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ISUPOL, Revista de Investigación en Seguridad Ciudadana y Orden Público
Nº 12 junio 2026 • pp 32-42 • IISSN impreso 2528-8032 • ISSN digital 2773-7470
Caracterización territorial para la hiperfocalización
del servicio policial diferenciado frente
a la dinámica criminal en Ecuador
Territorial Characterization for the Hyper-Focalization
of Differentiated Police Services in Response to Criminal
Dynamics in Ecuador
Alexander David Martínez Grados1
Richard Milton Carvajal Salazar2
Diego Ricardo Maldonado Pillajo3
Julio César Guerrero Almeida4
Recibido: 03 de abril de 2026
Aceptado: 15 de abril de 2026
Publicado: 08 junio de 2026
Resumen
El artículo propone una metodología integral para caracterizar territorialmente la violencia criminal en
Ecuador. Esta propuesta supera los enfoques tradicionales basados en los homicidios e integra cuatro
dimensiones estructurales: homicidios intencionales, mercados criminales, delitos contra la seguridad
ciudadana y grupos del crimen organizado. Mediante herramientas geoespaciales, búferes de influencia,
el índice de dispersión de la concentración delictiva y un índice de daño basado en las penas mínimas
establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, se construye un índice compuesto que mide el im-
pacto directo e indirecto de la violencia en cada territorio. La metodología también incorpora el impac-
to proporcional indirecto para captar los efectos espaciales derivados de zonas colindantes. Aplicado a
140 distritos policiales, el modelo evidenció que la violencia no se distribuye aleatoriamente, sino que
responde a configuraciones estructurales específicas. Los resultados contribuyen a mejorar la prioriza-
ción institucional, fundamentan las estrategias de hiperfocalización policial, optimizan la asignación de
recursos y fortalecen la toma de decisiones basada en evidencia territorial.
Palabras clave: análisis geoespacial; caracterización territorial; criminalidad; índice de daño; prioriza-
ción territorial; violencia.
1 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, david.martinez_82@hotmail.com, 0009-0004-1149-6539
2 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, rmcarvajal1988@gmail.com 0009-0000-4716-2865
3 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, maldonadopolinal@gmail.com 0009-0000-6742-0286
4 Comando General de la Policía Nacional del Ecuador, juliocesarguerrero199@gmail.com, 0009-0004-1764-9567
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Caracterización territorial para la hiperfocalización del servicio policial
diferenciado frente a la dinámica criminal en Ecuador
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Abstract
e article proposes a comprehensive methodo-
logy for territorially characterizing criminal vio-
lence in Ecuador. is approach moves beyond
traditional homicide-based analyses and integra-
tes four structural dimensions: intentional ho-
micides, criminal markets, offenses against pu-
blic safety, and organized crime groups. Using
geospatial tools, influence buffers, the Crime
Concentration Dispersion Index, and a Harm
Index based on the minimum penalties establi-
shed in the Código Orgánico Integral Penal, the
study develops a composite index that measu-
res the direct and indirect impact of violence in
each territory. e methodology also incorpora-
tes proportional indirect impact to capture spatial
effects arising from neighboring areas. Applied to
140 police districts, the model shows that violen-
ce is not randomly distributed; rather, it responds
to specific structural configurations. e findings
help improve institutional prioritization, support
police hyper-focused strategies, optimize resour-
ce allocation, and strengthen evidence-based de-
cision-making grounded in territorial analysis.
Keywords: geospatial analysis; territorial charac-
terization; crime; Harm Index; territorial priori-
tization; violence.
Introducción
La comprensión actual del comportamiento cri-
minal requiere de modelos analíticos capaces de
superar las limitaciones de los enfoques tradicio-
nales que históricamente priorizaron la interven-
ción policial en zonas definidas por las tasas o
conteos delictivos. Por eso priorizar el comporta-
miento criminal desde un enfoque territorial-ins-
titucional anclado en los homicidios intencionales
y empleado de manera aislada, restringe la com-
prensión integral de la realidad criminal (Snyder
y Durán-Martínez 2006).
