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Resumen
La violencia criminal en América Latina es un problema latente, que ubica a la región como la más violenta
del mundo debido a sus altos índices de homicidios. Entre las causas que explican los altos homicidios, se
encuentran la desigualdad económica y la calidad de los mecanismos formales de control social, que a su
vez dependen de la riqueza de cada nación. El objetivo de este artículo consiste en evaluar si la frecuencia
de homicidios en Ecuador se asocia a las var
iaciones en el índice de pobreza, entre 2010 y 2018. La
metodología utilizada es de tipo documental y sigue la lógica de un trabajo académico con investigación
bibliográfica. Los resultados evidencian que no existe asociación estadística, entre la pobreza y los
homicidios y, que la disminución de los homicidios y la pobreza son el reflejo de una mayor estabilidad
política, solidez institucional e inversión social.
Palabras claves: Ecuador; homicidio; pobreza; Policía Nacional del
Ecuador; violencia
.
Abstract
Criminal violence in Latin America is a latent problem, which places the region as the most violent in the
world due to its high homicide rates. Among the causes that explain the high homicides are economic
inequality and the quality of the formal mechanisms of social control, which in turn depend on the wealth
of each nation. The objective of this article is to evaluate whether the frequency of homicides in Ecuador
is associated with var
iations in the poverty rate, between 2010 and 2018. The methodology used is
documentary and follows the logic of an academic work with bibliographic research. The results show that
there is no statistical association between poverty and homicides and that the decrease in homicides and
poverty are the reflection of greater political stability, institutional solidity and social investment.
Keywords: Ecuador; homicide; National Police of Ecuador; poverty; violence.
1
Mayor de la Policía Nacional del Ecuador, Jefe de Operaciones del Distrito El Triunfo, reinaldo.acosta@policia.gob.ec
https://orcid.org/0000-0002-8705-5973
29
Introducción
Cuando se habla de pobreza resulta difícil
ajustarse a una definición exacta, puesto que este
concepto abarca múltiples y amplios ámbitos
académicos, además de complejos problemas de las
realidades sociales a nivel mundial. Desde las
ciencias sociales dicho concepto tiene al menos,
doce sentidos que permiten entenderlo desde
dimensiones, materiales, sociales, políticos y
económicos. En este marco, la pobreza va más allá
de la ausencia de recursos económicos (Spicker
2009, 291-306). Por ejemplo: Halleröd, Bradshaw,
y Holmes (2018, 213-234), han operacionalizado a
este concepto mediante el índice de privación
proporcional con lo cual se amplía el espectro a
aquellas necesidades insatisfechas.
La Organización de Naciones Unidas
(ONU 2021) en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social de Copenhague, realizada en
1995, definió a la pobreza como una condición que
se caracteriza por una privación severa de
necesidades humanas básicas que incluyen la
alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias,
salud, vivienda, educación y acceso a la
información. Por ende, la pobreza no solo depende
de la ausencia de ingresos monetarios, sino, también
del acceso a servicios y bienes (Spicker 2009, 291-
306). Entre las manifestaciones de la pobreza se
encuentran el hambre, la malnutrición, ausencia de
una vivienda digna y acceso limitado a otros
servicios. En relación a los datos, en 2015 más de
736 millones de personas se situaron por debajo del
umbral de pobreza a nivel mundial, mientras que en
2021 un 10% de la población mundial vivía en la
pobreza extrema, sin poder cubrir sus necesidades
más básicas. En términos de género, esta situación
impacta más a mujeres que a hombres: por cada 100
hombres entre los 25 y 34 años que viven en la
pobreza, hay 122 mujeres. Las proyecciones a 2030
indican que más de 160 millones de niños y niñas
corren el riesgo de seguir viviendo en la pobreza
extrema (ONU 2021).
Tales cifras aumentaron durante la
pandemia de covid-19: afectando a más de 500
millones de personas lo que equivale al 8% del total
de la población mundial. Las regiones más
impactadas fueron, Asia oriental y sudoriental,
mientras que el 42% de la población del África
subsahariana sigue bajo estas condiciones adversas
(ONU 2021). De acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal
2011) la pandemia surgió en un momento donde el
escenario mundial ya era complejo de por sí: bajo
crecimiento económico, aumento de la pobreza,
crecientes tensiones sociales, profundización de las
desigualdades estructurales, aumento de la
informalidad, baja productividad, desprotección
social, entre otras, que significaron un retroceso de
12 años en pobreza y 20 años en pobreza extrema
para la humanidad.
