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ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 3 diciembre 2021 • pp 6-15 • ISSN 2528-8032
Coproducción de las instituciones
públicas en la política criminal
Co-production of public institutions in criminal policy
Kléver Benjamín Molina López
1
Recibido: 6 de septiembre de 2021
Aceptado: 5 de noviembre de 2021
Publicado: 28 de diciembre de 2021
Resumen
La criminalidad es un problema multifactorial en cuyo tratamiento multisectorial interviene el Estado. Es
primordial contar con el sustento de la institucionalidad y legislación, así como también, de políticas cri-
minales más efectivas que estén diseñadas y preparadas para afrontar los escenarios delictuales emergen-
tes que se suscitan en los diversos sectores, especialmente en los barrios y sectores críticos. Este artículo
contiene un estudio sobre las políticas criminales entre 2020-2021 y su relación con algunas instituciones
públicas como la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Ministerio de Gobierno,
Ministerio del Interior y Gobiernos Autónomos Descentralizados para su abordaje y tratamiento. Es una
investigación de enfoque cualitativo realizada mediante el método deductivo y procedimientos técnicos
bibliográcos y documentales. Se concluye que la coproducción de las instituciones gubernamentales re-
lacionadas con la política criminal es fundamental para el tratamiento de la criminalidad en Ecuador en
el cual los objetivos deben ser transversales para todas las instituciones involucradas.
Palabras clave: crimen organizado; ciudadanía; instituciones públicas; políticas criminales; preven-
ción; seguridad.
Abstract
e crime is a multifactorial problem in whose multi-sectoral treatment the State intervenes. erefore,
it is essential to have the support of institutions and legislation, as well as more eective criminal
policies that are designed and prepared to face the emerging crime scenarios that arise in dierent
sectors, especially in neighborhoods and critical sectors. is article contains a study on criminal
policies in 2020-2021 and their relationship with public institutions such as the General Directorate
of Citizen Security and Public Order, Ministry of Government, Ministry of the Interior, Ministry of
Government and Decentralized Autonomous Governments for their approach and treatment. It is
a qualitative approach research carried out by means of the deductive method and bibliographic and
documentary technical procedures. It is concluded that the co-production of governmental institutions
related to criminal policy is fundamental for the treatment of criminality in Ecuador in which the
objectives must be transversal for all the institutions involved.
Keywords: Organized crime; citizenship; public institutions; criminal policies; prevention; security.
1 Mayor de la Policía Nacional del Ecuador; Jefe de Operaciones de la Policía Judicial Subzona Guayas, klebenjamin@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-1516-4898
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Nº 3 diciembre 2021 • pp 6-13 • ISSN 2528-8032
Kléver Benjamín Molina LópezCoproducción de las instituciones públicas en la política criminal
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Introducción
Ecuador se rige por un Estado basado en el de-
recho democrático que se caracteriza por ser un
Estado interviniente que tiene por eje principal los
derechos y la justicia social. Por lo tanto, el Estado
tiene por deber constitucional solucionar los pro-
blemas sociales que aquejan a la población, espe-
cialmente, aquellos relacionados con la seguridad
que es uno de los temas que mayor debate genera
entre la ciudadanía por su incontrolable aumento
y su escaso control (Pineda y Merelo 2020).
El tema de la seguridad y la justicia social,
especialmente desde la perspectiva de su com-
plejidad y amplitud, han sido objeto de diversos
planes de acción orientados a la prevención y
solución. Estos planes, denominados como polí-
ticas criminales (Aragón 2017), están enfocados
en brindar justicia a las víctimas de todo tipo de
crímenes que han demandado la protección de
sus derechos. Para Aragón (2017) la delincuencia
en Ecuador es mayor y las diversas consecuencias
que se derivan de los delitos delincuenciales in-
crementan la desigualdad social. Esto perjudica el
control de la prevención, el combate, las diferentes
sentencias y el fracaso del sistema penitenciario
que son algunos de los problemas identicados
en este contexto.
Es necesario que no solo el Gobierno central
y la Policía Nacional enfoquen sus esfuerzos en
combatir este problema: esto también compro-
mete a todas las organizaciones gubernamentales
que generen políticas públicas enfocadas en ma-
teria penal. Es decir, dirigir la atención a aquellas
instituciones que puedan producir una política
criminal efectiva que sea el reejo de las deman-
das relacionadas con la seguridad y los delitos.