Es posible que territorios que no cuentan con
registros o altos registros de homicidios, existan
gobernanzas criminales, mercados ilícitos o meca-
nismos coercitivos de control social que atenúen
la violencia visible (Banco Interamericano de
Desarrollo [BID] 2023). Esta limitación excluye
las áreas estratégicas de priorización operativa,
aun cuando presentan dinámicas delictivas de
alto riesgo o procesos de captura territorial.
Los estudios sobre producción del espacio y
gobernanza territorial indican que las dinámicas
delictivas se sostienen sobre estructuras sociales
y espaciales arraigadas (Fajnzylber, Lederman
y Loayza 2002). La evidencia empírica apunta
a que el crimen se distribuye según patrones de
concentración y proximidad geográfica, de modo
que, se descarta un comportamiento aleatorio
(Chainey y Montero 2019). Asimismo, la evi-
dencia reciente muestra que la criminalidad se
estructura de forma diferenciada en función de la
configuración urbana y territorial (Tobler 1970).
En este contexto, los homicidios y mercados
ilícitos se apoyan en redes criminales capaces
de ejercer control social y regular la violencia, lo
que posibilita la coexistencia de baja violencia
letal con alta actividad criminal en determinados
territorios (United Nations Office on Drugs and
Crime [UNODC] 2024).
Este artículo propone una metodología
para caracterizar el comportamiento de la vio-
lencia desde un enfoque estructural, geoespacial
y multidimensional en Ecuador. El propósito es
desarrollar un modelo técnicamente robusto que
permita identificar territorios críticos, optimizar
la priorización institucional y fortalecer la toma
de decisiones basada en evidencia. Se sostiene por
hipótesis que, la violencia en el Ecuador no se
distribuye de manera aleatoria, sino que responde
a configuraciones estructurales específicas, que
pueden comprenderse con metodologías integra-
das de análisis multidimensional.
En este marco, el estudio se estructura de la
siguiente manera. Primero, se presenta el marco
conceptual y luego se describe la metodología
y sus procedimientos de cálculo. En un tercer
momento se analiza los aportes, alcances y las
limitaciones del modelo. Por último, constan las
conclusiones orientadas a la planificación estra-
tégica policial y gestión institucional basada en
evidencia.
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Objetivo general
Determinar la aplicabilidad, consistencia y capa-
cidad explicativa del modelo integral de carac-
terización territorial de la violencia criminal en
Ecuador, desde un enfoque estructural, geoespa-
cial y multidimensional.
Objetivos específicos
•Identificar la distribución espacial y los
patrones de concentración, dispersión y
proximidad de las variables explicativas
de la violencia criminal mediante técni-
cas de inferencia geoestadística a nivel
distrital.
•Integrar sistemáticamente las dimen-
siones de los homicidios intencionales,
mercados criminales, delitos contra la
seguridad ciudadana y grupos de crimen
organizado mediante un índice de daño
jurídicamente fundamentado y técnicas
de análisis multicriterio.
•Clasificar los territorios según niveles de
criticidad territorial de acuerdo con los
impactos directos e indirectos de la vio-
lencia, a fin de sustentar la hiperfocali-
zación del servicio policial y el diseño de
estrategias operativas diferenciadas basa-
das en evidencia.
Marco conceptual
Factores estructurales de la violencia
La literatura criminológica ha demostrado que
los homicidios no son el resultado de conflictos
interpersonales aislados o disputas circunstancia-
les, sino, la manifestación más extrema de proce-
sos estructurales vinculados a desigualdades so-
cioeconómicas persistentes, economías ilegales
consolidadas, debilidad institucional, configura-
ciones urbanas específicas y factores demográ-
ficos de larga duración (Muriel y Cortez 2018).
Desde el enfoque sistémico, la violencia homicida
emerge cuando convergen condiciones estructu-
rales adversas, capacidades estatales insuficientes
y dinámicas criminales territorializadas. Es esto
lo que explica su carácter recurrente y concentra-
do en determinados espacios.
Los factores estructurales son condiciones
de largo plazo que configuran la distribución
espacial de la violencia y su persistencia temporal.
Este enfoque permite comprender por qué ciertos
territorios mantienen niveles elevados de violen-
cia incluso frente a intervenciones coyunturales
o de corto alcance. El análisis territorial basado
en estos factores permite identificar elementos
determinantes de la violencia, agrupar territorios
con condiciones socioespaciales similares y
diseñar estrategias de intervención diferenciadas.