En América Latina la realidad no ha sido
menos diferente. En 2020, cerca de 78 millones de
personas (12,5% de la población en la región)
vivían en pobreza extrema y 209 millones en la
pobreza. Esto significó un aumento de 22 millones
de personas con respecto a 2019, con una tasa del
33,7% que corresponde a la mayor cifra en 12 años
(ONU 2021).
Lo cierto, es que la pobreza trae
consecuencias negativas, Díaz (2016) señala que
uno de los enfoques de larga data que explica la
relación entre estructura social y crimen, es aquel
que examina a la conducta criminal desde las
desigualdades económicas. Para Stretesky, Schuck,
y Hogan (2004), por ejemplo, una de las variables
que explica el desarrollo de una ciudad frente a otra
son los agrupamientos de la pobreza y cómo ello
interactúa con las tasas de homicidio.
Un estudio realizado en Estados Unidos
encontró que existe una relación entre la pobreza y
los delitos contra la propiedad en los casos
analizados entre 1965 y 2016. La pobreza se
encuentra asociada a los delitos contra la propiedad
mientras que, el desempleo y el producto interno
bruto (PIB) no, por ende, se sugiere que los
gobiernos y funcionarios responsables de la
formulación e implementación de políticas
públicas, deben centrarse en los esfuerzos para
erradicar la pobreza y no en el desempleo, con el fin
de generar un efecto dominó en los delitos contra la
propiedad (Imran, Hosen, y Chowdhury 2018). Por
su parte Anser et al. (2020), afirma que la
desigualdad en los ingresos y el desempleo aumenta
la tasa de delincuencia, mientras que la inversión
comercial ayuda a reducir la tasa delictual.
Aunque los datos señalan la relación que
existe entre desigualdad y homicidio, no existe un
consenso aún sobre la relación entre pobreza y
30
homicidio, pese a que hay evidencias que apuntan a
que la pobreza es una de las causas en el incremento
de los homicidios (Pridemore 2008, 2011).
Investigaciones similares apuntan a que la
tasa de homicidios depende de la desigualdad
económica y de la calidad y funcionamiento de los
mecanismos de control social que, a su vez
dependen de la riqueza de la nación. (Chabot y
Ouimet 2018).
Rogers y Pridemore (2013), quienes
emplearon datos del año 2004 de 30 países (entre
ellos España y México) concluyeron que, si bien
hay una relación entre pobreza y homicidio, las
políticas de protección social tienen un efecto
negativo en la reducción de las tasas nacionales de
homicidio. Además, existen diversas formas de
medir las políticas de protección social, ya sea
mediante el porcentaje gastado del PIB en atención
médica, educación, gasto social, calidad de los
servicios públicos y apoyos sociales. Así, los
gobiernos no solo satisfacen las necesidades básicas
de las personas, ya que también brindan apoyo a los
estratos económicos bajos. Esto reduce la pobreza y
otorga una mejor calidad de vida (Rogers y
Pridemore, 2013).
Según el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID 2018a) América Latina y el Caribe
(ALC) fue la región más violenta del mundo, en
2017 con una tasa de 22 homicidios por cada por
100.000 habitantes. Esta cifra es cuatro veces más
que el promedio mundial. Además, en la región
ocurre el 39% de los homicidios que se cometen a
nivel mundial pese a que el 9% de la población se
encuentra en este lado del continente. De acuerdo a
la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de
las Naciones Unidas Contra las Drogas y Delito
(2014) es la única región del mundo donde el
homicidio es la principal causa de muerte (52% de
las muertes) (OMS 2014 en BID 2018a).
Desde el año 2000, la región ha registrado
más de 2,5 millones de homicidios, de los cuales el
75% está relacionado con el uso de armas de fuego.
Esta cifra es superior al promedio mundial que es de
50%. Además, la violencia homicida en ALC
aumentó del 29% en 2000, al 37% en 2009 y al 39%
en 2017 (BID 2018a). Chioda (2017) señala que hay
tipos de violencia en las sociedades
independientemente que tengan mayor o menor
riqueza y desarrollo. Así, el incremento de las
ganancias de un país guarda una relación directa con
las oportunidades que tiene el delito para seguir en
aumento.
