percepción de vulnerabilidad humana. Este esce-
nario genera una mayor demanda de respuestas
institucionales eficaces, entre ellas, la formación
de profesionales especializados en seguridad. En
ese marco la creación de la Usecipol responde a la
necesidad de fortalecer las capacidades estatales
para enfrentar nuevas modalidades delictivas me-
diante la profesionalización del talento humano
en seguridad.
Profesionalización y modernización
del sistema de seguridad
Los cambios en los modelos de seguridad y go-
bernanza pública evidencian la necesidad de
transformar la formación policial hacia un enfo-
que académico, científico y multidisciplinario. La
literatura especializada señala que las institucio-
nes de seguridad deben incorporar conocimientos
en criminología, análisis de datos, derechos hu-
manos y tecnologías emergentes para enfrentar
los desafíos (Bayley y Shearing 2001).
En este sentido, la creación de la Usecipol
forma parte de la profesionalización de la segu-
ridad, mediante una formación universitaria que
articula la teoría con la práctica, la investigación
aplicada e innovación tecnológica. Este enfoque
se alinea con estándares internacionales que
reconocen el rol de la educación superior en la
modernización de las instituciones de seguridad.
Reformas del Estado y políticas públicas
orientadas al Buen Vivir y la seguridad integral
El Estado ecuatoriano ha priorizado la
seguridad como un componente esencial del
desarrollo y del Buen Vivir, al reconocerla como
una condición para el ejercicio efectivo de los
derechos. En ese sentido, las políticas públicas
han enfatizado en la necesidad de fortalecer la
institucionalidad, prevenir el delito y garantizar la
seguridad integral mediante enfoques participati-
vos y basados en derechos.
Asimismo, la educación superior ha sido
concebida como un instrumento para construir
capacidades estatales. La creación de la Usecipol
se alinea con dichas prioridades y principios, al
constituirse como una institución orientada a la
formación de profesionales capaces de contribuir
al diseño e implementación de estrategias de
seguridad basadas en evidencia, innovación y
respeto a los derechos humanos.
Además, el proceso legislativo que dio origen
a la universidad evidencia la articulación entre
distintos actores del Estado y la sociedad, lo que
refleja un enfoque de gobernanza colaborativa en
la formulación de políticas públicas
Discusión
El análisis del proceso de creación de la Usecipol
evidencia la convergencia entre factores normati-
vos, sociales y políticos. Estos factores permiten
comprender su surgimiento como una respues-
ta estructural del Estado ecuatoriano frente a los
desafíos contemporáneos en materia de seguridad
pública.
Desde la dimensión legal-administrativa,
los resultados muestran que la creación de la
Usecipol no constituye un hecho aislado, sino el
resultado de un proceso institucional alineado
con los principios de pertinencia, calidad y plani-
ficación establecidos en la CRE y la LOES. Este
hallazgo coincide con lo planteado por Harvey y
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Green (1993), quienes sostienen que la calidad
en la educación superior no solo se define por
estándares técnicos, sino también por su capaci-
dad de responder a las necesidades del entorno.
En este sentido, la Usecipol cumple criterios de
legitimidad legal-administrativa, pues fue some-
tida a procesos de evaluación técnica, validación
normativa y aprobación legislativa.
Desde la dimensión social, se evidencia que
la creación de la universidad responde a una
necesidad real y creciente de profesionalización
en el ámbito de la seguridad ciudadana. Esta
orientación se alinea con los planteamientos
de la Unesco (2020), que destacan el rol de la
educación superior en la solución de problemas
complejos de la sociedad, en particular, en con-
textos de violencia e inseguridad. Así, la Usecipol
se posiciona como una institución orientada a
generar conocimiento aplicado, con capacidad
para fortalecer la respuesta del Estado frente a
fenómenos delictivos emergentes.
El contexto social y político permite iden-
tificar que el incremento de la criminalidad y
la percepción de inseguridad han sido factores
determinantes en la formulación de políticas
públicas orientadas a la seguridad integral. Este
hallazgo es consistente con los estudios de la
UNODC (2019), la cual señala que los países
con mayores niveles de criminalidad tienden a
fortalecer sus sistemas institucionales, incluida la
formación especializada del talento humano.
La discusión revela una transición paradig-
mática en el modelo de formación policial: de un
enfoque predominantemente operativo hacia uno
académico, científico y multidisciplinario. Este
cambio responde a tendencias internacionales en
materia de seguridad, en las que se reconoce la
necesidad de integrar conocimientos en crimi-
nología, tecnología, análisis de datos y derechos
humanos (Bayley y Shearing 2001).
No obstante, su consolidación exige un mo-
delo educativo que equilibre la formación teórica
y práctica, garantice la calidad académica en el
largo plazo y fortalezca la investigación científica
en el ámbito de la seguridad. Además, la sosteni-
bilidad institucional dependerá de su capacidad
de adaptación a contextos cambiantes y de una
articulación efectiva con el sistema de educación
superior y con las políticas públicas de seguridad.