De esta manera, es posible superar enfoques
homogéneos que desconocen la heterogeneidad
espacial del fenómeno criminal.
Caracterización territorial
como proceso analítico
El proceso de caracterización territorial de la vio-
lencia facilita una aproximación multidimensio-
nal de las dinámicas y estructuras que la sostienen
en cada territorio, a partir de sus particularidades
urbanas y sociales. Al agrupar las variables suel-
tas, esta metodología permite interpretar con ma-
yor claridad los aspectos delictivos asociados a la
violencia. Por eso, es una herramienta fundamen-
tal para planificar la seguridad, la gestión territo-
rial y la toma de decisiones estratégicas basadas
en evidencia científica (Fajnzylber, Lederman y
Loayza 2002).
Metodología
Diseño de investigación
La investigación se desarrolla desde un enfoque
cuantitativo, no experimental y de corte trans-
versal. Se sustenta en una fase teórico-conceptual
orientada al diseño de un modelo integral de ca-
racterización territorial de la criminalidad, funda-
mentado en la medición sistemática de variables
numéricas y aplicación de análisis geoespaciales.
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Estos análisis permiten identificar y explicar di-
námicas complejas de concentración, proximi-
dad y dispersión del fenómeno criminal en el
territorio.
El alcance del estudio se sitúa en el nivel
correlacional con proyección explicativa. Se busca
identificar relaciones entre los factores estructura-
les del modelo y la criticidad territorial observada.
Este enfoque se basa en el principio geográfico de
dependencia espacial, según el cual los fenóme-
nos próximos pueden estar relacionados (Tobler
1970). Al integrar patrones de concentración
delictiva (Chainey y Montero 2019), dinámicas
territoriales y daños diferenciales según el tipo
de delito (Sherman, Neyroud y Neyroud 2016),
el modelo desarrolla una capacidad explicativa
emergente para interpretar la configuración espa-
cial de la violencia.
Factores y variables del modelo
Actualmente, las muertes violentas registran un
crecimiento progresivo y constante desde 2018,
asociado con la violencia criminal y atomiza-
ción de los grupos criminales. Snyder y Durán-
Martínez (2006), luego de analizar la relación
entre los mercados ilícitos y la violencia, argu-
mentaron que cuando existen redes de protección
extorsiva patrocinadas por el Estado, los niveles
de violencia letal en estos mercados suelen ser ba-
jos. Sin embargo, cuando las redes se rompen, la
violencia letal aumenta. A partir de este enfoque,
se identifican cuatro factores que permiten com-
prender la dinámica:
•Homicidios intencionales
•Mercados criminales
•Delitos contra la seguridad ciudadana
•Grupos del crimen organizado
Estas dimensiones no operan de manera aislada,
sino que configuran un sistema complejo e inter-
dependiente. De modo que, este sistema permite
comprender la naturaleza multifacética de la vio-
lencia contemporánea y sus implicaciones para la
gobernanza democrática.
Los homicidios intencionales constituyen el
principal indicador de la violencia letal y es una
variable dependiente en los estudios criminoló-
gicos contemporáneos, ya que abarcan diversas
tipologías delictivas y permiten aproximarse al
grado de penetración y control territorial ejercido
por los grupos criminales. La evidencia demuestra
que cerca del 50% de los homicidios intencio-
nales en América Latina están vinculados con
actividades del crimen organizado. Por lo tanto,
este indicador puede usarse como un proxy clave
del poder criminal en el territorio (BID 2023).
Los delitos contra la seguridad ciudadana
abarcan indicadores de criminalidad que afectan
directamente la percepción de seguridad. Tales
delitos incluyen fenómenos como la desaparición
involuntaria, la intimidación, el robo y secuestro
en sus diversas modalidades —simple, extorsivo
y tentativa—, así como otras formas de victi-
mización directa. Esta dimensión representa el
impacto inmediato de la inseguridad en la vida
cotidiana de las personas y funciona como un
indicador de la eficacia de las políticas públicas
de seguridad (UNODC 2024).