En la década de 1980 y 1990 Ecuador
presenció un incremento en niveles de inseguridad
y violencia, la tasa de homicidios por cada 100 mil
habitantes pasó de 6,4 en 1980 a 10,4 en 1990 (BID
2018b). Para 1999 ya alcanzaba la cifra de 14,8 que,
diez años después creció cerca del 19,0. En estas
décadas, instituciones públicas como la Policía
Nacional, Fiscalía General y el sistema judicial y
penitenciario del país se caracterizaban por su baja
credibilidad ante la ciudadanía, lo cual fracturó las
bases de la relación entre el gobierno y la sociedad
(Pontón, Rivera, y Amores 2020).
Castillo y Andrade señalan que, en 1999, a
raíz de la fuerte crisis económica y bancaria que
atravesó el país, la pobreza aumentó 7,4% afectando
al 52,5% de la población. En 2006 la pobreza por
consumo afectó al 38,3% de la población, que fue
similar al porcentaje de 1995 con el 39,3%. En los
años posteriores 25,8% para la pobreza moderada y
5,7% para la pobreza extrema o indigencia. Los
perfiles de pobreza son herramientas descriptivas
útiles que permiten caracterizar a la población pobre
a partir de una serie de dimensiones e indicadores,
relacionados con las condiciones de vida de los
hogares (Castillo y Andrade 2016, 120-145). Con
estos perfiles es posible cuantificar las brechas con
los hogares no pobres en aspectos como; acceso a
servicios básicos, oportunidades de educación,
salud, trabajo, entre otros. (Haughton y Khandker
2009).
Históricamente el área rural concentra un
bajo desarrollo. De hecho, para el año 2006, el
61,5% de la población rural del país vivía en
condiciones de pobreza y el 26,9% en condiciones
de indigencia. En ese mismo año, cerca del 60% de
las personas que vivían en la Amazonía se
encontraban en condiciones de pobreza mientras
que el 39,6% en pobreza extrema. Para 2014 se
registra una reducción de la pobreza de 12 y 17,8%
en dichos valores, respectivamente, sin embargo, la
reducción más significativa ocurrió en la región
costa, entre los años 2006 y 2014 (15,6%). Así, la
costa era la segunda región menos pobre del país
luego de la sierra. En 2014 la región menos pobre
fue la insular ya que no se registran datos de pobreza
extrema (Castillo y Andrade 2016).
31
Dávila (2018) plantea que los factores que
propician la pobreza en Ecuador son: educación,
raza, género, empleo, tipo de empleo (formal e
informal), zona, agua no segura, materiales
inadecuados de vivienda, saneamiento inadecuado,
hacinamiento, tamaño de hogar y sector de trabajo.
Si se conjugan esos factores se tiene, entonces que,
el perfil de una persona pobre en Ecuador para el
2016 son: las mujeres (51,9%), jóvenes (60,3%)
estado civil distinto al casado (72,9%), que viven en
la región costa (48,4%), residentes de zonas rurales
(53,3%) y no son jefes de hogar (78,2%).
Durante el gobierno de Rafael Correa, la
Constitución de 2008 institucionalizó a la llamada
revolución ciudadana, basada en la cultura de paz,
convivencia pacífica y prevención de la violencia.
Se incorporó el enfoque ancestral del buen vivir o
sumak kawsay, que corresponde a una forma de
coexistencia entre las personas diversas y la
armonía con la naturaleza (Asamblea Nacional
Constituyente de Ecuador 2008). Con la posibilidad
de la reelección presidencial inmediata (Treminio
2014), Correa se mantuvo en el poder durante una
década; desde enero de 2007 y hasta mayo 2017 lo
cual, contrasta con 7 presidentes que Ecuador tuvo
entre 1996 y 2006.
Entre 2007 y 2017 sucedieron una serie de
cambios basados en una política exterior asertiva,
aumento del gasto social, reducción de la pobreza y
desempleo y control sobre las instituciones
estatales, especialmente, sobre el sistema judicial
(Polga-Hecimovich 2013).
Bajo este contexto, el problema de la
seguridad se plantea desde el ámbito económico,
personal, nacional y político, vinculado con, la
protección de los derechos humanos (BID 2018b).
Por ende, desde 2007, la propuesta para controlar el
crimen consistió en generar políticas de inclusión
social, innovaciones en la justicia penal y una
reforma a la Policía Nacional.
Para alcanzar la seguridad personal y
colectiva, el gobierno ecuatoriano realizó
inversiones sociales en el ámbito de la educación,
salud, vivienda y espacio público. La visión integral
que se buscaba aplicar posicionó a la Policía
Nacional como uno de los principales órganos
públicos, encargado de aplicar el modelo reformista
(BID 2018b).