Esta construcción metodológica y académica
permite que la Policía Nacional, con apoyo de
una institución de educación superior, fortalezca
su modelo de servicio y contribuya a consolidar
la seguridad ciudadana. Para ello, la formación de
tercer y cuarto nivel debe sostenerse en estándares
de calidad y excelencia académica, de modo que
contribuya primero a la contención de la violencia
y la delincuencia y, posteriormente, a su reducción.
Este proceso también implica superar respuestas
transitorias y avanzar hacia una articulación más
consistente entre la planificación estratégica y la
acción operativa. Sin embargo, la consolidación
de la universidad requerirá procesos continuos de
evaluación, mejora y adaptación institucional.
Conclusiones
La creación de la Usecipol evidencia un mode-
lo efectivo de gobernanza pública interinstitu-
cional. En este proceso, la articulación entre la
Policía Nacional, los órganos de educación supe-
rior y la Función Legislativa permitió concretar
una universidad especializada en las ciencias de la
seguridad, mediante planificación técnica, conti-
nuidad administrativa y legitimación democráti-
ca. El proceso retoma una aspiración institucional
sostenida por varias generaciones de servidores
policiales, quienes identificaron la necesidad de
transitar desde la praxis operativa hacia una pro-
fesionalización académica de alto nivel.
La Usecipol se consolida como una institu-
ción orientada a garantizar calidad, pertinencia
y profesionalización del talento humano en el
campo de las ciencias de la seguridad. Su crea-
ción se alinea con el marco constitucional y con
los sistemas de aseguramiento de la calidad, y
fortalece la capacidad del Estado para responder
de manera estructural a los fenómenos sociales
relacionados con la inseguridad ciudadana, la
violencia y criminalidad.
La experiencia de la Usecipol se integra a
las tendencias regionales de institucionalización
académica de la seguridad. En este sentido, se
posiciona como un instrumento estratégico
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Nº 12 junio 2026 • pp 85-94
Francisco Zumárraga Aguinaga, Germán Eduardo Luzuriaga Hidalgo
Pablo Edwin Bolaños López
Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales:
surgimiento, historia y legitimidad legal-administrativa
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del Estado ecuatoriano para modernizar el
sistema de seguridad y generar conocimiento
aplicado. Además, ofrece un referente potencial
para América Latina, en la medida que articula la
planificación estratégica con la acción operativa
y contribuye al cumplimiento sostenido de la
misión institucional.
Recomendaciones
• Desarrollar un modelo educativo basado
en competencias que integre de manera
equilibrada, la formación teórica, práctica
e investigativa. Este modelo debe incor-
porar metodologías innovadoras, como la
simulación, el análisis de casos y el uso de
tecnologías emergentes en ámbitos espe-
cializados de las ciencias de la seguridad
• Establecer mecanismos permanentes de
coordinación con entidades del Estado,
organismos de educación superior y to-
madores de decisión, a fin de garantizar
la pertinencia curricular y fortalecer el
trabajo conjunto.
• Asignar recursos para el desarrollo de
investigación científica, uso de tecno-
logías emergentes y el análisis de datos
en seguridad ciudadana, con el propósito
de aportar a la formulación de políticas
públicas orientadas a responder a los fe-
nómenos sociales asociados con la inse-
guridad.
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Nº 12 junio 2026 • pp 95-101 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Inteligencia estratégica antidelincuencial y protección de
datos en Ecuador: aplicación del test de proporcionalidad
Strategic Crime Intelligence and Data Protection in Ecuador:
Application of the Proportionality Test
Adriana Raquel Reyes Asanza
1
Luis Miguel Espinosa Baldassari
2
Recibido: 19 de mayo de 2026
Aceptado: 22 de mayo de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
Este artículo examina el uso de la inteligencia estratégica antidelincuencial en el marco del derecho a
la protección de datos personales en Ecuador, con énfasis en los riesgos derivados del tratamiento ma-
sivo de la información, el perfilamiento y monitoreo por parte de las autoridades. Se adopta una meto-
dología cualitativa basada en la revisión documental y el análisis doctrinario. Además, se aplica el test
de proporcionalidad como criterio de control jurídico. Se concluye que la eficacia preventiva solo re-
sulta legítima cuando el tratamiento de los datos responde a fines determinados, minimiza la informa-
ción recolectada, incorpora salvaguardas y se somete a mecanismos de control y rendición de cuentas.
Palabras clave: datos personales; inteligencia; legalidad; minimización; proporcionalidad; seguridad;
transparencia.
Abstract
is article examines the use of strategic anti-crime intelligence within the framework of the right to
personal data protection in Ecuador, with an emphasis on the risks arising from the mass processing
of information, profiling, and surveillance by authorities. A qualitative methodology based on a review
of the literature and doctrinal analysis is adopted. Furthermore, the proportionality test is applied as a
control criterion. It is concluded that preventive effectiveness is legitimate only when data processing
serves specific purposes, minimizes the information collected, incorporates safeguards, and is subject
to control and accountability mechanisms.