Por medio de una investigación bibliográca
y documental se estudiaron las diferentes políti-
cas criminales que existen en Ecuador creadas en
coproducción por las distintas entidades públicas.
Para ello, se tuvo en cuenta las normativas que al
respecto han sido emitidas por el Ministerio de
Gobierno, Ministerio del Interior, los Gobiernos
Autónomos Desconcentrados y la Policía
Nacional por intermedio de la Dirección General
de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La
coproducción de leyes y políticas se reere al
trabajo sincronizado que realizan las instituciones
públicas, es decir, que exista apoyo interinstitu-
cional para que la implementación de la política
criminal sea efectiva.
Para esto, en el presente artículo se abordan
los conceptos y características esenciales respecto
a la política criminal. Además, se realiza un
análisis de los diferentes delitos detallados en los
boletines ociales de violencia y delincuencia del
Ministerio de Gobierno entre 2020 y 2021 con
corte hasta julio. Estos datos se sintetizan en una
serie de cuadros estadísticos. Los problemas de
seguridad pública que han sido identicado en
esos últimos años se relacionan con el decremento
en la capacidad de convivir en armonía, en el que
cada persona tiene la obligación de respetar los
derechos individuales del otro, evidenciándose
con el incremento de los niveles de violencia y
delincuencia a nivel nacional.
Este período fue escogido debido a los fuer-
tes problemas de seguridad pública que experi-
mentó Ecuador donde se identicó la necesidad
de fortalecer y establecer una coproducción de
nuevas y mejores políticas criminales que per-
mitan garantizar el derecho a la seguridad de la
ciudadanía. Finalmente, se señalan las políticas
criminales creadas por las diferentes entidades
pública y se propone la elaboración de un plan
estratégico de política criminal que abarque
objetivos, indicadores y metas de manera trans-
versal para todas las instituciones públicas del
Estado.
Políticas criminales
Las políticas sociales tienen por objetivo proteger
a las personas y brindar a la ciudadanía que se en-
cuentran en desventaja social el goce efectivo de
sus derechos civiles, económicos y sociales. Estas
políticas se relacionan con la política criminal por
ser un modelo de prevención social contra el deli-
to (Villaroel 2020) lo que se debe a que el Estado
interviene por intermedio de la prevención social
para proteger a los sujetos vulnerables. El con-
cepto de política social corresponde a una de-
nición integral de protección y goce de los dere-
chos constitucionales y tiene la misma extensión
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normativa que el campo de los derechos econó-
micos, sociales y culturales (Gómez 2011).
Así, se observa que la diferencia entre las
distintas modalidades de políticas públicas es
ideológica dado que todas ellas, en todo caso,
forman parte de la planicación en su conjunto
de manera cercana y complementaria entre sí
(Becerra 2016). En ocasiones ocurre que sin una
política de Estado clara y directa es imposible
denir o implementar una política criminal. Si el
Estado no se preocupa por denir su objeto prin-
cipal y la forma de asignación de sus principales
recursos para lograr este objetivo no sería posible
denir la coherencia y política integrada para el
área penal (Pérez y Barbetti 2016).
En el mismo sentido, las instituciones públi-
cas como el Ministerio de Gobierno han estable-
cido el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
y Convivencia Social Pacíca para el período
2019-2030. Además, el Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Privadas de la
Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI)
propuso un plan de rehabilitación social a nivel
nacional que establece normativas para reducir
y reformar el sistema penitenciario del país
(Ministerio del Interior [MDI] 2019). Es posi-
ble en este contexto entender la política criminal
como un gran programa de Estado que busca
controlar el crimen donde su núcleo el cual está
representado por el Código Orgánico Integral
Penal. Este instrumento está constituido por
medidas punitivas y, en menor medida, medi-
das de seguridad orientada a lo inimputables
(Moreira 2016).
Estadísticas de violencia criminal
en Ecuador
El análisis estadístico de violencia y delincuencia
realizado por la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional
proporciona los siguientes datos de violencia cri-
minal a nivel nacional entre 2020 y 2021. A con-
tinuación, se comparan las cifras entre ambos
años para así identicar los datos de incremento
o disminución de los delitos dentro del país. Las
cifras revelan lo siguiente:
Tabla 1
Violencia criminal y presunta motivación
observada
Tipo de
violencia
Presunta
motivación
observada
Año 2020
Año 2021
Variación
porcentual %
Valoración
absoluta
Violencia criminal
Amenaza 71 162 128 % 91
Tráco interno de
drogas (microtráco)
73 156 114 % 83
Robo a personas 53 40 -25 % -13
Robo a domicilios 11 14 27 % 3
Tráco internacional de
drogas
0 9 900 % 9
Otros 16 23 44 % 7
Total, de violencia
criminal
224 404 80 % 180
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional
(ISTPN) 2020-2021.