La reforma a la seguridad se amparó en la
Constitución de 2008 bajo una estricta sujeción a la
protección de los derechos y garantías penales,
además se incorporaron cambios en la misión y
visión de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
que posibilitaron el surgimiento de la policía
comunitaria, se actualizaron las directrices y
aumento presupuestario de 320 millones de dólares
en 2008. Con estas medidas se fortaleció el
equipamiento logístico de la Policía que se
encontraba en precarias condiciones ante la falta de
inversión previa (Pontón, Rivera, y Amores 2020).
Previamente, existieron políticas públicas
que buscaron prevenir el aumento de la violencia
entre ellas, la prohibición de la importación de
armas de fuego y la lucha constante en contra de su
fabricación informal 2007. También se prohibió el
porte de armas a la sociedad civil y los permisos
para su tenencia. Incluso, se implementó un
programa destinado al desmonte y desarme de
varias pandillas por sus nexos con el crimen
organizado (Pontón, Rivera, y Amores 2020).
Entre las políticas aplicadas en 2010, se
encuentra, un nuevo modelo de gestión policial
desconcentrado, la implementación de un sistema
unificado de la información de delito, la creación de
la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida,
Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y
Secuestros (Dinased) y el servicio telefónico 1-800-
delito. Con tales medidas se buscó romper la cadena
del silencio de la ciudadanía y generar con ella una
relación directa, sencilla y reservada con la Policía
Nacional, esto permitió obtener información valiosa
para la investigación policial. (Ministerio de
Gobierno, s.f.).
Lo mismo ocurrió con la campaña
denominada “Los más buscados” que incluyó la
participación de la ciudadanía mediante la entrega
de información confidencial con el fin de conocer el
paradero de delincuentes peligrosos (Pontón,
Rivera, y Amores 2020).
En 2011 Ecuador comenzó el proceso de
expansión de su servicio policial comunitario,
destinando más policías a pie y en bicicleta en las
calles, promoviendo programas de capacitación de
sus oficiales (O’Boyle 2018). A comienzos de 2012
se puso en marcha la línea ECU911, con el fin de
integrar en un solo sistema la central de llamadas de
emergencia nacional y el sistema de video
32
vigilancia. Esta línea contó con un alto nivel de
infraestructura tecnológica, que mejoró la
coordinación interinstitucional y la respuesta en las
emergencias de seguridad ciudadana (Pontón,
Rivera, y Amores 2020).
No obstante, se duplicó el gasto en
seguridad: se invirtió, 83 millones de dólares en
diez nuevas Unidades de Policía Comunitaria
(UPC), En 2017 cerca del 80% de los funcionarios
policiales era parte de la Policía Comunitaria (BID
2018b).
Así mismo, las reformas en el sistema
judicial también contribuyeron a disminuir los
niveles de violencia homicida en el país. Con la
adopción de estas medidas preventivas se buscó
reducir los factores de riesgo cuyo mecanismo para
resolver conflictos interpersonales era la violencia.
Otra de las medidas consistió en el incremento de
oportunidades entre las personas jóvenes y
marginadas la cual contribuía a la reducción de la
criminalidad (BID 2018b). Ante este contexto, el
objetivo de este artículo es evaluar si la frecuencia
de homicidios entre 2010-2018 en Ecuador se
asocia a las variaciones observadas en el índice de
pobreza.
Metodología
Esta investigación recurrió a aquellas
producciones académicas que revelan datos e
información acerca de la pobreza y criminalidad en
Ecuador, entre 2010 y 2018. Se realizó un rastreo
bibliográfico en idioma castellano que comprendió:
1) bases de datos como ISOC, (Compludoc Dialnet,
Psicodoc, ProQuest Psychology, Database, Psyinfo,
Psycarticles, Scopus, SciVerse y Scirus; 2) revisión
de artículos en revistas indexadas de (psicología,
criminología, psicología jurídica); 3)
metabuscadores como (ISI Web of Knowledge).La
información obtenida fue complementada con
estadística descriptiva que incluyó, frecuencias
variables, grados de libertad, probabilidad y
asociación por medio de la prueba de chi- cuadrado
y usando el programa de Excel.
Resultados
A partir de 2010 se produce en Ecuador un
descenso en los homicidios totales, tal como se
aprecia en la figura 1. En 2010 la tasa de homicidios
era de 17,6 por cada 100.000 habitantes y
disminuye, a 5,8 de 2016 a 2018. Esto significó una
disminución en la tasa de homicidios 11,8
homicidios en ese período (Pontón, Rivera, y
Amores 2020).