Keywords: accountability; data protection; strategic intelligence; legality; minimization; proportiona-
lity; security; transparency.
1 Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional, Quito-Ecuador, raar1712753241@isupol.edu.ec, 0009-0000-3420-9708
2 Universidad Internacional SEK, Quito-Ecuador, luis.espinosa@uisek.edu.ec,
0000-0001-7161-629X
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Luis Miguel Espinosa Baldassari
Inteligencia estratégica antidelincuencial y protección de datos
en Ecuador: aplicación del test de proporcionalidad
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Introducción
La evolución contemporánea de los esquemas de
seguridad integral exige reinterpretar de manera
constante los mecanismos de inteligencia estraté-
gica antidelincuencial, especialmente en contex-
tos que priorizan el respeto de los derechos fun-
damentales y la privacidad. En el marco de la Ley
Orgánica de Protección de Datos Personales de
Ecuador, es necesario revisar críticamente las téc-
nicas y estrategias de inteligencia empleadas por
los cuerpos policiales, con atención en la perti-
nencia, necesidad y proporcionalidad de la obten-
ción y el tratamiento de los datos personales.
Este análisis adquiere mayor relevancia en el
contexto ecuatoriano, donde la actuación policial
debe responder a los nuevos desafíos delictivos y, al
mismo tiempo, ajustarse a los marcos regulatorios.
En este contexto, el presente artículo examina el
concepto de inteligencia estratégica antidelin-
cuencial en Ecuador y su marco de actuación en
un Estado de derechos. Se evalúa los principios
rectores de la inteligencia estratégica desde la lógi-
ca de la ciencia clásica moderna y su adaptación al
paradigma de responsabilidad pública.
Asimismo, se identifican las oportunidades
y los retos para la gestión policial (Noboa y
Moreano, 2019; Moreano y Noboa 2018). Se
aplica el test de proporcionalidad a casos con-
cretos, con el propósito de identificar tensiones y
sinergias entre la eficacia operativa y la protección
de los derechos fundamentales.
Objetivo general
Analizar la inteligencia estratégica antidelincuen-
cial aplicada a la seguridad integral del Estado
ecuatoriano, con énfasis en el tratamiento de da-
tos personales utilizados y a partir de los límites
establecidos por la Ley Orgánica de Protección
de Datos Personales, los derechos fundamentales
y el test de proporcionalidad.
Objetivos específicos
• Analizar el rol de la inteligencia estraté-
gica antidelincuencial como herramienta
orientada a prevenir el delito, identificar
los riesgos y detectar las amenazas.
• Examinar el tratamiento de los datos
personales con atención en los procesos
de recopilación, uso y almacenamiento
de la información, a fin de determinar su
adecuación a los límites establecidos por
la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales.
• Aplicar el test de proporcionalidad para
evaluar la legitimidad jurídica del uso de
datos personales en la inteligencia an-
tidelincuencial, e identificar los riesgos
asociados con prácticas desproporcio-
nadas que desbordan la protección de la
privacidad y la dignidad humana.
La metodología empleada es cualitativa con corte
jurídico doctrinal, basada en la revisión documen-
tal y el análisis argumentativo. En primer lugar,
se delimitaron los conceptos operativos de inteli-
gencia estratégica antidelincuencial y protección
de datos, e identificaron los principios —finali-
dad, minimización, proporcionalidad, seguridad y
rendición de cuentas— que condicionan el trata-
miento de la información personal en contextos
de seguridad integral del Estado.
En segundo lugar, se sistematizaron los
escenarios típicos de intervención, como el mo-
nitoreo, perfilamiento, cruces de bases de datos y
vigilancia focalizada, con el propósito de modelar
las tensiones entre eficacia preventiva y derechos.
En tercer lugar, se aplicó el test de proporciona-
lidad —idoneidad, necesidad y proporcionalidad
— como matriz de evaluación. Para cada escena-
rio se definió: el fin legítimo; la medida concreta
de tratamiento; las alternativas menos lesivas; y
las salvaguardas técnicas y jurídicas orientadas a
reducir riesgos, tales como controles de acceso,
trazabilidad, plazos de conservación y control.
La selección y revisión documental se efectuó
desde los documentos alojados en las bases de
datos de Scopus, Dialnet, Google Scholar, así
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Inteligencia estratégica antidelincuencial y protección de datos
en Ecuador: aplicación del test de proporcionalidad
97
como en el repositorio jurídico de la Universidad
Externado de Colombia. En la búsqueda se
emplearon descriptores, entre ellos inteligencia
antidelincuencial, test de proporcionalidad, se-
guridad integral del Estado, vigilancia y derechos
fundamentales, y Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales Ecuador.