Elaboración: por el autor.
La tabla anterior reeja el incremento de los de-
litos cometidos en 2021 con respecto a 2020. Se
evidencia el incremento del 80 % de la violen-
cia criminal donde la presunta motivación con
más alza fueron las amenazas y el tráco interno
de drogas. Para 2021 existe un incremento sig-
nicativo en el dato de tráco internacional de
drogas que pasó de cero a nueve casos (ISTPN
2020-2021).
Tabla 2
Tipo de muerte y tasas de variación
Tipo de muerte
Absolutos corte
05:00
1 ene - 3 may
Tasa de variación
Año
2020
Año
2021
Variación
porcentual
Variación
absoluta
Asesinato 289 579 100 % 290
Femicidio 15 24 60 % 9
Sicariato 2 7 250 % 5
Homicidio 95 87 -8 % -8
Total 401 697 74 % 296
Fuente: Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional
(ISTPN) 2020-2021.
Elaboración: por el autor.
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Kléver Benjamín Molina LópezCoproducción de las instituciones públicas en la política criminal
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En la tabla 2 se identican los principales tipos
de muerte en el país de los cuales, el asesinato es la
forma más común de muerte seguida la muerte al
estilo sicariato con un incremento de los casos del
100 % y 250 % respectivamente. También hubo un
aumento del femicidio que pasó de 15 a 24 casos
en 2021. En otros tipos de muerte los datos no son
tan acentuados como otros parámetros.
Políticas criminales y entidades
públicas
Estado central
Las posturas de ciertos sectores políticos, acadé-
micos y colectivos sociales respecto al cambio de
las políticas criminales ha incentivado a varias
instituciones a enfocarse en la necesidad de mo-
dernizar, reformar o refundar el sistema de polí-
ticas criminales. No obstante, en la Constitución
de la República (CRE 2008) capítulo IV, sección
décima, relativo a la función judicial en los subca-
pítulos II y VII, las infracciones a conductas cri-
minales se consagran en los artículos que se des-
criben en la siguiente tabla.
Tabla 3
Ejemplos de bienes jurídicos tutelados
Artículos Descripción
151 al 184 Delitos contra la integridad de las personas
164 al 175 Delitos contra la integridad sexual y repro-
ductiva
185 al 208 Delitos contra el derecho a la propiedad
278 al 294 Delitos contra la Administración pública
322 al 326 Delitos contra el sistema nanciero
327 al 330 Delitos contra la fe pública
Fuente: CRE 2008.
Elaboración: por el autor.
De acuerdo a Crespo (2017) los artículos ex-
puestos patentizan la legislación del Estado en
los bienes jurídicos protegidos en el sentido ju-
rídico-penal. El Poder Ejecutivo es el actor prin-
cipal en la generación de leyes que permite a la
Policía Nacional realizar su trabajo. No obstante,
no existe un plan estratégico que haya sido ela-
borado especícamente para el tratamiento de la
política criminal en Ecuador y en el cual se esta-
blezcan los lineamientos generales y especícos a
tratar sobre este problema, así como tampoco, se
han denido estrategias conjuntas para su inter-
vención entre las instituciones del Estado.
Ministerio de Gobierno
El Ministerio de Gobierno, por intermedio de la
Dirección de Prevención del Delito, es el encarga-
do de brindar acompañamiento y seguimiento a
la ejecución de las políticas públicas de seguridad
ciudadana en el país. Por tal razón, estableció una
guía para la elaboración de planes locales de se-
guridad ciudadana que se caracteriza por brindar
las herramientas metodológicas para la construc-
ción de planes de seguridad ciudadana. Esto faci-
lita el cumplimiento de lo dispuesto en las norma-
tivas respecto a la implementación de las mismas.
Los planes de seguridad se fundamentan en
el artículo 393 de la CRE que estipula lo siguien-
te: “El Estado garantizará la seguridad humana
a través de políticas y acciones integradas, para
asegurar la convivencia pacíca de las personas,
promover una cultura de paz y prevenir las formas
de violencia y discriminación y la comisión de
infracciones y delitos.” El mismo artículo esta-
blece que: “La planicación y aplicación de estas
políticas se encargará a órganos especializados en
los diferentes niveles de gobierno”. En este caso,
el órgano regulador es el Ministerio de Gobierno.