Los grupos de crimen organizado son es-
tructuras delictivas con capacidad para articular
y coordinar actividades económicas ilícitas, así
como para ejercer violencia de manera sistemáti-
ca. Esta dimensión se manifiesta, principalmente,
a través de la delincuencia organizada y estruc-
turas criminales que operan a nivel local, pero,
con proyección internacional y transnacional.
Los grupos criminales no solo cometen hechos
violentos aislados. Funcionan como estructuras
organizadas que hacen posible que la violencia se
mantenga en el tiempo, aumente y sea controlada
a nivel territorial (Real Instituto Elcano 2024).
La interrelación sistémica entre estas di-
mensiones explica la evolución exponencial de la
violencia criminal donde: los mercados criminales
proporcionan los incentivos económicos y la
racionalidad de la violencia; las organizaciones
criminales suministran la estructura organizativa
y la capacidad operativa; los delitos contra la
seguridad ciudadana establecen los mecanismos
de control territorial y social; y los homicidios
intencionales constituyen el instrumento último
de imposición de poder y resolución de conflictos.
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Índice de daño como métrica
de ponderación
El índice de daño es una medida cuantitativa que
evalúa la magnitud y severidad de los impactos
negativos generados por eventos adversos en un
sistema determinado. En el contexto de la se-
guridad pública y la criminología, es una herra-
mienta analítica fundamental para cuantificar el
deterioro social, económico y humano que resul-
ta de las actividades criminales y violencias. Para
Sherman, Neyroud y Neyroud (2016) todo índice
debe cumplir tres requisitos para que sea consi-
derada una medida legítima de daño: responder
a un estándar democrático, ser fiable y adaptarse
con un costo mínimo para el usuario final.
El índice incorpora, como elemento princi-
pal, la pena mínima expresada en días para cada
delito, conforme lo establece el Código Orgánico
Integral Penal (COIP 2025). Es decir, el índice
contiene la gravedad jurídica asignada por el
ordenamiento legal de Ecuador a cada subtipo
de delito, lo que permite ponderar su impacto
de manera diferenciada. La fórmula general del
índice de daño adaptada puede expresarse de la
siguiente manera:
IDDt = Σ (Cі × Hі )
Donde
DDt es el índice de daño para el territorio t
Ci es el número de eventos delictivos de tipo
i en el territorio t
Hi es la ponderación del delito tipo i expre-
sada en días —pena mínima en años × 365—5
Metodología espacial de daño ponderado
por dispersión y densidad territorial
Este modelo permite evaluar con precisión el im-
pacto territorial de eventos georreferenciados.
La metodología integra tres dimensiones funda-
mentales: severidad del evento, su patrón espa-
cial —concentración o dispersión— y su influen-
cia geográfica en zonas colindantes. El análisis
5 La conversión de años a días aumenta la granularidad analí-
tica y permite una ponderación más precisa del impacto re-
lativo de los delitos según su gravedad jurídica.
geoespacial es clave para comprender las dinámi-
cas territoriales, ya que integra relaciones espa-
ciales, zonas de influencia y efectos de proximi-
dad más allá de la localización de los fenómenos.
La metodología supera las limitaciones de los
análisis tradicionales si se incorpora el índice de
dispersión de la concentración delictiva desarro-
llado por Chainey y Montero (2019) que permite
medir la concentración y dispersión criminal.
Construcción metodológica
en ocho etapas
La metodología espacial de daño ponderado por
dispersión y densidad territorial sigue un proceso
de ocho etapas secuenciales que garantizan la ri-
gurosidad del análisis territorial. Estas son:
•Georreferenciación de eventos: se registra
cada evento con coordenadas espaciales
precisas mediante el uso de Sistemas de
Información Geográfica (SIG), proyecta-
das en WGS84 zona 17 sur. Esta primera
etapa constituye el fundamento empírico
del modelo ya que, sin la localización pre-
cisa de los eventos criminales, el análisis
espacial posterior perdería validez.
•Creación de búferes de influencia: cada
evento genera un búfer de influencia con
un radio específico según el tipo de delito,
con base en estándares internacionales de
criminología espacial. Esta representa-
ción geométrica permite visualizar el área
territorial afectada más allá del punto
exacto donde ocurre el evento y reconoce
que los efectos del delito se propagan en
el espacio circundante.