Se aplicaron los siguientes criterios de inclu-
sión: documentos que aborden la relación entre
actividades de inteligencia estatal y el derecho a
la privacidad o la protección de datos personales;
fuentes que desarrollen el test de proporcionali-
dad en contextos de seguridad pública; normativa
nacional e internacional vigente sobre el objeto
de estudio; y publicaciones en idioma español
o inglés con respaldo académico o institucional
verificable. Se excluyeron documentos sin iden-
tificación de autoría; fuentes sin fecha de edición
y publicación; y materiales no relacionados con el
contexto jurídico-institucional.
La principal limitación de la investigación es
su carácter teórico-propositivo, pues los hallaz-
gos derivan del análisis doctrinal y no de datos
empíricos obtenidos de unidades operativas de
inteligencia ecuatoriana. Aunque esta condición
es coherente con el diseño cualitativo adoptado,
restringe la generalización de los resultados a
contextos específicos de implementación.
Fundamentos conceptuales
Inteligencia estratégica antidelincuencial
en la lógica determinista y mecánica
La inteligencia estratégica aplicada al ámbito de
la seguridad integral ha estado influenciada por la
ciencia clásica moderna, en particular por la pers-
pectiva mecánica y determinista que entiende la
seguridad como resultado de la anticipación lógi-
ca y racional de las amenazas (Moreano y Noboa,
2019). Tal inteligencia se vincula con el paradig-
ma de la disyunción y simplificación: prioriza la
obtención, el procesamiento y el análisis sistémi-
co de datos, con el propósito de identificar patro-
nes delictivos susceptibles de intervención táctica.
Sin embargo, esta visión mecanicista es
cuestionada por las sociedades actuales. La
criminalidad contemporánea se desarrolla en
escenarios marcados por la volatilidad, la in-
certidumbre y la posnormalidad, en los que la
predictibilidad rigurosa cede ante la necesidad
de flexibilidad metodológica (Moreano y Noboa,
2018). En esta transición, el ejercicio de la inte-
ligencia debe incorporar variables ético-legales,
especialmente aquellas que delimitan los marcos
de actuación frente al tratamiento de los datos
personales.
Protección de datos personales:
un derecho fundamental
La Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales en Ecuador surgió como una respues-
ta al impulso internacional de reconocer el dere-
cho a la autodeterminación informativa. Su mar-
co normativo establece principios como legalidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y seguridad
que deben atender las entidades públicas y pri-
vadas. En este contexto, el acceso, almacenamien-
to, análisis y difusión de información por parte
de las unidades de inteligencia policial deben so-
meterse al control previsto por esta ley, de mo-
do que la eficacia para prevenir el delito se equi-
libre con la protección de dignidad y autonomía
de las personas.
Surge una tensión entre los objetivos de la
inteligencia estratégica y los derechos de pro-
tección de datos. En dicha tensión se impone
la necesidad de aplicar mecanismos de control
como el test de proporcionalidad, cuya función
consiste en examinar si las restricciones al derecho
a la privacidad superan un análisis de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad respecto a los fines
perseguidos.
Estrategia argumentativa y
paradigmas de actuación
De la disyunción a la complejidad
La literatura enfatiza en la transición del paradig-
ma de la disyunción —propio de la ciencia clá-
sica-moderna— hacia la comprensión de la in-
teligencia basada en paradigmas de articulación
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Inteligencia estratégica antidelincuencial y protección de datos
en Ecuador: aplicación del test de proporcionalidad
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compleja, que reconocen no solo la multiplicidad
de las variables delictivas, sino también la varie-
dad de derechos involucrados en operaciones po-
liciales (Moreano y Noboa 2019). Este enfoque
multidimensional exige que el operador policial
integre información del entorno social, político,
legal y psicológico, y que evalúe la eficacia opera-
tiva y el impacto de sus actuaciones sobre los de-
rechos de las personas.
En Ecuador, el desafío consiste en superar
un imaginario político, poco permeable a las
prioridades vigentes en otros contextos regio-
nales. Ello exige adaptar el sentido institucional
alrededor del uso de la inteligencia y el respeto
a los principios antes mencionados (Moreano y
Noboa, 2018). La sofisticación de los delitos y
la sensibilidad pública frente al abuso de poder
refuerzan la legitimidad de la actuación policial
solo cuando esta se fundamenta en criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
El test de proporcionalidad como eje de
legitimación
El test de proporcionalidad constituye una herra-
mienta clave para la actuación policial, para cono-
cer si la intervención sobre los datos personales
está justificada. Este test se compone de tres eta-
pas interrelacionadas, que siguen a continuación:
• Idoneidad o adecuación: permite deter-
minar si la medida de obtención o trata-
miento de datos personales es apta para
alcanzar el objetivo legítimo de preven-
ción, investigación o persecución del de-
lito.
• Necesidad: exige verificar que no existan
medios menos lesivos para alcanzar el
mismo fin de protección social.
• Proporcionalidad en sentido estricto: im-
pone examinar el equilibrio entre la gra-
vedad de la restricción y la importancia
del interés público perseguido.
Este test no constituye una formalidad proce-
sal, sino un filtro sustantivo de carácter garantista
que obliga a justificar, caso por caso, toda medi-
da restrictiva del derecho a la privacidad. En con-
secuencia, solo pueden considerarse legítimas las
medidas que superen el umbral de razonabilidad
democrática.