Figura 1
Tasa de homicidios del 2010 al 2018
Elaboración: por el autor.
Por otra parte, los niveles de pobreza por
ingresos en 2010 se consolidaron en un 32,8%
(Cepal 2011), mientras que para 2018 fue del 23,2%
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC]
2019). Es decir, hubo una reducción 9,6% durante
estos 8 años que obedeció a la estabilidad política,
que experimentó el país mediante la aplicación de
políticas sociales, productivas, económicas
eficientes y eficaces.
Datos del Banco Mundial (2021) revelan que la
pobreza en Ecuador descendió de 32,8 en 2010 al
21,5 en 2017 pese a que en 2018 hay un incremento
al 23,2.
Figura 2
Nivel de pobreza entre los años 2010 y 2018
Elaboración: por el autor
17,6
15,4
12,4
11,0
8,2
6,5
5,8 5,8 5,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tasa homicidios
Años
32,8
28,6
27,3
25,6
22,5
23,3
22,9
21,5
23,2
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nivel de pobreza
Años
33
Aun cuando la tendencia de los datos es
hacia la disminución de los homicidios y la pobreza,
se procedió a verificar si existe algún tipo de
asociación estadística entre estas variables. Para
esto se utilizó la prueba estadística de chi-cuadrado
y se logró verificar, que no existe ninguna
asociación ﴾χ
2
(48, n=10)=54,000; p> 0,05﴿. Por
tanto, si bien existe un marcado descenso en los
niveles de pobreza y la tasa de homicidios en
Ecuador entre 2010-2018, que ocurren de manera
paralela y simultánea, las variables son
independientes desde el punto de vista estadístico.
Discusión
En esta investigación bibliográfica se
evaluó si el descenso en la tasa de homicidios se
asocia o no al descenso del nivel de pobreza y los
cambios políticos producidos en Ecuador entre
2010-2018. Pese a que no hay asociación
estadística, la evidencia sobre los cambios políticos
y su influencia en aspectos sociales, económicos y
delictuales darían cuenta de que esa relación si
existe.
No obstante, el homicidio no
necesariamente se encuentra asociado con la
pobreza, pero superar a ambas es parte fundamental
de las políticas de Estado para así alcanzar las
condiciones aptas para el desarrollo de una
sociedad. Ecuador cuenta con estabilidad, políticas
sociales y de seguridad y defensa que, amparadas en
la Constitución de 2008, harían esto posible
(Aniyar, Jácome y Mancero 2015).
Pese a la ausencia de asociación estadística
entre homicidio y pobreza, hay que explorar los
nexos de los homicidios en la desigualdad socio-
económica y encontrar posibles explicaciones
causales (Pridemore 2008; 2011; Rennó et al.
2018), además, se debe indagar la calidad de los
mecanismos formales de control social para
profundizar en tales detalles (Chabot y Ouimet
2018; Lee 2000). Otro aspecto a tener en cuenta es
la protección social que consiste en un conjunto de
normas que buscan la asistencia en términos de
atención médica, educación, gasto social, calidad de
los servicios públicos y apoyos sociales (Rogers y
Pridemore 2013).
Conclusiones
La presente investigación cumple con su
objetivo principal que consiste en evaluar la posible
asociación entre la frecuencia de homicidios, y el
índice de pobreza, registrado en Ecuador entre 2010
y 2018. Luego de un rastreo bibliográfico y un
análisis exhaustivo y metodológico del mismo, el
resultado relevante es que no existe una asociación
entre las variables de homicidios y pobreza.
Es preciso mencionar que existe una
reducción de la tasa de homicidios en el período
antes mencionado, así como la intervención de la
arquitectura institucional, en la seguridad
ciudadana.
En la actualidad, los conceptos de pobreza
y homicidio generan un gran debate, estudio y
discusión, de utilidad para las políticas
gubernamentales y comprensión de la desigualdad
social de Ecuador. Se espera que este artículo sea
punto de partida para que, sobre la base de los datos,
se implementen acciones que permitan conseguir
resultados positivos y se reduzca las tasas de
homicidio y pobreza. La puerta queda abierta para
continuar generando desde el conocimiento
académico, investigaciones rigurosas que permitan
revelar la realidad social y tomar decisiones
objetivas y eficaces.
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