Tabla 1
Influencia con radio específico según tipo de delito
Tipo de delito Radio de
búfer (m) Fundamentación
Homicidios y deli-
tos contra la vida 500 Estudios sobre influencia
espacial de eventos letales
(Chainey 2013).
Delitos contra la
propiedad como
robo y extorsión 200 Patrones de victimización en
entornos urbanos (Bernasco
y Block 2011).
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Delitos relaciona-
dos con sustancias
ilícitas 300 Áreas de influencia de mer-
cados de drogas (Rengert
2005)
Delitos de organi-
zación criminal 400 Efectos de control territo-
rial de estructuras criminales
(Caldeira 2015)
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
•Intersección espacial con límites territoria-
les: se calcula la proporción total del terri-
torio cubierta por los búferes generados
a partir de los eventos georreferenciados.
Esta superficie cubierta, denominada Aij ,
representa el área afectada dentro del te-
rritorio i y se obtiene de la superposición
de los radios de influencia de cada evento.
Para determinar el grado de cobertura, se
calcula la relación entre Aij y el área total
del territorio At mediante la fórmula Co-
bertura = Aij/At. Este valor indica qué
parte del territorio está bajo la influencia
de los eventos y funciona como indicador
clave para medir el impacto espacial rela-
tivo, ya que pondera el efecto territorial
no solo a partir de la cantidad de eventos,
sino también del área concreta donde se
manifiesta su influencia.
•Cálculo del CCDI: este índice mide la
concentración de eventos delictivos en
el territorio a partir de la relación entre
distancias promedio, máxima y mínima
entre eventos. Primero, se determina la
distancia máxima (D_max) entre dos
vértices del polígono territorial a partir
de la fórmula de Haversine. Luego, se
calcula la distancia promedio (D_avg)
entre cada evento y todos los demás, y se
obtiene el promedio general de estas dis-
tancias. Después, se identifica la distancia
mínima (D_min) entre cualquier par de
eventos. Finalmente, se aplica la fórmu-
la CCDI = (D_max - D_avg) / (D_max
- D_min) que normaliza el valor entre 0
—máxima dispersión— y 1 — máxima
concentración—, lo que permite evaluar
qué tan agrupados están los eventos de-
lictivos en el área estudiada.
•Incorporación del peso del evento —índice
de daño —: se asignan pesos a cada even-
to según su índice de daño para reflejar
la severidad o criticidad basada en varia-
bles específicas. Esto permite combinar la
magnitud del evento —peso asignado—
con la extensión del territorio afectado
en una sola medida, que representa el
impacto territorial ponderado. Para ello,
se multiplica la cantidad de eventos de
cada tipo (Ci ) por la ponderación asigna-
da a ese tipo de delito (Hi ) y se suman los
resultados. Así se obtiene la ponderación
total que refleja la gravedad y alcance del
impacto en el territorio.
•Cálculo del índice directo con CCDI: se cal-
cula el índice directo (Ij ) —que integra la
cobertura territorial, la ponderación del
daño y la concentración espacial— para
medir el impacto criminal en el territorio.
La fórmula es Ij = (Aij /At ) × Pj × CCDI,
en la que Aij /At representa la proporción
del territorio cubierta por los búferes; Pj
es la ponderación total del daño; y CCDI
es el índice de concentración-dispersión.
Un valor alto de CCDI —cercano a 1—
indica una alta concentración de eventos
que genera puntos calientes con fuerte
presión criminal, lo que aumenta el im-
pacto. En cambio, un CCDI bajo —cer-
cano a 0— refleja eventos dispersos que
reducen el impacto al manifestarse de
forma más difusa en el territorio.