Desafíos y oportunidades en
la aplicación de la inteligencia
estratégica antidelincuencial
Complejidad sociopolítica y legitimidad
del accionar policial
La realidad ecuatoriana enfrenta el desafío de ar-
monizar un aparato de inteligencia históricamen-
te orientado a la eficiencia operativa con las exi-
gencias normativas de transparencia y respeto de
los derechos fundamentales (Moreano y Noboa,
2018). La transición hacia un modelo de seguri-
dad ciudadana exige repensar las culturas orga-
nizacionales de la Policía Nacional e incorporar
mecanismos de rendición de cuentas, auditoría
interna y control judicial.
Por otra parte, la percepción pública de la pe-
ligrosidad delictiva puede presionar a los opera-
dores institucionales para maximizar la obtención
de información bajo criterios de urgencia, lo que
tiende a subestimar los riesgos de vulneración a la
privacidad. Este fenómeno evidencia la necesidad
de renovar la formación de los agentes de la
Policía con énfasis en ética profesional, derechos
humanos y protección de datos, a fin de sentar las
bases para una gestión más responsable y legítima
(Noboa y Moreano, 2019).
Gobernanza de la seguridad y gestión
de riesgos informativos
En relación con los paradigmas contemporáneos
de gobernanza de la seguridad, el enfoque de ries-
gos sustituye a la lógica clásica de amenaza. La
gestión de riesgos informativos exige delimitar
con precisión los alcances y las limitaciones de
obtener y almacenar datos personales en la inteli-
gencia antidelincuencial. Es imprescindible adop-
tar protocolos que garanticen el cumplimiento de
los principios de minimización, exactitud y tem-
poralidad en el tratamiento de la información.
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en Ecuador: aplicación del test de proporcionalidad
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Estos protocolos deben privilegiar la obtención
exclusiva de datos para cumplir los fines constitu-
cionales en materia de seguridad ciudadana.
El diseño institucional debe asegurar que
instancias y mecanismos independientes auditen
los flujos de datos gestionados por los organismos
de inteligencia y verifiquen la existencia de salva-
guardas efectivas frente a potenciales abusos. La
obligación de documentar operaciones y decisio-
nes relativas a recoger y analizar datos personales
constituye un componente de la Administración
de justicia, del control jurídico y del fortaleci-
miento de la confianza ciudadana.
Casuística y proyecciones: aplicación
del test de proporcionalidad
Escenarios típicos de tensión:
del monitoreo a la intervención
Los escenarios de intervención de los orga-
nismos que componen el Sistema Nacional de
Inteligencia suelen ubicarse en un espectro que
va desde el monitoreo discreto de personas has-
ta el despliegue de operaciones encubiertas y re-
colección masiva de datos. En cada caso, el ope-
rador debe documentar y justificar la pertinencia
de la medida, así como someterla a los tres niveles
del test de proporcionalidad.
En un caso de monitoreo preventivo, por
ejemplo, la vigilancia de espacios públicos, acom-
pañada de la captación incidental de imágenes o
datos personales solo puede considerarse legítima
si se demuestra que la medida es idónea para pre-
venir la comisión de delitos, que no existe método
menos invasivo —como el patrullaje físico— y
que el interés en la seguridad pública prevalece
sobre la afectación puntual de la privacidad
(Noboa y Moreano, 2018).
La interceptación exige un estándar de
justificación aún más riguroso en el ámbito de
las comunicaciones. Esta medida solo puede
admitirse bajo una orden judicial expresa y
después de constatar que obtener datos resulta
imprescindible ante la ineficacia de técnicas alter-
nativas menos lesivas. En este supuesto, el test de
proporcionalidad exige una ponderación entre la
gravedad del delito investigado y la intensidad de
la restricción del derecho a la privacidad.
Recomendaciones para la consolidación
de buenas prácticas
La aplicación sistemática del test de proporciona-
lidad debe institucionalizarse como práctica ordi-
naria dentro de las unidades de inteligencia es-
tratégica antidelincuencial de la Policía Nacional.
Para ello se requiere lo siguiente:
• Implementar procesos de capacitación
continua sobre normas de protección de
datos y criterios probatorios de propor-
cionalidad.
• Adoptar protocolos estandarizados para
justificar la recolección, el tratamiento y
la gestión de datos personales en opera-
ciones de inteligencia.
• Establecer mecanismos de supervisión y
control, incluidas la auditoría interna y la
revisión judicial de las medidas restricti-
vas de derechos, y
• Fomentar una cultura de rendición de
cuentas que permita a la sociedad conocer
el alcance, los límites y las garantías apli-
cables a la intervención policial en mate-
ria de protección de datos personales.
Estas recomendaciones se alinean con la política
editorial orientada al fortalecimiento de la inves-
tigación policial en Ecuador, pues promueven la
reflexión teórica, el rigor metodológico y la pro-
tección efectiva de los derechos fundamentales.