Además, el Plan Estratégico Institucional del
Ministerio de Gobierno 2017-2021 tiene por
objetivo central el incrementar los mecanismos
de prevención y protección oportuna al ciuda-
dano ante los riesgos, amenazas y efectos de la
inseguridad ciudadana.
Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD)
Los GAD cumplen la función de crear pla-
nes de protección local ciudadana basados en el
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Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (Cootad) la cual
establece mediante los artículos detallados en la
tabla 4, las siguientes funciones para cada enti-
dad local.
Tabla 4
Funciones y atribuciones de las entidades
locales según el Cootad
Artículo Descripción
Gobiernos Autónomos descentralizados (GAD)
41
“Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo
descentralizado provincial las siguientes: […] j) Coor-
dinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros orga-
nismos, lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el
ámbito de sus competencias”.
54
“Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo
descentralizado municipal las siguientes: Crear y coordi-
nar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con
la participación de la Policía Nacional, la comunidad y
otros organismos relacionados con la materia de seguri-
dad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales,
planes y evaluación de resultados sobre prevención, pro-
tección, seguridad y convivencia ciudadana”.
Prefectura provincial
50
“Atribuciones del prefecto o prefecta provincial. - Le
corresponde al prefecto o prefecta provincial: Coordinar
un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad
de cada provincia y en armonía con el plan nacional de
seguridad ciudadana, articulando para tal efecto el go-
bierno autónomo provincial, el gobierno central a través
del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía
Nacional”.
Parroquia rural
64
“Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural: Coordinar con la Po-
licía Nacional, la sociedad y otros organismos lo rela-
cionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus
competencias”.
Fuente: MDI 2019.
Elaboración: por el autor.
Policía Nacional
La Policía Nacional es el ente público encargado
del cumplimiento y mantenimiento del orden de
la ciudadanía. Se encuentra encargado de la lucha
contra la delincuencia y sus procesos están nor-
mados por el Reglamento a la Ley de Seguridad
Pública y del Estado. De acuerdo al artículo 54
de dicho Reglamento: “Las tareas y acciones que
realice la Policía Nacional para efectos de lo pre-
visto en la Constitución y en la Ley, obedecerán
a una planicación y directriz central, pero la eje-
cución será desconcentrada a nivel regional, pro-
vincial y local”.
La Policía trabaja en el resguardo del orden
público, la protección a la sociedad, resolución
de los conictos, prevención de la delincuencia,
mantenimiento de la paz y regulación de las
relaciones sociales. Conforme la normativa
legal vigente, garantiza y promueve acciones de
prevención, detección, disuasión investigación y
control del delito y la violencia. Estas acciones
buscan el fomento de una cultura de paz y convi-
vencia pacíca de los ciudadanos. Por esta razón,
la Policía también tiene la atribución de proteger
a las personas y bienes jurídicos en un amplio
rango de amenazas y riesgos.
Las estrategias para cumplir con sus deberes
son establecidas en el marco de la transformación
estructural del Estado la cual tiene por obligacio-
nes el organizar planes de protección ciudadana
a nivel nacional. Esto incluye estrategias de reac-
ción y respuesta al delito que tienen por objetivo
el consolidar la institución de manera profesional
y que pueda estar más cerca de la ciudadanía.
En este contexto emerge el Plan Especíco
de Seguridad Publica y Ciudadana (PNSI) que,
dentro de su planicación hasta 2030, contiene
intervenciones articuladas y coordinadas de
prevención y control de las distintas formas de
violencia tanto a nivel nacional como internacio-
nal. También constan de estrategias que protegen
y respetan los derechos fundamentales de la
ciudadanía en el mantenimiento y control del or-
den público. Por tanto, el objetivo central de esta
planicación consiste en establecer estrategias
con base a las políticas y acciones de seguridad
ciudadana que el Estado busca promover para
ejercer este trabajo (MDI 2019, 15-17).
Seguridad ciudadana
La Policía Nacional tiene por obligación diseñar,
implementar y monitorear las acciones preventi-
vas y de respuesta a la violencia. Estos mecanis-
mos tienen el objetivo de disuadir cualquier acto
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que pueda comprometer la seguridad y el respeto al
orden público (MDI 2019). Todos estos procesos
judiciales adaptan los procesos y políticas públicas
para proteger a las víctimas personales u organiza-
cionales de los daños provocados por los riesgos y
amenazas que se presenten (MDI 2019, 22).