•Cálculo del impacto proporcional indirecto
(IPI): en este paso se captura y valora el
impacto indirecto que los eventos ubica-
dos en zonas limítrofes del territorio A
generan sobre el territorio B colindan-
te, incluso cuando en B no se registren
eventos focales. Este impacto es espacial-
mente medible y relevante en términos
territoriales, especialmente si el territo-
rio B es pequeño y la influencia externa
cubre gran parte de su superficie. Para
cuantificarlo, se calcula el IPI mediante
la fórmula IPI = (Aᵢn/At) × Pj × λ, en la
que Aᵢn es el área del búfer de un evento
externo que intersecta el territorio; Pj es
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la ponderación del daño; y λ es un coefi-
ciente de atenuación —generalmente de
0.5, con calibración prevista por tipo de
delito en base a futuros estudios—.
•Cálculo del índice final: en este paso se
calcula el índice final que mide el impac-
to territorial mediante la combinación de
dos componentes: el índice directo y el
IPI. El índice directo refleja el impacto
generado por eventos ocurridos dentro
del territorio, e integra la proporción del
área afectada (Aᵢj/At), la severidad de los
eventos (Pj) y su concentración espacial.
Por su parte, el IPI mide el impacto in-
directo proveniente de eventos registra-
dos en territorios vecinos cuyos búferes
se extienden hacia el área analizada. Para
ello, considera la proporción de área afec-
tada por estos eventos externos (Aᵢn/At),
su severidad (Pj) y un coeficiente de ate-
nuación (λ) que reduce el peso de la in-
fluencia indirecta. La fórmula general del
índice final es la siguiente:
Índice ajustado final
i
Donde
Aij es el área cubierta por búferes internos
Ain es el área cubierta por búferes externos que
intersectan el territorio
At es el área total del territorio
Pj es la ponderación total del daño basado en la
gravedad de los eventos
mide la concentración espacial de los eventos in-
ternos y, λ es el factor de atenuación para el im-
pacto indirecto (valor actual 0.5).
De este modo, se obtiene una valoración territo-
rial realista que considera tanto el daño directo
como la influencia espacial de eventos colindan-
tes. Esto permite identificar territorios con alta
presión criminal derivada de eventos propios y
del derrame de violencia desde zonas vecinas.
Ejemplo ilustrativo
Si al analizar una unidad territorial X con:
•Impacto directo:
Aij/At = 0.6 (60% del territorio cubierto
por búferes internos)
Pj = 1000 (alta severidad de eventos
internos)
CCDI = 0.8 (eventos muy concentrados)
Impacto directo = 0.6 × 1000 × 0.8 = 480
•Impacto indirecto:
Aᵢn /At = 0.3 (30% del territorio cubierto
por búferes externos)
Pj = 800 (eventos externos graves)
λ = 0.5
Impacto indirecto = 0.3 × 800 × 0.5 = 120
•Índice final = 480 + 120 = 600
Interpretación:
El territorio tiene un impacto alto (600) debido
principalmente a:
•Eventos internos graves y concentrados
(480)
•Influencia significativa de eventos exter-
nos (120)
Aplicación del proceso analítico
jerárquico (AHP)
Para garantizar la validez metodológica del sis-
tema de ponderación se aplicó una técnica mul-
ticriterio que permitió asignar pesos relativos a
diferentes variables mediante comparaciones pa-
readas en una matriz. Esta asignación consideró
la importancia relativa de cada factor en la ge-
neración de violencia territorial y se basó tanto
en evidencia empírica de estudios previos como
en criterios normativos establecidos en el ordena-
miento jurídico ecuatoriano.
El cálculo del índice de consistencia (CR)
arrojó un valor de 0,043, inferior al umbral crí-
tico de 0,10 establecido por Saaty (1980), lo que
demuestra que las ponderaciones asignadas son
consistentes y válidas para el análisis multicriterio.
Este resultado confirma que el modelo no presen-
ta contradicciones lógicas en la valoración relativa
de los diferentes factores y que las prioridades
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establecidas reflejan de manera coherente los jui-
cios comparativos efectuados durante el proceso
de ponderación.
Categorización territorial y agregación
multiescalar
La categorización de los territorios en niveles de
criticidad se fundamentó en un análisis estadís-
tico basado en la desviación estándar del índice
final calculado para cada unidad territorial. Una
vez obtenido el índice compuesto (I_final = I_di-
recto + IPI) para los 140 distritos policiales, se
calculó la media aritmética (μ) y la desviación es-
tándar (σ) de la distribución.