Resultados
Los resultados muestran que la relación entre se-
guridad integral y protección de datos persona-
les no debe entenderse como una confrontación
entre intereses opuestos. La inteligencia estraté-
gica antidelincuencial puede contribuir a preve-
nir el delito, sin embargo, su empleo debe suje-
tarse a reglas claras que protejan a las personas
frente a posibles abusos. Por ello, la seguridad no
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Inteligencia estratégica antidelincuencial y protección de datos
en Ecuador: aplicación del test de proporcionalidad
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justifica cualquier tratamiento de datos, sino úni-
camente aquel que corresponda a una finalidad
concreta, que sea necesaria y respete los derechos
fundamentales.
Asimismo, los principales riesgos surgen
cuando la información personal se utiliza de
manera amplia, indefinida o sin controles sufi-
cientes. Esto puede ocurrir en prácticas como
el tratamiento masivo de datos, el perfilamiento
injustificado, el cruce de bases de información,
el monitoreo permanente o la vigilancia despro-
porcionada. Frente a estos riesgos, toda medida
de inteligencia debe responder preguntas básicas:
qué datos se utilizarán, a quiénes corresponden,
cuánto tiempo se conservarán, qué controles se
aplicarán, bajo qué criterios de riesgo se procesa-
rán y qué mecanismos de supervisión garantiza-
rán su uso legítimo.
Finalmente, el test de proporcionalidad se
presenta como una herramienta útil para ordenar
y controlar el tratamiento de datos personales en
actividades de inteligencia antidelincuencial. Su
aplicación permite verificar si la medida es idónea
para prevenir delitos, si resulta estrictamente
necesaria y si mantiene un equilibrio razonable
entre la seguridad pública y la protección de los
derechos de las personas.
En este sentido, la inteligencia estratégica
antidelincuencial puede ser compatible con la
ley de protección de datos, siempre que incor-
pore salvaguardas como el control de accesos, la
trazabilidad, la conservación limitada de la infor-
mación, la supervisión institucional y la rendición
de cuentas.
Discusión
El test de proporcionalidad permite analizar con
mayor claridad cuándo el uso de datos personales
en la inteligencia estratégica antidelincuencial es
legítimo y cuándo puede convertirse en una ac-
tuación excesiva del Estado. Cuando una medi-
da se plantea de forma amplia —por ejemplo, el
monitoreo masivo sin una hipótesis concreta de
riesgo o amenaza— su justificación pierde fuer-
za, porque puede afectar a personas que no tienen
relación directa con un hecho delictivo y porque
podrían existir alternativas menos invasivas, co-
mo la focalización, la anonimización, la segmen-
tación de datos o las auditorías posteriores.
En cambio, cuando la inteligencia estratégica
se aplica en el marco de una investigación espe-
cífica, con base legal, finalidad clara y controles
institucionales, el tratamiento de los datos per-
sonales puede considerarse válido. Para concretar
esta posibilidad, debe explicarse qué información
se usa, por qué es necesaria, quién puede acceder
a ella, durante cuánto tiempo se conserva y qué
mecanismos existen para evitar abusos.
En el contexto ecuatoriano, este análisis exige
no solo cumplir la ley, sino también fortalecer
la confianza ciudadana mediante reglas claras,
trazabilidad, supervisión y rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva, la protección de datos
no debilita la seguridad integral, por el contra-
rio, contribuye a construir una inteligencia más
responsable, eficaz y respetuosa de los derechos
fundamentales.
Conclusiones
La inteligencia estratégica antidelincuencial
constituye un componente relevante de la segu-
ridad integral del Estado, en la medida en que
permite anticipar riesgos, prevenir delitos y res-
ponder oportunamente a amenazas concretas.
No obstante, su legitimidad depende de que su
aplicación se mantenga estrictamente subordina-
da al respeto de los derechos fundamentales y a
los límites establecidos por la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales.
El tratamiento de los datos personales por
parte de las entidades de seguridad e inteligen-
cia solo resulta jurídicamente válido cuando
se sustenta en una finalidad legítima, una base
constitucional y legal suficiente, y mecanismos de
control orientados a prevenir abusos. La recopila-
ción, el uso y el almacenamiento de información
deben ser necesarios, proporcionales y verifica-
bles. Se deben evitar prácticas indiscriminadas
que puedan derivar en vigilancia generalizada
o en afectaciones indebidas a la privacidad y la
dignidad de las personas.
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El test de proporcionalidad se consolida
como una herramienta jurídica esencial para
evaluar la legitimidad del uso de datos perso-
nales en la inteligencia antidelincuencial, pues
permite verificar que las medidas adoptadas sean
idóneas, necesarias y proporcionales. Su aplica-
ción sistemática contribuye a prevenir riesgos
asociados al tratamiento masivo de información,
al perfilamiento injustificado y a la vigilancia des-
proporcionada. De este modo, se garantiza que la
seguridad pública no se convierta en un pretexto
para vulnerar derechos fundamentales.