Figura 1
Seguridad pública
Seguridad
Pública
¿Cuáles son los bienes
jurídicos a proteger?
Personas y colectivos
Triada Policía, Sistema
Judicial, Sistema
de Regabilitación
social
Propiedad
Estado
Naturaleza
¿Sobre qué principios?
Autoridad
Debido proceso
Derechos humanos
Orden público
¿Ante qué amenazas?
DOT
Violencia criminal
Terrorismo
¿Por qué medios?
Investigación
Prevención
Reacción
Fuente: MDI 2019.
Elaboración: por el autor.
Policía comunitaria y ciudadana
La policía ciudadana parece cumplir con su rol
institucional de proteger a la ciudadanía. Esta po-
licía surge de la transformación que sufrió la po-
licía de antaño, se alinea a lo que exige la CRE y
trabaja verdaderamente orientada al servicio de la
comunidad, es decir, una policía en defensa de las
personas, aunque la sociedad moderna exige y es-
pera mucho de ellos. La policía es exible y crea-
tiva, contribuye a la innovación y hace frente a la
incertidumbre (MDI 2013, 20).
Existe un nuevo modelo de gestión de la
policía que busca prevenir el delito y acercarse a la
ciudadanía. Para ello, la Policía Nacional estableció
dentro de los barrios y comunidades las Unidades
de Policía Comunitaria (UPC) que consisten en
dependencias policiales que buscan acercarse y
devolverle la conanza a la ciudadanía. Estas UPC
realizan el control de la delincuencia y la violencia
barrial y oferta, además, proyectos comunitarios
como parte de su portafolio de servicios.
La política criminal en Ecuador no ha evo-
lucionado. Se mantiene un único enfoque que,
basado en la política legislativa penal, se orienta
a la rehabilitación social o prevención terciaria.
Ejemplo de esto es que no existe en el país un
plan estratégico de política criminal que invo-
lucre a las diferentes instituciones públicas que
participen en la creación de planes y programas
relacionados con el tratamiento de la criminali-
dad. De acuerdo a las estadísticas presentadas se
identica el incremento de la violencia criminal
en Ecuador en el presente año. Las cifras revelan
la importancia de implementar estrategias más
ecaces que permitan que estos actos de violencia
no se incrementen en años venideros.
Las cifras de asesinatos, amenazas y micro-
tráco reejan la importancia de que todas las
instituciones públicas del país deban cooperar
amparadas en su marco legal normativo para
frenar estos actos delictivos. Cada institución,
guiada o coordinada por el Estado, debe esta-
blecer parámetros y normas que permitan el
accionar preventivo y restrictivo. Esto concuerda
con el criterio de Pérez y Barbetti (2016) quienes
indican que el Poder Ejecutivo debe sentar las
bases de la coherencia interinstitucional de las
políticas criminales y asignar los recursos huma-
nos, materiales y presupuestarios para combatir la
delincuencia.
Desde el órgano regulatorio de protección
ciudadana, que es el Ministerio de Gobierno, se
puede elaborar un plan de seguridad ciudadana
que contenga los diferentes códigos y leyes. Este
plan puede conectarse con los GAD, prefectura
y juntas parroquiales, incluso, con los sectores
rurales, lo cual permitiría la creación de planes
de manera conjunta con la Policía que busquen
la erradicación delincuencial o, por lo menos, el
mantenimiento de la seguridad ciudadana. Para
ello, la Policía debe articular su trabajo con las
instituciones públicas y los GAD ya que el in-
cremento de la criminalidad requiere de acciones
conjuntas y sostenidas.
La ciudadanía tiene el derecho de contar
con una Policía Nacional que brinde un servicio
de calidad y calidez tal como se desprende del
modelo de policía comunitaria que ampara el
derecho a la vida, la propiedad, la seguridad, entre
otros. Todo ello inspirado en la dignidad de la
persona lo cual se traduce no solo en un principio
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Kléver Benjamín Molina LópezCoproducción de las instituciones públicas en la política criminal
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legalmente amparado en la Constitución, sino, en
una realidad concreta, en un atributo que todo ser
humano tiene independientemente de cualquier
requisito o condición. La sociedad y las institu-
ciones públicas deben prestar atención al estudio
del delito y sus circunstancias, especícamente, en
el ámbito de la criminología. Desde esta ciencia
es posible contar con varias respuestas para la
lucha contra el crimen.