La clasificación territorial se estableció me-
diante tres categorías: nivel alto (I_final ≥ μ + σ),
nivel medio (μ - σ < I_final < μ + σ) y nivel bajo
(I_final ≤ μ - σ). Este procedimiento estadístico
permitió identificar territorios que se desvían sig-
nificativamente del comportamiento promedio,
tanto por encima como por debajo, y garantiza
que la categorización refleje las diferencias esta-
dísticamente relevantes.
Posteriormente, se aplicó un proceso de
agregación territorial multiescalar mediante
la suma ponderada de los índices de las unida-
des menores hacia unidades administrativas
superiores. Específicamente, el índice de cada
subzona (I_subzona) se calculó como I_subzona
= Σ (I_distrito_i × w_i), donde w_i representa el
peso proporcional de cada distrito en función de
su población o extensión territorial. De manera
análoga, el índice zonal se construyó mediante
la agregación de los índices subzonales, según la
fórmula I_zona = Σ (I_subzona_j × w_j).
Este enfoque de agregación bottom-up
permite mantener la coherencia metodológica
entre escalas territoriales y garantiza que la
caracterización a nivel zonal refleje de manera
adecuada la criticidad de las unidades territoriales
que la componen. Al mismo tiempo, preserva la
capacidad de identificar heterogeneidades inter-
nas que podrían permanecer invisibles en análisis
exclusivamente agregados.
La metodología aplicada permitió clasificar
los distritos en tres niveles de violencia según los
factores analizados: alto, con 5 distritos, donde se
concentran homicidios intencionales, mercados
criminales y estructuras delictivas organizadas
por lo que requieren de intervenciones focalizadas
y control especializado; medio, con 56 distritos,
caracterizados por la presencia importante de
delitos y economías ilícitas que mantienen
dinámicas de violencia sostenida y demandan vi-
gilancia constante, patrullaje y prevención; y bajo,
con 39 distritos, que presentan menores tasas de
homicidios y escasa actividad criminal relevante
en la que la prioridad es fortalecer la proximidad
policial y la confianza ciudadana.
Resultados y discusión
Caracterización territorial de los 140
distritos
La metodología aplicada permitió clasificar los
140 distritos de Ecuador en tres niveles de vio-
lencia: alto, caracterizado por la concentración de
homicidios intencionales, mercados criminales y
estructuras delictivas organizadas que requieren
intervenciones focalizadas y control especializado;
medio, con presencia relevante de economías ilíci-
tas y violencia sostenida que demanda vigilancia,
patrullaje y prevención; y bajo, con reducida activi-
dad criminal en la que la prioridad es fortalecer la
proximidad policial y la confianza ciudadana.
La incorporación del IPI permitió identificar
territorios expuestos a la influencia de zonas
colindantes de alta criminalidad, aun sin even-
tos focales significativos. Este procedimiento
anticipa la expansión territorial de la violencia
mediante búferes de influencia, fundamentados
en principios de criminología ambiental y geo-
grafía del crimen, aplicados al análisis territorial
comparativo y prospectivo.
Hiperfocalización del servicio policial
La hiperfocalización del servicio es una estrate-
gia operativa avanzada que concentra, de forma
intensiva y diferenciada, recursos y capacidades
institucionales en microterritorios categorizados
mediante la metodología propuesta. Identificado
el nivel de riesgo, la tipología delictiva, la intensi-
dad del daño y la dinámica espacial, se diseñaron
y ejecutaron estrategias de servicio diferenciadas
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Nº 12 junio 2026 • pp 32-42
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ajustadas a las particularidades de cada categoría
territorial específica.
Este enfoque permite transitar de una interven-
ción homogénea a una intervención selectiva y
adaptativa, en la que el despliegue del servicio se
define según la criticidad territorial, los patrones
de concentración criminal y la proximidad espa-
cial. La hiperfocalización optimiza los recursos
institucionales, incrementa la efectividad opera-
tiva y reduce el impacto delictivo mediante ac-
ciones focalizadas y coherentes con la realidad
específica de cada espacio intervenido. Además,
genera mejoras en la eficiencia de asignación y
brinda mayor precisión en la identificación de
territorios prioritarios, según los resultados pre-
liminares del modelo evaluado en su fase inicial
operativa y estratégica.