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Nº 12 junio 2026 • ISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
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POLÍTICA Y NORMATIVA EDITORIAL
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER se edita anualmente por parte del Instituto
Superior Tecnológico Policía Nacional desde el año 2013, actualmente Instituto Superior
Tecnológico Policía Nacional, con el objetivo de propender al fortalecimiento de la investigación en
el desarrollo de los procesos académicos institucionales. La revista se edita en idioma español (ISSN
2528-8032), y con asignación de su ISSN digital 2773-7470; dirigida a investigadores, profesiona-
les y público en general, con base en un tema central establecido por el Comité Editorial.
Misión
INNOVACIÓN & SABER constituye un medio de divulgación científica del proceso de investi-
gación del Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional, en el área de las ciencias de la segu-
ridad orientado en los principios de transparencia y ética; ciencia e innovación; justicia y disci-
plina que permiten ampliar el conocimiento científico en este ámbito a nivel nacional y regional.
Orientación y Alcance Científico
INNOVACIÓN & SABER considera para publicación artículos científicos sobre seguridad huma-
na, seguridad integral, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad privada, prevención del
delito, investigación criminal, ciberseguridad, crimen organizado, criminología, inteligencia estra-
tégica, estudios estratégicos, gestión de riesgos, análisis delictual, criminalística, investigación de
accidentes de tránsito y en general ciencias de la seguridad.
Áreas para Publicación
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER conforme los dominios académicos y líneas
de investigación del Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional, con condición Universitario
se estructura en cuatro secciones: Prevención, Investigación, Inteligencia y Educación. Dentro de
cada sección los artículos de investigación se regirán a los siguientes lineamientos de extensión:
2.000/5.000 palabras de texto, incluyendo título, resúmenes, descriptores, tablas y referencias.
Proceso editorial
Los artículos son recibidos a través de la plataforma de la Revista siguiendo la normativa de pu-
blicación reglamentada dentro del cronograma oficial emitido por el Comité Editorial. La moda-
lidad de revisión y evaluación será de doble ciego: con este enfoque se busca preservar el anoni-
mato, asegurando así que la revisión se haga de forma justa.
Los artículos recibidos y que presenten inconsistencias formales o no se considere de interés den-
tro de la orientación y alcance científico de INNOVACIÓN & SABER, el Comité Editorial ex-
cluirá el artículo y procederá a su devolución con el informe correspondiente.
Los artículos que cumplan con las políticas y normativa de publicación serán evaluados en una
primera revisión por el Comité de Revisión Interna quien verificará lo siguiente:
• Estructura y organización formal del artículo.
• Concordancia de la temática con la orientación y alcance científico.
• Redacción acorde a los lineamientos de estilo.
• Relevancia estratégica en actualidad y originalidad de la temática propuesta.
• Calidad metodológica que otorgue veracidad científica.
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El Comité de Revisión Interna de la primera revisión elaborará un informe vinculante que inclu-
ya las posibles recomendaciones:
• No publicable: Cuando el artículo presente inconsistencias formales o no se considera
de interés dentro de la orientación y alcance científico. El Comité Editorial excluirá el
artículo sin la posibilidad de reenvío por parte de los autores.
• Reevaluable con correcciones: Cuando el artículo presenta inconsistencias de contexto y
metodología en el desarrollo del artículo. El Comité Editorial remite al autor con las ob-
servaciones realizadas por el Comité de Revisión Interna, recalcando se revise el contexto
y metodología del artículo.
• Publicable con correcciones: Cuando el articulo presenta inconsistencias de la forma en
la estructura o redacción. El Comité Editorial remite al autor con las observaciones rea-
lizadas por el Comité de Revisión Interna, recalcando se revise la estructura o redacción
del artículo.
• Sí publicable: Cuando el artículo cumple las políticas y normativa de publicación. El
Comité Editorial remite el artículo para segunda revisión interna.
El Comité Editorial remitirá a los autores los artículos y el informe vinculante con las recomen-
daciones pertinentes, debiendo realizar las correcciones en los tiempos establecidos en la con-
vocatoria y devolverlo nuevamente al Comité Editorial quien a su vez entregará al Comité de
Revisión Interna para la segunda revisión donde verificarán el cumplimiento de las correcciones
solicitadas al autor, luego de lo cual se elaborará un informe que incluya las siguientes opciones:
• Aceptado para publicación
• Rechazado para publicación
El Comité Editorial, devolverá los artículos rechazados para publicación a los autores adjuntan-
do el informe del Comité de Revisión Externa.
El Comité de Revisión Externa, remitirá los artículos aceptados para publicación al Director
Editorial y al Coordinador Editorial de la Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER
para su aprobación y publicación.
Los autores que no cumplan con las recomendaciones/correcciones de los Comités de Revisión
Interna y Externa serán evaluados como rechazados y devueltos a los autores con el informe
respectivo.
En caso de artículos evaluados como aceptado para publicación, el autor será informado por el
Comité Editorial, a fin de iniciar los trámites administrativos y jurídicos previos a la publicación.