Sin embargo, pese a la creación de leyes y
estrategias para el accionar de la Policía lo que se
observa es que cada entidad pública actúa por se-
parado. Ejemplo de esto son los GAD o la Policía
Nacional quienes implementan acciones y estra-
tegias para incrementar la seguridad ciudadana
por separado sin un diálogo interinstitucional.
Por tanto, pese a tener leyes claras estipuladas en
la CRE, la operacionalización de la misma no es
eciente. Se identica así la necesidad de la co-
producción de políticas criminales que involucran
a todas las instituciones gubernamentales.
Para eso, la Policía y las instituciones públicas
deben empezar por desarrollar una mirada más
certera de la práctica criminal, ideando estrategias
capaces no solo de sancionar al criminal, sino, de
tratar la prevención mediante la gestión de los
riesgos desde su identicación y tratamiento.
Cabe señalar que los organismos encargados de
la seguridad pública deben auspiciar e incluir la
modicación de leyes y garantías para combatir el
delito lo cual está directamente vinculado con la
planicación de medidas represivas.
En la implementación de la política criminal
la criminología entra en juego ya que tiene la fun-
ción de estudiar no solo la escena del crimen, sino
también, al criminal, los orígenes del crimen en un
determinado espacio y las razones que orientan la
práctica criminal. Es en este momento cuando los
agentes de la seguridad pública actúan haciendo
uso de las políticas criminales y garantizando la
seguridad ciudadana.
Conclusiones
Esta investigación revela que la política criminal
nace, se materializa y encuentra sometida a las in-
uencias de la sociedad y de las circunstancias. En
Ecuador el incremento de la delincuencia en 2021
ha planteado la necesidad de reformular el enfoque
de la política criminal la cual debe integrar las di-
mensiones, planes y objetivos de todas las institu-
ciones públicas encargadas de la seguridad ciuda-
dana. Para concretar esto, se debe tener en cuenta
otros factores especícos relacionados con la cons-
trucción e implementación de la política ya que de
esto depende la coproducción efectiva con institu-
ciones públicas aliadas que permitan crear guías y
planes alineados con la Policía Nacional.
Se concluye que, la elaboración de leyes y
el incremento de las penas no son sucientes
para reprender al criminal y combatir el delito.
Es necesario que el Estado plantee diversas
medidas administrativas que busquen sancionar
al infractor y garanticen la seguridad ciudadana.
Es aquí donde interviene la coproducción entre
los organismos gubernamentales responsables
quienes con un trabajo articulado pueden sin-
cronizar sus objetivos y metas logrando mejores
resultados. También se concluye que, si Ecuador
no adopta prontamente medidas ecientes de
política criminal en cooperación con diversas
entidades gubernamentales, pasará a formar parte
de los países más violentos.
La pretensión de obtener resultados distintos
a partir de los mismos preceptos de acción con los
que cuentan las políticas tradicionales presentan
una contradicción. Vale la pena preguntarse
cómo mejorar la ecacia. Por tanto, la alternativa
propuesta desafía a los futuros alternativos que,
con base a la coproducción, innovación y moder-
nización de la política criminal, pueden afrontar
de manera eciente esta posible conictividad.
Esto siempre conlleva a horizontes de mejora en
la protección de la sociedad.
Se hace necesario un enfoque de interopera-
bilidad de la política criminal en el país el cual
debe centrarse bajo un plan estratégico de políti-
ca criminal que involucre en sus objetivos, metas,
indicadores, proyectos y procesos al Ministerio
de Gobierno, Policía Nacional y los GAD. En
este contexto, la política criminal en Ecuador
ha estado asociada al enfoque de persecución
penal. No obstante, ha quedado claro que tal
política debe anclarse a la seguridad ciudadana
y, por tanto, es un compromiso de todas las
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instituciones del Estado y de la comunidad en
general trabajar en ese sentido.
En este sentido, el papel de los agentes
de policía es fundamental en la lucha contra
la delincuencia: es necesario que cuenten con
planes y estrategias para garantizar la seguridad
en los diversos ámbitos vulnerables a la práctica
delictiva. Finalmente, es importante el rol que
desempeñan los agentes policiales en la lucha
contra la delincuencia, la violencia, delincuencia
y la aplicación de la política penal. Se debe luchar
contra el crimen, no solo redactando nuevos ins-
titutos penales o encarcelando a los delincuentes.
Conviene un trabajo sincronizado y ejecutado
por todas las instituciones disponibles del Estado
para combatir este problema social.
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