Ventajas del modelo propuesto
El modelo propuesto presenta ventajas compara-
tivas frente a metodologías tradicionales de ca-
racterización territorial. En primer lugar, integra
múltiples dimensiones del fenómeno criminal en
un marco analítico coherente que supera los en-
foques unidimensionales. En segundo lugar, in-
corpora técnicas geoespaciales avanzadas que
capturan la propagación espacial del delito y
los efectos de contigüidad territorial, aspectos
Gráfico 1
Resultados finales de la caracterización
territorial por distritos
Leyenda
Distritos
Caracterización
Provincias
140 distritos
Alto - 45
Bajo - 39
Medio - 56
Fuente: por los autores.
Elaboración: por los autores.
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habitualmente ausentes en análisis criminológi-
cos convencionales.
En tercer lugar, el uso del índice de daño
basado en penas mínimas del COIP aporta una
métrica de ponderación jurídicamente funda-
mentada y democráticamente legítima que refleja
el consenso social sobre la gravedad de los delitos.
En cuarto lugar, la aplicación del AHP garantiza
consistencia metodológica y elimina arbitrarie-
dades en la asignación de pesos. Finalmente, la
metodología es replicable, escalable y adaptable
a diversos contextos territoriales y facilita su
implementación sistemática a nivel nacional
institucional y operativa comparada.
Limitaciones y desafíos
Pese a sus múltiples fortalezas, el modelo presen-
ta ciertas limitaciones que deben reconocerse. La
calidad de los resultados depende de la calidad y
completitud de los datos de entrada, por lo que
territorios con subregistro delictivo significativo
podrían clasificarse erróneamente como de baja
criticidad. La georreferenciación precisa de even-
tos delictivos requiere capacidades tecnológicas y
procedimientos estandarizados que no están dis-
ponibles en todos los niveles institucionales.
Adicionalmente, la definición de los radios
de influencia para los búferes, aunque se basa en
literatura especializada, requiere validación empí-
rica continua que considere las especificidades del
contexto ecuatoriano. El coeficiente de atenuación
IPI también requiere estudios complementarios
para determinar su valor óptimo en distintos
tipos de delitos y configuraciones territoriales.
Conclusiones
El análisis espacial de la violencia criminal per-
mitió confirmar que su distribución en los distri-
tos policiales de Ecuador no responde a patrones
aleatorios, sino a configuraciones territoriales es-
tructurales caracterizadas por dinámicas específi-
cas de concentración, dispersión y proximidad. La
aplicación de técnicas geoespaciales avanzadas,
como búferes de influencia y el CCDI, eviden-
ció que territorios sin registros elevados de homi-
cidios pueden presentar altos niveles de presión
criminal. Así, se superan las limitaciones de los
enfoques tradicionales basados exclusivamente en
tasas de homicidio.
La integración sistémica de las cuatro dimen-
siones estructurales —homicidios intencionales,
mercados criminales, delitos contra la seguridad
ciudadana y grupos de crimen organizado—
ponderadas mediante un índice de daño jurídi-
camente anclado en las penas mínimas del COIP
y en técnicas de análisis multicriterio, permitió
construir una medida compuesta del impacto
territorial de la violencia. Esta aproximación
metodológica permitió cuantificar con mayor
precisión la severidad y el alcance del fenómeno
criminal, al incorporar tanto los efectos directos
como los impactos indirectos provenientes de
territorios colindantes, lo que representa un apor-
te sustantivo frente a métricas convencionales
unidimensionales.
La clasificación de los territorios según ni-
veles de criticidad territorial, basada en el índice
compuesto desarrollado, constituye un soporte
sólido para la hiperfocalización del servicio poli-
cial. Esta clasificación facilita la transición desde
modelos homogéneos y reactivos hacia estrategias
operativas diferenciadas, preventivas y basadas en
evidencia. La caracterización territorial obtenida
fortalece la priorización institucional de recursos
y la planificación estratégica en seguridad pública.
Además, consolida un enfoque de gestión territo-
rial que reconoce la heterogeneidad espacial del
fenómeno criminal y mejora la efectividad de las
intervenciones policiales.
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