• Aceptado para publicación
• Rechazado para publicación
Estilo y Redacción de Artículos
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER aplicará normas de estilo Chicago Deusto
para el texto del artículo, fuentes y referencias bibliográficas, en este sentido, los artículos podrán
contener dos tipos de citas textuales: de hasta cuarenta (40) palabras deben ir dentro del texto en-
tre comillas; y, de más de cuarenta (40) palabras, en un párrafo aparte con interlineado sencillo, se
quitan las comillas, se coloca letra tamaño 11 y sangría a la izquierda.
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El documento original del artículo de investigación de manera general deberá cumplir con el si-
guiente formato: Tipo de letra Arial tamaño 12, interlineado 1,5 y justificado, las notas al
pie Arial 10, margen izquierdo 3, derecho 2.5, superior 2.5 e inferior 2.5, en relación al pie de pá-
gina se deberá reducir al mínimo, respecto a siglas la primera vez se detallará el nombre comple-
to y su sigla entre paréntesis, luego solamente se escribirá la sigla. Formato de envío el artículo en
Word para PC el archivo debe ser anónimo en Propiedades; y, la Carta de Presentación en Word.
El autor o autores para su presentación deberán acoger los siguientes lineamientos:
Título: en español con una extensión no mayor a veinte (20) palabras, con negrita y mayúsculas.
Deberá estar traducida al idioma inglés.
Resumen: en español con una extensión no mayor a doscientas (200) palabras distribuidas en cua-
tro (4) oraciones: una referente a la introducción; una segunda señalando el objetivo; una terce-
ra indicando la metodología; y, finalmente una cuarta la conclusión; no se incluirán tablas, siglas,
cuadros, gráficos o bibliografía. Deberá estar traducida al idioma inglés (Abstract).
Palabras clave: mínimo cinco (5) y máximo ocho (8) palabras relacionadas con el tema, deberán
estar separadas por punto y coma (;) ordenadas en orden alfabético, se recomienda considerar el
Tesauro de la Unesco. Deberá estar traducida al idioma inglés (keywords).
Introducción: donde se detalle el objeto de estudio, propósito, objetivos, el estado del arte, hipóte-
sis y en general el detalle de la organización del artículo.
Método/Metodología: donde se detalle los recursos científicos y teóricos que sustentan la
investigación.
Discusión: donde se detallen el análisis y contraste de los resultados producto de la investigación.
Conclusiones: donde se detalle los cumplimientos logrados con la investigación incluyendo pro-
puestas de intervención o generación de nuevas investigaciones.
Bibliografía: donde se detallen las referencias documentales que respaldan el proceso de la inves-
tigación realizada, estas deben ser preferentemente fuentes originales, como artículos científicos,
revistas o libros.
Política de Originalidad
El/los autores/autores que presenten artículos a la Revista de Investigación INNOVACIÓN &
SABER se someten a la política de originalidad, es decir, el artículo debe ser original, inédito y ex-
clusivo. Los trabajos de manera parcial o total no deben haber sido publicados en ningún medio
impreso y/o electrónico ni estar en proceso de publicación en otra revista, en los autores recae la
responsabilidad de esta norma y su cumplimiento.
Política de Confidencialidad
Durante el proceso de revisión interna y externa de los artículos de investigación para la Revista
de Investigación INNOVACIÓN & SABER se mantendrá total confidencialidad sobre datos per-
sonales de los autores, los cuales se utilizarán exclusivamente para los fines establecidos de la re-
vista. Por otra parte, los artículos de investigación serán registrados mediante un código de clasi-
ficación para las etapas de revisión interna y externa, siendo responsabilidad de la Coordinación
Editorial su organización, distribución y archivo.
Política de Acceso, Derecho de Autor y Publicación
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER es de acceso abierto; y, gratuita para au-
tores y lectores. Se asegura el manejo adecuado del contenido científico tanto del impreso como
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electrónico para su verificación pública. Todo el material científico y fotografías, publicado en la
Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER debe ser referenciado acorde a las normas den-
tro del marco editorial correspondiente en otro tipo de medios de comunicación orales o escritos.
Política de Prevención del Plagio Académico
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER mantiene un procedimiento de revisión en
modalidad doble ciego interna y externa; así como la aplicación de un sistema informático antipla-
gio, para ello el Comité Editorial establecerá los lineamientos y documento pertinente que se apli-
carán durante el proceso de revisión interna y externa.
Código de Ética
La Revista de Investigación INNOVACIÓN & SABER como publicación científica del Instituto
Superior Tecnológico Policía Nacional, con condición universitario se compromete a promover la
conducta ética, para ello el Comité Editorial establecerá el Código de Ética que se aplicará duran-
te el proceso de convocatoria, recepción, revisión y publicación de artículos científicos y que los in-
tegrantes del Comité Editorial; revisores internos y externos; personal académico y administrativo;
y, autor/autores deberán conocer y cumplir.
